En una entrevista con el The Financial Times, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Paul O'Neill, manifestó su visión acerca de la razón fundamental de las recientes crisis financieras: que éstas no tienen nada que ver con un defecto del capitalismo, sino con una "ausencia de capitalismo".2 Argentina es un trágico ejemplo de cómo la falta de libertad económica (el entorno necesario para que el capitalismo funcione de manera efectiva) condujo al declive económico y, eventualmente, a la crisis financiera de Noviembre de 2000.
La deficiente política económica y la inestabilidad política originaron décadas de declive económico en Argentina. El país ha pasado de estar en el décimo lugar entre las naciones más ricas del mundo en 1913 a ocupar el puesto 36 en 1998.3 Como resultado, Argentina tiene la dudosa distinción de ser el único país "rico" que se transformó en "pobre" durante la historia reciente. Lamentablemente, la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina a través de los años ha agravado, no aliviado, los problemas del país. Luego de más de 9 rescates financieros desde el año 1983, Argentina se encuentra, una vez más, al borde de una crisis financiera y con difíciles perspectivas de crecimiento.
La Administración Bush debería incentivar a la Argentina para que implemente una reforma que aumente la libertad económica. Para ayudar a países como Argentina para que puedan reducir la gravedad y frecuencia de las futuras crisis, la Administración debería promover tambien reformas en la práctica de otorgamiento de préstamos y consejo del FMI y otras instituciones financieras internacionales para que las mismas fomenten economías más abiertas y menos dependientes de los préstamos.
LA HISTORIA DE ARGENTINA: LAS POLITICAS ECONOMICAS SON MUY IMPORTANTES
Argentina ha recorrido un largo camino desde que el gobierno militar dio paso a la democracia en 1983. El Presidente Raúl Alfonsín logró consolidar la democracia, lo que permitió que volvieran al debate público temas como los derechos humanos y que la liberalización del comercio, la desregulación y la privatización se expusieran a la consideración pública. Desgraciadamente y en perjuicio de Argentina, Alfonsín careció del liderazgo necesario para poder llevar a cabo las reformas propuestas en su retórica. Por ejemplo, en 1984 el gobierno argentino propuso el Plan Austral, que contaba con el respaldo del FMI, destinado a imponer disciplina fiscal y a controlar la inflación (que en ese año era del 627 por ciento).4
Estos objetivos no se alcanzaron: la inflación subió al 672 por ciento en 1985 y los gastos del gobierno aumentaron del 11 por ciento del PIB en 1984 al 18 por ciento del PIB en 1985.5> El Plan Primavera, el siguiente programa también patrocinado por el FMI, tuvo sólo un éxito mínimo: el gasto gubernamental bajó del 16 por ciento del PIB en 1986 al 11 por ciento en 1988 y la inflación se redujo, sólo por poco tiempo, al 90 por ciento en 1986 para subir rápidamente al 343 por ciento en 1988.6>
La incapacidad del gobierno argentino para encarar sus problemas económicos condujo a una erosión de la confianza en los inversores, a la fuga masiva de capitales, a la devaluación del peso y a una hiperinflación del 3080 por ciento en 1989 y del 2314 por ciento en 1990.7> Alfonsín renunció cinco meses antes de terminar su mandato, en 1989, y entregó el poder al nuevo presidente electo Carlos Menem. Éste, quien había sido elegido sobre la base de una plataforma Peronista proteccionista, sorprendió al país al anunciar planes para una importante apertura de la economía. Las reformas de la primera Administración Menem (detalladas mas abajo) dieron un empuje inmediato a la economía, trayendo prosperidad y una promesa de cambio.
No obstante, durante el segundo mandato del Presidente, Argentina entró en un declive que evidenció el fracaso de las reformas de Menem para abrir por completo el mercado argentino. Como resultado, el país ahora enfrenta una profunda recesión y las perspectivas de mejoras todavía son inciertas.
Comienzo del proceso de reforma.
Durante el primer mandato de su presidencia, Menem implementó las siguientes reformas:
Establecimiento de un sistema de convertibilidad. En 1991, el Congreso aprobó la Ley de Convertibilidad, por la cual "?el peso era totalmente convertible con el dólar a una tasa de cambio nominal fija, y la base monetaria interna se encontraba respaldada en su totalidad por las reservas en moneda extranjera del Banco Central".8> En esencia, un sistema de convertibilidad restringe la capacidad del gobierno para emitir billetes y monedas sin un respaldo total de reservas extranjeras. Los billetes y monedas locales son totalmente convertibles a la moneda de reserva a una tasa fija. Según esta ley, los pasivos del gobierno no podían ser financiados mediante la impresión de moneda. Esta política clave ayudó, de esta manera, a detener inmediatamente el problema de la hiperinflación en Argentina.
Privatización agresiva de las empresas estatales. Entre 1990 y 1994, el gobierno de Menem privatizó las aerolíneas, el transporte y la distribución de combustible, los trenes de carga y de pasajeros, la generación y la distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones, el servicio postal y los sistemas de agua y de cloacas.9 También vendió instalaciones de extracción de combustible y petróleo, minas de carbón, plantas petroquímicas, fábricas de acero y la mayoría de los bancos públicos.10> Esta privatización redujo el consumo del gobierno sobre industrias ineficaces que operaban en pérdida, disminuyó las oportunidades para que el gobierno subsidiara los servicios e incrementó la eficiencia al transferir las ineficaces industrias estatales al más eficiente sector privado.
Desregulación de la economía. El gobierno liberalizó el código de inversión extranjera, eliminó los controles sobre las tasas de cambio y los precios y quitó los impuestos a la exportación y los cupos de importación.11> La desregulación redujo el costo de hacer negocios y fomentó la inversión, lo cual dio origen a un mayor rendimiento económico.
El plan económico recompensó de inmediato tanto al Presidente como a su país al facilitar una inflación más baja, la confianza renovada de los inversores, expansión económica y un aumento en la calidad de vida. Entre 1991 y 1994, Argentina registró la cuarta tasa de crecimiento del PIB más alta del mundo, la cual alcanzó un promedio del 7.9 por ciento anual durante ese período de cuatro años.12 La inversión fija bruta creció más de un 120 por ciento.13> El porcentaje de familias viviendo por debajo de la línea de pobreza bajó del 38 por ciento en 1989 al 13 por ciento en 1994.14> Desafortunadamente, el crecimiento no se sostuvo.
Proceso de reforma incompleto.
El éxito inmediato de las reformas era obvio, pero la falta de un compromiso del gobierno argentino con la liberalización económica se hizo evidente en el declive económico que sufrió el país los últimos 5 años y en los 33 meses de una recesión que aún persiste.15> Los problemas específicos que reflejan la ausencia de libertad económica incluyen:
Carga de endeudamiento cada vez mayor. El gasto gubernamental como porcentaje del PIB del país aumentó del 9,4 por ciento en 1989 al 21 por ciento en el año 2000.16> Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB disminuyó de un promedio del 9 por ciento registrado entre 1991 y 1994 a un crecimiento negativo o insignificante a partir de mediados del año 1998.17> La falta de crecimiento económico, junto con un incremento en el gasto del gobierno, generó un déficit fiscal que creció del 0,15 por ciento del PIB en 1994 al 2,4 por ciento del PIB en el año 2000. (ver gráfico 1). Para lograr el equilibrio fiscal sin distorsionar la economía, el gobierno pudo haber optado por reducir el gasto. En su lugar, prefirió financiar el déficit aumentando los impuestos y endeudándose con los mercados financieros y el FMI. El aumento de los impuestos fue una táctica errada ya que originó más evasión impositiva y sofocó a un sector privado ya perjudicado.
Durante los últimos 7 años, el gobierno de Argentina impuso un endeudamiento cada vez más grande sobre su pueblo. (ver gráfico 2) En 1998, la deuda per cápita de Argentina fue más alta que la de Corea durante la Crisis Asiática. La deuda pública total de Argentina se incrementó del 34 por ciento en 1991 a alrededor del 52 por ciento del PIB (ver gráfico 3) y actualmente representa el 23 por ciento de toda la deuda de mercados emergentes.18 La elevada deuda acrecienta la percepción del riesgo del país y aumenta el costo de tomar préstamos de los mercados de capitales.
Pronto se hará imposible sostener ese nivel de deuda. A menos que se genere un fuerte crecimiento económico lo antes posible, Argentina no podrá pagar los intereses de su deuda sin apoyo externo bilateral o multilateral, condonación o reestructuración de deuda por parte de los acreedores o una combinación de estas dos condiciones.
Es improbable que el recientemente anunciado plan del gobierno de De la Rua para sacar a la Argentina de la actual recesión impulse la actividad económica, ya que la carga impositiva no se reducirá sino que será trasladada de una actividad comercial a otra. El Ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, anunció que "...creará un impuesto al cheque...para apoyar las reducciones impositivas en los sectores comerciables, el sector más afectado por la sobrevaluación real del peso argentino (ARS)".19> Por otra parte, los recortes en el gasto previstos en el plan no son suficientemente agresivos. Las dudas de los inversores acerca de la Argentina se reflejan en la baja calificación financiera otorgada al país por Moody's Investors Service, Standard & Poor y Fitch en la última semana de marzo de 2001.20
Incertidumbre por el sistema monetario. Argentina adoptó la Ley de Convertibilidad para encarar sus problemas crónicos de inflación elevada. Aunque esta idea es errónea, algunos han culpado de los problemas económicos de la Argentina al alto valor del peso que permanece atado a un dólar estadounidense fuerte. De hecho, los problemas del país derivan principalmente de la falta de implementación de reformas económicas que abran los mercados argentinos y traigan estabilidad política y económica.
Es precisamente la ausencia de esas reformas la que ha generado la especulación acerca de la capacidad de sostenimiento del sistema de convertibilidad. No obstante, en lugar de defender esas reformas, ahora Cavallo ha declarado que la Argentina comenzará a hacer la conversión del peso 50 por ciento al euro y cincuenta por ciento al dólar.21> Aún cuando Cavallo anunció que el cambio se concretará una vez que el euro equivalga al dolar22, los mercados temen que esta política sea una devaluación disfrazada. Después de todo, el peso se estaría atando tambien a una moneda que se ha estado devaluando desde su creación, hace 2 años.
Mas aún, ligar el peso al euro socavará aún más la confianza en el sistema de convertibilidad e invitará a la especulación y al arbitraje. Aún si algun dia el dolar y el euro tuvieran la misma paridad, la posibilidad de que dicha paridad se mantenga es casi nula. Si esa paridad uno a uno no se mantiene, la gente no usará indistintamente dolares, pesos o euros, sino que cambiará prefiriendo una moneda sobre otra, segun cual sea la mas fuerte. Este ir y venir socava una de las razones mismas por las cuales la ley de convertibilidad se creo en primer lugar: eliminar la especulación. Teniendo en cuenta que el 70 por ciento de la deuda total pública es en dólares, y que la deuda en moneda extranjera equivale a un 95 por ciento del total de la deuda externa, una posible devaluación, si el euro se deprecia frente al dolar, encarecería la deuda de muchos bancos, comercios y personas comunes, mientras que también incrementaría la posibilidad de un incumplimiento de pago de la deuda por parte del gobierno.23>
Regulación excesiva. La privatización debería ser el medio para crear un ámbito competitivo en el cual los productores estén motivados a mejorar sus productos al mismo tiempo que los consumidores se benefician con una mayor cantidad de opciones y precios más bajos. En Argentina, lamentablemente, gran parte de la privatización no promovió la competencia, sino que simplemente transfirió los monopolios del sector público al privado.
Consideremos lo que sucedió en la industria de las telecomunicaciones. Por ejemplo, en 1990, el gobierno otorgó a Telecom de Francia un monopolio de 7 años para prestar el servicio de telefonía básica en el norte de Argentina y a Telefónica de España para hacerlo en el sur; la línea divisoria pasaba por el medio de Buenos Aires. Al final del período, los derechos del monopolio fueron extendidos por 3 años más. Si bien Telefónica y Telecom invirtieron capitales considerables para modernizar la infraestructura y aumentar el número de líneas disponibles, el servicio telefónico siguió siendo costoso. Los precios para las llamadas locales y de larga distancia bajaron recién en el año 2000. No fue una mera coincidencia que esta reducción en los precios haya ocurrido poco después de la liberalización del cada vez más grande y competitivo mercado de teléfonos celulares, el cual ofrece una alternativa al servicio de telefonía tradicional.24> En las industrias de la energía y del agua se presentó un problema similar.
El sistema laboral de la Argentina también se encuentra agobiado por las excesivas regulaciones que restringen la capacidad que tienen las empresas de regular sus contrataciones para adaptarse a los cambios del mercado. Esta situación ha obligado a gran cantidad de empresas y trabajadores a ignorar las leyes laborales al contratar empleados fuera del sistema legal mediante pagos en efectivo.25>
El Presidente de la Rúa, quien asumió su mandato en 1999, logró la aprobación de la reforma laboral por parte del Senado y la cámara baja en Mayo de 2000. Esta nueva ley de trabajo dio fin a una medida que exigía que los contratos de trabajo colectivos fueran prorrogados ante la imposibilidad de negociar un contrato nuevo (algunos habían sido prorrogados a partir de 1975).26> Esta ley también permitió a las compañías individuales negociar contratos (en lugar de estar obligados a respetar acuerdos nacionales), prolongó el período dentro del cual los nuevos empleados pueden ser despedidos sin indemnización y redujo los impuestos sobre las remuneraciones para los trabajadores contratados bajo nuevos contratos de empleo. Lamentablemente, el proyecto de reforma laboral no afectará al tercio de la mano de obra empleada en el sector público. Tampoco afectaría a los trabajadores cubiertos por leyes laborales distintas, como las que rigen para las compañías recientemente privatizadas.27>
Si bien la nueva ley representa una mejora significativa, todavía queda mucho por hacer. Lo más imperioso es reducir las remuneraciones y el número de empleados del sector público, especialmente en las provincias, ya que muchos de ellos no contribuyen a la producción y sólo sirven para aumentar el gasto público. Por ejemplo, en la provincia de Formosa aproximadamente la mitad de la fuerza laboral contratada formalmente está empleada por el gobierno. Según algunas versiones, muchos de estos trabajadores sólo se presentan una vez al mes para cobrar sus cheques.28>
Barreras al libre comercio. Argentina comenzó la reducción de aranceles durante la década del 80. La política comercial principal en los noventa era la participación del país en la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), que entró en vigencia en el año 1991. El Mercosur prohibe las barreras comerciales entre las naciones miembros sobre aproximadamente el 85 por ciento de las líneas arancelarias y mantiene aranceles comunes y barreras comerciales contra los que no son miembros.29 El bloque, que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ha alterado de manera significativa las relaciones comerciales de la Argentina. Antes del Mercosur, el comercio de Argentina con Brasil alcanzaba un promedio de aproximadamente el 11 por ciento del comercio total.30 Un año después del inicio del acuerdo de comercio preferencial en 199131, Brasil se convirtió en el socio comercial más importante de la Argentina. El año pasado, el comercio con Brasil abarcó el 26 por ciento de la actividad comercial total de la Argentina. (ver Tabla 1)
Si la Argentina realmente quiso abrir sus mercados hacia el libre comercio, el Mercosur no fue la estrategia correcta a seguir. Los miembros del Mercosur mantienen un alto arancel externo común (AEC) del 14 por ciento que inhibe el comercio con los países no miembros.32> Además, la adopción del AEC redujo la discreción del gobierno sobre la política comercial. Asimismo, debilitó la capacidad de los consumidores para elegir entre los productos mejores y más baratos disponibles en todo el mundo y eliminó los incentivos para que los productores locales introdujeran innovaciones y mejoras para poder seguir siendo competitivos. Por otra parte, la interdependencia comercial entre los miembros del bloque33> hizo que cada uno de los países se volviera altamente vulnerable a los problemas económicos del otro.34> Argentina, por ejemplo, experimentó una disminución del 24 por ciento en sus exportaciones al Mercosur en 1999, en gran parte debido a la devaluación del real contra el dólar que se produjo durante la crisis económica de Brasil en 1999.35> Esa interdependencia también resulta perjudicial cuando, en circunstancias adversas, los miembros se niegan a cumplir íntegramente con sus compromisos tomados bajo el régimen del bloque.36> En suma, para Argentina Mercosur funciona como una prisión que limita el potencial del país para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Los problemas del Mercosur se agravaron aún más este año cuando sus miembros perdieron la capacidad de negociar en forma individual los acuerdos de libre comercio. El próximo año, los miembros del Mercosur deberán abandonar los acuerdos de libre comercio que hayan sido celebrados con países que no pertenecen al bloque y que hayan sido negociados antes de la creación de este último.37> Esto refleja una hostilidad hacia el libre comercio que es, ironicamente, la base del Mercosur. Por ejemplo, el Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, Alcides Tapias, criticó el abierto apoyo brindado por el ex Ministro López Murphy a la reducción de las barreras al comercio y al aumento de los vínculos económicos a través de las negociaciones directas con EE.UU. argumentando que los países individualmente carecen de poder cuando se negocia con este país.38> Al seguir en el Mercosur, los miembros se están alejando cada vez más del libre comercio global y abandonando su autonomía para establecer las políticas económicas más convenientes para sus respectivos ciudadanos.
Un estado de derecho débil. Hubo una época, hace tiempo, en que el sistema judicial de Argentina era sólido y protegía vigorosamente los derechos de propiedad. En aquel entonces, también, Argentina se encontraba en el décimo lugar entre los países más ricos del mundo y la inversión extranjera impulsaba el crecimiento económico. Para algunos expertos en la historia del derecho, el Poder Judicial de la Argentina se debilitó luego de la Revolución de 1930, cuando la Corte Suprema reconoció como legítimo al primer golpe de estado militar inconstitucional.39> Era la primera vez que la Argentina violaba su Constitución, sentando un precedente de debilidad que continúa hasta el día de hoy.
La debilidad en el estado de derecho, junto con una enorme burocracia, ha fomentado una cultura de corrupción que va desde los funcionarios públicos en los más altos cargos hasta el argentino común que debe manejarse a través de una amplia red burocrática. La gravedad de este problema se evidencia en el hecho de que el 82 por ciento de los habitantes de Argentina no confían en la efectividad del sistema judicial y, por lo tanto, no lo utilizan.40> Esta desconfianza tiene consecuencias desastrosas sobre la capacidad del país para generar un crecimiento económico sostenido. Un sistema de justicia débil y sin transparencia aumenta el costo de hacer negocios en Argentina, socavando así un importante motor de crecimiento: la inversión local y extranjera. Al aumentar el riesgo, un estado de derecho débil socava por igual la confianza de los ciudadanos y de los inversores extranjeros para emprender actividades comerciales, ahorrar y hacer inversiones a largo plazo. El riesgo se incrementa debido a que la capacidad para buscar compensación o justicia para las acciones ilegales se ve obstaculizada cuando el sistema judicial no es confiable o se encuentra sujeto a la manipulación política.
Al imponer una excesiva carga impositiva, Argentina también promueve la actividad ilegal. Según un informe de la Fundación para la Investigación Económica de Latinoamérica (FIEL), la economía informal de Argentina alcanza un total estimado de $64.000 millones por año (lo que equivale a más del 23 por ciento del PIB),41 de los cuales aproximadamente $15.000 millones provienen de la evasión impositiva. La crítica a los esfuerzos por combatir la evasión impositiva, como los recientes comentarios hechos por el presidente del Frepaso Carlos Alvárez, ignoran el hecho de que la evasión es en primer lugar una reacción a los gravosos niveles impositivos que el gobierno impone para financiar el gasto público cada vez más oneroso.42> El medio más efectivo para reducir la evasión fiscal es eliminar los alicientes para no declarar debidamente los ingresos, eliminación que se puede lograr mediante una reducción en la carga impositiva.43> A juzgar por las exigencias del FMI para que Argentina aumente la recaudación fiscal a través de un aumento de los impuestos y de una lucha enérgica contra la evasión, el Fondo parece desconocer este hecho tanto como lo hace Alvárez.
Los cantidad de problemas descritos anteriormente indican una clara falta de libertad económica en Argentina, lo que llevó a la falta del tan necesitado crecimiento económico. La peor consecuencia de los más de diez años de protección económica es la recesión de 33 meses que todavía enfrenta la Argentina, el alarmante aumento del delito, el alto nivel de desempleo y la baja en la calidad de vida de los argentinos.44
EL PAPEL DEL FMI EN LA CRISIS ARGENTINA
El Fondo Monetario Internacional comparte la responsabilidad por la difícil situación en la que se encuentra inmersa la Argentina. El historial de préstamos del FMI a la Argentina (detallados en el Apéndice 1) muestra un casi continuo apoyo financiero acompañado de recomendaciones acerca de políticas a implementar. Si bien algunas de estas politicas hubieran ayudado a liberalizar la economía, la mayoría de ellas entorpeció el crecimiento económico y fomentó el riesgo moral (o lo que se conoce como "moral hazard".) Luego de casi dos décadas de erróneas recomendaciones sobre las políticas y de un financiamiento casi continuo, el Fondo ha fortalecido el poder de los intereses políticos en perjuicio del crecimiento económico. Consideremos los siguientes hechos relacionados con el apoyo del FMI a la Argentina:
Desde el año1983, Argentina ha firmado siete acuerdos de tipo "stand by", dos acuerdos de la Unidad de Extensión de Fondos del FMI y dos renegociaciones de los préstamos del FMI que alcanzan un monto de 24.117 millones de DEG (derechos especiales de giro) o casi $30.600 millones de dólares.45
Acuerdos de préstamos entre Argentina y el FMI han tenido lugar continuamente en los 18 años comprendidos entre 1983 y 2001, salvo en dos años, entre 1986-1987 y 1988-1989. Todos los préstamos estuvieron a disposición del país ininterrumpidamente, ya sea que el país estuviera atravesando una crisis o no.
En cada programa, el FMI aconsejaba seguir políticas que retardaban la estabilidad económica y el crecimiento a largo plazo. Cada acuerdo con el FMI, por ejemplo, exigía a la Argentina equilibrar su presupuesto fiscal mediante el aumento de impuestos. El incremento en los impuestos entorpecía la actividad económica y alentaba la evasión impositiva, agravando cada vez más el desequilibrio fiscal que las recomendaciones supuestamente debían tratar.
Argentina rara vez implementó las reformas de políticas exigidas por el FMI a cambio de los acuerdos de crédito. Por ejemplo, cada acuerdo con el FMI requería que el gobierno argentino recortara el gasto gubernamental para ayudar a equilibrar el presupuesto fiscal. Desde 1989, sin embargo, el gasto de Argentina creció del 9,5 por ciento al 22,3 por ciento del PIB. (ver gráfico 4) Solamente con los ingresos masivos de capital provenientes de la privatización el gobierno pudo lograr un superávit fiscal. (ver gráfico 1) Luego de finalizada la privatización, nuevamente se produjo un déficit fiscal. A pesar de la amplia evidencia del incumplimiento de la Argentina con respecto a las exigencias de reformas, el FMI le siguió otorgando préstamos cada vez mayores. (ver gráfico 4)
El financiamiento del FMI a la Argentina se ha invalidado a sí mismo y ha sido un fracaso en sus propios términos. El último paquete del Fondo para la Argentina es un ejemplo puntual: una vez más, el gobierno argentino había intentado terminar la recesión aplicando la política equivocada: el aumento de los impuestos. Los esfuerzos del gobierno han resultado infructuosos e incrementaron el escepticismo entre los inversores acerca del compromiso o capacidad del presidente de la Rúa para llevar a cabo las reformas y restablecer el crecimiento. En combinación con las dudas acerca de la capacidad de la Argentina para cumplir con los inminentes pagos de la deuda, este escepticismo precipitó la crisis financiera ocurrida en noviembre y diciembre del año 2000. El FMI negoció, en diciembre 2000, una línea de crédito de $39.700 millones (disponible en enero de 2001) que, si bien estabilizó la crisis inmediata, no ha resuelto los problemas que causaron la crisis ni generó la reactivación económica.
Si bien el FMI exigió a la Argentina adoptar una reforma de las leyes de trabajo y de seguridad social, promover la competencia en los monopolizados sectores de las telecomunicaciones y la energía y ampliar los programas de asistencia social, la condición principal para el más reciente acuerdo con el FMI era, una vez más, reducir el déficit fiscal mediante la disminución de los gastos y el aumento de la recaudación fiscal. El nivel de déficit acordado se flexibilizó otra vez. Para el 2000, nivel de déficit se elevó de $4300 millones a $5300 millones,46> para el 2001 se amplió a $6700 millones, y la fecha límite para lograr un presupuesto equilibrado se extendió hasta el año 2005.47
A excepción de la exigencia equivocada de que Argentina aumente la recaudación fiscal y la recomendación contradictoria de incrementar los programas de asistencia social reduciendo al mismo tiempo el gasto gubernamental, las reformas requeridas por el FMI son razonables y convenientes. En todo caso, según los antecedentes de reformas en Argentina, es improbable que el gobierno implemente las reformas establecidas en su último acuerdo.
La resistencia local a la implementación de reformas es fuerte. Las propuestas para recortar el gasto, por ejemplo, forzaron la renuncia de dos Ministros de Economía con una diferencia de semanas entre una y otra. El Ministro José Luis Machinea perdió credibilidad y renunció el 2 de marzo de 2001, cuando se hizo obvio que el rescate de $39.700 millones del FMI no había podido restablecer el crecimiento económico. Su sucedáneo, Ricardo López Murphy, se vio obligado a renunciar cuando los recortes propuestos (diseñados para que la Argentina pudiera cumplir con los objetivos fiscales del FMI) de $2000 millones para el año 2001 y $2500 millones para el año 200248 provocaron la renuncia de tres miembros del gabinete y seis funcionarios del gobierno, principalmente del Frepaso, partido de izquierda que forma la coalición gobernante, así como también huelgas y protestas generalizadas por parte de los sindicatos y grupos estudiantiles.49
También han encontrado una fuerte oposición los recortes de $3000 millones en el gasto gubernamental que propuso Cavallo50, lo que forzó al Ministro a ser cauteloso en la adopción de reformas que son cruciales para restablecer el crecimiento económico. El plan de Cavallo ahora establece amplios diferenciales arancelarios entre las importaciones de bienes de capital y del consumidor y crea un impuesto "hostil al mercado" sobre las transacciones financieras, que distorsionará aún mas la economía.51
La política del FMI, que consiste en la financiación continua a Argentina más allá del riesgo de una crisis ó del cumplimiento de las exigencias del Fondo, tuvo dos consecuencias negativas: la asistencia predecible del FMI indicó a los mercados que el riesgo de inversión es mitigado por los rescates del Fondo, alentando de esta manera las decisiones imprudentes de inversión (moral hazard); en segundo lugar, el gobierno argentino no ha tenido incentivo alguno para reformar su economía debido a que el FMI proveía fondos sin considerar la reforma.52> Estas dos consecuencias crearon un espiral descendiente que llevó a una tercera consecuencia, aún más perjudicial. Si el FMI toma una postura definida y deja de financiar a la Argentina porque ésta no implementa reformas ni reestructura la deuda, el país experimentará otra crisis y es probable que incurra en incumplimiento de pago. Esto podría ser una situación deseable si incentivase a Argentina a emprender la reforma necesaria para alcanzar el crecimiento y la estabilidad económica a largo plazo, pero también podría estimular la fuga de capital y restringir la financiación en otros mercados emergentes del mundo.
UN PLAN DE REFORMA MEJOR PARA ARGENTINA
Los economistas coinciden en que la línea de crédito de $39.700 millones que el FMI emitió en enero de 2001 con el objeto de detener la última crisis ocurrida en Argentina a fines del año 2000, brindará una prórroga limitada de un mes a un año a dicho país. Consideran que el paquete de emergencia del FMI sólo permitirá a Argentina obtener un respiro máximo de seis meses a un año. La deuda argentina, de $124.000 millones, representa más del 350 por ciento de la base de exportaciones del país y los intereses de la deuda consumen cerca de dos tercios de los ingresos de divisas.53 A menos que se reanude el crecimiento económico de Argentina, las obligaciones de la deuda, que suman $124.000 millones, y las necesidades de financiación externa, que se calcula que alcanzará los $50.000 millones en 2001, agotarán rápidamente la línea de crédito del FMI.54> Charles Calomiris, Profesor de la Universidad de Columbia y experto en finanzas argentinas, pronostica que la siguiente crisis de endeudamiento tendrá lugar dentro de los próximos 4 meses, a menos que la deuda se reestructure.55
Lo que Argentina debería hacer.
A fin de evitar la inminente crisis, Argentina debe tomar medidas urgentes para incrementar la libertad económica. La implementación de políticas para liberalizar la economía no sólo logrará aumentar la confianza de los inversores, sino que además constituirá el primer paso del país hacia el crecimiento económico y la estabilidad a largo plazo. Específicamente, Argentina debería:
Adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial argentina. La especulación sobre la capacidad de sostenimiento del sistema de convertibilidad ha provocado un aumento gradual de las primas de las tasas de interés de la deuda argentina, que han superado el margen normal existente entre la deuda en pesos y en dólares. En estas circunstancias, la mejor solución para que Argentina logre reducir las primas de las tasas de interés, producidas por el riesgo de la moneda, consiste en la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial. De este modo, se eliminaría el riesgo resultante de la tasa de cambio de peso a dólar y se obtendrían tasas de interés más bajas sobre la deuda argentina, tal como ocurrió en El Salvador56 y en Panamá desde que adoptaron el dólar.57
Reducir el gasto gubernamental y los impuestos. A fin de impulsar el crecimiento económico, Argentina debe estimular la productividad mediante la reducción de impuestos con el objeto de incrementar los incentivos para trabajar, ahorrar e invertir.58> Para reducir las tasas impositivas sin que se produzca un desastre económico, Argentina debe reducir inmediatamente el gasto público. Si bien el plan de Cavallo incluye una modesta reducción del gasto, en lugar de reducir los impuestos, la carga impositiva fue trasladada de las empresas a los inversores internacionales, con lo cual se imponen nuevos costos sin el estímulo beneficioso que implica la reducción general de los impuestos. El restablecimiento del crecimiento requerirá la implementación de reducciones mucho más importantes y abarcadoras del gasto gubernamental y de las tasas impositivas.
Aplicación de mayores medidas desregulatorias. El Presidente de la Rúa logró la aprobación del proyecto de reforma laboral por parte del Senado y la cámara baja. Argentina debería, a partir de este logro, continuar con la gradual eliminación de las regulaciones vigentes, como, por ejemplo, la capacidad de los empleadores para despedir a sus empleados. Cuando el mercado laboral es flexible con la misma facilidad con que se despide se toman nuevos empleados, lo cual motiva a la fuerza laboral a aumentar su productividad continuamente. Este país además necesita reducir las remuneraciones y la cantidad de empleados del sector público, ya que los altos salarios de este sector obstaculizan el ajuste de las remuneraciones del sector privado. Tal es el caso de las provincias, muchas de las cuales no contribuyen al incremento de la producción y sólo facilitan el aumento del gasto público.
Fomento del libre comercio. Argentina debería expandir sus mercados de exportación y diversificar su base de exportaciones mediante la celebración de acuerdos con otras naciones que también estuvieran abiertas al comercio irrestricto. Teniendo en cuenta el estrecho vínculo que las economías de Estados Unidos y Argentina mantienen a través del sistema de convertibilidad que liga al peso con el dólar, un tratado de libre comercio entre ambos países resultaría particularmente ventajoso, ya que ofrecería una mayor estabilidad a los exportadores argentinos. Estados Unidos ya es el segundo socio comercial de Argentina y la reducción de las barreras comerciales promete estrechar esa relación para beneficio de ambos países. Argentina, sin embargo, debe abrir su mercado unilateralmente para facilitar las negociaciones con Estados Unidos. De ser necesario, el primero debería renunciar al Mercosur como zona económica exclusiva y permanecer, si lo desea, como aliado político al igual que lo ha hecho Chile.
Fortalecimiento del estado de derecho. La vulnerabilidad del poder judicial a los sobornos y a la influencia política ha socavado la confianza pública hasta el extremo de que los ciudadanos comunes de Argentina no utilicen el sistema judicial y de que las empresas restrinjan sus inversiones. El gobierno argentino debe aplicar castigos más severos a los casos de corrupción, hacer que el poder judicial resulte impermeable a las presiones políticas a través de la aplicación de "protecciones a los informantes" y mejorar la calidad laboral para quienes trabajan en relación con el cumplimiento de la ley.
Argentina no debería considerar a esta serie de reformas como opciones. A menos que se reanude rápida y sólidamente el crecimiento económico del país, es muy probable que no cumpla con el pago de su deuda y no pueda acceder a los mercados de capitales internacionales.
LO QUE LA ADMINISTRACIÓN BUSH DEBERÍA HACER
La libertad económica no se puede exportar, pero se puede importar. Con ese fín, la Administración Bush debería ayudar a Argentina a adoptar las reformas necesarias, incluyendo la adopción del dólar como moneda oficial, abriendo el libre comercio, desregularizando el mercado laboral, y reduciendo la intervanción del gobierno en la economía. La Administración Bush debería tambien suministrar pericia técnica, como el envío de expertos del FBI y del Departamento de Justicia de EE.UU. para asesorar al gobierno argentino en relación con la reforma del sistema judicial. Además, EE.UU. puede ayudar a Argentina con un acuerdo de libre comercio entre ambos países.
La Administración Bush debería encarar la "ausencia de capitalismo" en el sistema financiero internacional adoptando la política no intervencionista del Secretario O'Neill para resolver las crisis financieras internacionales.59 Sin embargo, para que esta política resulte eficaz la Administración debe restringir el poder de intervención de las instituciones financieras internacionales en la economía internacional, particularmente el modo de emisión de préstamos del FMI.
Las crisis financieras en el mundo tuvieron lugar con mayor frecuencia durante la última década, aun cuando el FMI y el Banco Mundial destinaban la mayor cantidad de recursos disponibles para combatirlas. En la mayoría de los casos, los países que recibieron préstamos del FMI y del Banco Mundial se encuentran actualmente en peores condiciones –luego de décadas de recibir asistencia internacional– que antes de obtener los préstamos. El motivo: los paquetes de rescate han reducido el riesgo de que se tomen decisiones económicas erradas y muchas veces perjudican a sus destinatarios, al contribuir con el aumento de la deuda y del porcentaje de desempleo y con la reducción de la calidad de vida y del volumen de ahorro.60>
La Administración Bush debería utilizar el análisis provisto por la Comisión de Asesoramiento para las Instituciones Financieras Internacionales (IFIAC), dirigida por Allan H. Meltzer de la Universidad Carnegie Mellon y designada por el Congreso de EE.UU., a fin de establecer un marco sólido para la reforma del FMI y del Banco Mundial.61 Estas reformas permitiran maximizar la efectividad de ambas instituciones, incrementar su responsabilidad en las autorizaciones de los préstamos y limitar su influencia nociva en el mercado global. En el futuro, las crisis serán menos frecuentes en un entorno que promueve las eficiencias y beneficios de los mercados abiertos.
CONCLUSIÓN
El restablecimiento de la estabilidad y el crecimiento económico en Argentina es conveniente para Estados Unidos. Argentina no sólo representa la segunda economía más importante de América del Sur, sino que, además, una crisis financiera en gran escala podría obstaculizar significativamente las perspectivas de crecimiento de diversos países en vías de desarrollo. El incumplimiento del pago de la deuda contraída por Argentina puede hacer que los inversores eviten los mercados emergentes, que dependen del capital extranjero para desarrollarse, con lo cual se reducirían las perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo al mismo tiempo que la economía mundial se vería perjudicada por la reducción del crecimiento económico de los EE.UU.
A fin de evitar una crisis en Argentina, la Administración Bush debería estimular al país a que acabe con el círculo de dependencia de los préstamos del FMI. Para lograrlo, el gobierno de EE.UU. debería alentar a Argentina a crear una estrategia destinada a promover el crecimiento económico, que incluya la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial, la liberalización del comercio, la desregulación del mercado laboral y la reducción de la injerencia del gobierno en la economía del país. El crecimiento económico permitirá al país pagar los intereses de su deuda y, siempre y cuando se recorte el gasto, independizarse de los préstamos del FMI.
Es igualmente imperativo que se restrinja la intervención de las instituciones financieras internacionales en la economía global. A menos que la Administración logre resolver la "ausencia de capitalismo" que padecen muchos países y que es afianzada por los rescates financieros internacionales, no sólo se garantiza la generación de futuras crisis sino que las mismas serán más graves y más frecuentes.
Ana Eiras es Analista de Políticas Económicas para Latinoamérica y Brett D. Schaefer es Fellow Jay Kingham en Asuntos de Regulación Internacional del Centro para el Comercio Internacional y la Economía de The Heritage Foundation.
jueves, 26 de junio de 2008
Acuerdo pactado entre Argentina y el FMI para el aplazo del pago de la deuda externa
Argentina firma un acuerdo con el FMI para aplazar el pago de su deuda hasta las elecciones
BUENOS AIRES.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina han llegado a un acuerdo que permitirá a este país aplazar sus obligaciones crediticias hasta después de las elecciones presidenciales de abril. El país sudamericano, que afronta una grave crisis económica, obtiene así un respiro financiero de 6.600 millones de dólares.
El pacto prevé un aplazamiento de los vencimientos de deuda con el FMI y otros organismos financieros que Argentina debe afrontar entre enero y agosto de este año y tendrá carácter transitorio para permitir la negociación de otro acuerdo a medio plazo con el Gobierno resultante de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 27 abril.
El acuerdo, según el portavoz del Fondo, Thomas Dawson, será revisado por el Comité Ejecutivo del organismo "en los próximos días". El anuncio del acuerdo se produce inmediatamente después de que el Gobierno de Buenos Aires firmase la carta de intenciones para el acuerdo con el FMI.
El presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, aseguró que su país y el FMI no pudieron llegar a un acuerdo más amplio porque no fue posible que los candidatos a sucederle el próximo 25 de mayo avalaran esa decisión.
El ministro de Economía de Argentina, Roberto Lavagna, y el presidente del Banco Central de Argentina, Alfonso Prat Gay, rubricaron el memorando final redactado por la misión técnica del FMI que llegó a Buenos Aires hace una semana.
Según el ministerio de Economía en Buenos Aires, entre enero y agosto de este año "operan vencimientos con el FMI por 6.600 millones de dólares, monto que sumado a los 5.112 millones de dólares ya refinanciados por ese organismo durante 2002, totaliza 11.712 millones de dólares".
El documento firmado, según el ministerio, incluye un "memorando de políticas económicas del Gobierno argentino para un programa de transición en el 2003 y un memorando de entendimiento técnico, los cuales fueron elaborados en conjunto por el Gobierno argentino y el FMI a lo largo de los últimos meses".
Argentina anunció el miércoles que aplazaba el pago de deudas pendientes con el Banco Interamericano de Desarrollo por casi 860 millones de dólares, mientras que el viernes vencían compromisos con el FMI por otros 1.064 millones.
Además, la semana próxima vencían compromisos por 1.078 millones de dólares con el Banco Mundial (BM), con el que este país está en mora desde diciembre pasado, cuando incumplió el pago de deudas por 976 millones de dólares.
Lavagna había indicado el miércoles que no se saldarían más vencimientos de la deuda en tanto no se obtuviera una señal clara de que se cerraría un acuerdo con el FMI.
El objetivo del acuerdo, según había explicado el portavoz del FMI, Thomas Dawson, es dar "un respiro" a Argentina de modo que sea posible "avanzar" en la relación entre este organismo internacional y Buenos Aires.
"Es un proceso perfectamente normal, nos encontramos cumpliendo el calendario que nos habíamos planteado", aseguró.
Desde el estallido de la crisis económica argentina en diciembre de 2001, el FMI y Argentina no habían logrado llegar a acuerdos para la concesión de nuevos créditos.
Mientras que Buenos Aires acusaba al organismo internacional de ser demasiado severo en sus exigencias de reformas económicas, el FMI insistía en que presionaba a Argentina para que impusiera un programa de reformas como la mejor manera de que el país latinoamericano pudiera salir de la crisis.
BUENOS AIRES.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina han llegado a un acuerdo que permitirá a este país aplazar sus obligaciones crediticias hasta después de las elecciones presidenciales de abril. El país sudamericano, que afronta una grave crisis económica, obtiene así un respiro financiero de 6.600 millones de dólares.
El pacto prevé un aplazamiento de los vencimientos de deuda con el FMI y otros organismos financieros que Argentina debe afrontar entre enero y agosto de este año y tendrá carácter transitorio para permitir la negociación de otro acuerdo a medio plazo con el Gobierno resultante de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 27 abril.
El acuerdo, según el portavoz del Fondo, Thomas Dawson, será revisado por el Comité Ejecutivo del organismo "en los próximos días". El anuncio del acuerdo se produce inmediatamente después de que el Gobierno de Buenos Aires firmase la carta de intenciones para el acuerdo con el FMI.
El presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, aseguró que su país y el FMI no pudieron llegar a un acuerdo más amplio porque no fue posible que los candidatos a sucederle el próximo 25 de mayo avalaran esa decisión.
El ministro de Economía de Argentina, Roberto Lavagna, y el presidente del Banco Central de Argentina, Alfonso Prat Gay, rubricaron el memorando final redactado por la misión técnica del FMI que llegó a Buenos Aires hace una semana.
Según el ministerio de Economía en Buenos Aires, entre enero y agosto de este año "operan vencimientos con el FMI por 6.600 millones de dólares, monto que sumado a los 5.112 millones de dólares ya refinanciados por ese organismo durante 2002, totaliza 11.712 millones de dólares".
El documento firmado, según el ministerio, incluye un "memorando de políticas económicas del Gobierno argentino para un programa de transición en el 2003 y un memorando de entendimiento técnico, los cuales fueron elaborados en conjunto por el Gobierno argentino y el FMI a lo largo de los últimos meses".
Argentina anunció el miércoles que aplazaba el pago de deudas pendientes con el Banco Interamericano de Desarrollo por casi 860 millones de dólares, mientras que el viernes vencían compromisos con el FMI por otros 1.064 millones.
Además, la semana próxima vencían compromisos por 1.078 millones de dólares con el Banco Mundial (BM), con el que este país está en mora desde diciembre pasado, cuando incumplió el pago de deudas por 976 millones de dólares.
Lavagna había indicado el miércoles que no se saldarían más vencimientos de la deuda en tanto no se obtuviera una señal clara de que se cerraría un acuerdo con el FMI.
El objetivo del acuerdo, según había explicado el portavoz del FMI, Thomas Dawson, es dar "un respiro" a Argentina de modo que sea posible "avanzar" en la relación entre este organismo internacional y Buenos Aires.
"Es un proceso perfectamente normal, nos encontramos cumpliendo el calendario que nos habíamos planteado", aseguró.
Desde el estallido de la crisis económica argentina en diciembre de 2001, el FMI y Argentina no habían logrado llegar a acuerdos para la concesión de nuevos créditos.
Mientras que Buenos Aires acusaba al organismo internacional de ser demasiado severo en sus exigencias de reformas económicas, el FMI insistía en que presionaba a Argentina para que impusiera un programa de reformas como la mejor manera de que el país latinoamericano pudiera salir de la crisis.
Los "Responsables de las crisis". -MINI BIOGRAFÍAS-
EDUARDO DUHALDE
Dice el refrán que no hay quinto malo. Y por la cuenta que le trae, a Argentina le interesa que Eduardo Duhalde aguante en el cargo más que sus predecesores para enderezar la crisis que azota el país. Tras los mandatos de Fernando de la Rúa y el fugaz Rodríguez Saá, este peronista de 60 años ha llegado a la Casa Rosada gracias a los maniobras de su partido, sin pasar por las urnas.
Aunque ha anunciado un Gobierno de "salvación nacional" y asegura que ha venido "a poner de pie y en paz Argentina" miles de ciudadanos contestaron su llegada al poder con una sonora cacerolada.
Duhalde, apodado "el tachuela" por su corta estatura, siempre ha luchado con el ex presidente Carlos Menem por el líderazgo del Movimiento Nacional Justicialista, fundado en los años 40 por el caudillo nacional-populista Juan Domingo Perón, al que tanto admira. Hasta tal punto, que los más críticos afirman ya han visto semejanzas entre la idolatrada Eva Perón y su mujer. La primera dama, Hilda 'Chiche' Duhalde, como la inolvidable Evita, se pasa el día hablando de los pobres.
Para los argentinos, Duhalde es el ejemplo perfecto de la clase de políticos englobado en el lema «roban pero hacen obra», ya que mientras desempeñó el cargo de Gobernador de Buenos Aires construyó infraestructuras y dio casa y comida a los pobres al más puro estilo populista . Pero su mandato fue salpicado por varios escándalos de supuesto enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.
A Duhalde, padre de familia numerosa, católico y tradicional, el periodista Hernán López Echagüe le acusó en su libro "El otro" de estar vinculado al narcotráfico en su juventud. El presidente siempre ha negado estas afirmaciones.
El pago de los sueldos atrasados a los funcionarios y el anuncio de la devaluación del peso argentino en un 30%, han sido sus primeras medidas de choque para intentar superar la crisis.
ADOLFO RODRIGUEZ SAA
Un reportero le pregunta al peronista Adolfo Rodríguez Saá si prolongaría su Presidencia interina en Argentina más allá de marzo próximo, fecha anunciada para celebrar elecciones. Y el
flamante jefe de Estado provisional suelta un ambiguo «Y, no sé».
El chiste, de eso se trata, es que «Y no c» era el nombre del motel en el cual Rodríguez Saá protagonizó en 1993 un escándalo de sexo y vídeos, a la vez que estaba al frente del Gobierno de San Luis, una provincia periférica del país.
Luego la señorita en cuestión, La Turca Sesín, una empleada de su gabinete de prensa, fue acusada por el gobernador de haber montado una «cama» -engaño, en argot argentino- para chantajearlo. La escandalosa historia terminó con la mujer sentada en el banquillo de los acusados y aún continúa purgando 12 años de prisión.
Más allá de aquel alboroto que lo encumbró a la portadas de los periódicos y del que pudo rehacerse después, Rodríguez Saá, de 54 años de edad, es reconocido en Argentina como administrador eficaz y austero, aunque muchos no dudan en subrayar en él cierto estilo autoritario y un meteórico enriquecimiento.
Criado en una familia de raigambre conservadora, a los 15 años predicaba el antiperonismo desde una revista, pero después de pasar por la Universidad de Buenos Aires y graduarse allí como abogado, se convirtió al partido del caudillo Juan Perón y Evita.
Junto a su hermano Alberto, que actualmente es senador, se hicieron con el control del peronismo en San Luis y formaron una suerte de dinastía. En 1983, Adolfo ganó la gobernación con el 40,49% de los votos; en 1987, con el 52,12% y el 50,51%, en 1991. El récord fue un impresionante 71,75% en 1995 y en 1999 cosechó 54,9%.
Así es como San Luis, en el noroeste argentino, ha sido gobernada por Rodríguez Saá durante los últimos 18 años en forma ininterrumpida. Y la oposición lo acusa de nepotismo, enriquecimiento ilícito, arreglos en las licitaciones y manejo non sancto de los tribunales de Justicia. En los juzgados, hay una denuncia contra él porque -supuestamente- amasó algún dinerillo de más. Llegó por primera vez al Gobierno con una casa y dos coches por todo patrimonio. Ahora le endilgan poseer 22 millones de dólares, una veintena de inmuebles, el único diario y varias emisoras de televisión y radio en San Luis.
Como si perteneciera a la familia, muchos peronistas le llaman el Adolfo, tal vez por su estilo simpático, la sonrisa perpetua y el gesto limpio que transmite su rostro. Está casado con la profesora de inglés María Alicia Mazzarino y el matrimonio tiene cinco hijos. Por su personalismo y modos mandones, se aproxima al estereotipo del cacique de provincias. En 1992 mandó a imprimir un libro de texto escolar con 17 fotos de sí mismo. Los alumnos podían leer en sus páginas lo siguiente: «El gobernador [Rodríguez Saá] aceptó gustoso el desafío de hacer grande a la provincia y feliz a su pueblo».
En esta demostración de demagogia hay, sin embargo, alguna veta de verdad. San Luis pasó de vivir de la economía rural a ostentar cierto desarrollo. El estado provincial tiene 60 millones de superávit. Rodríguez Saá construyó diques, acueductos, autovías y hoteles. Y el desempleo es del 7%, muy por debajo del 18,3% en que se cifra el promedio nacional.
Tal vez porque está encaramado a esos logros, Rodríguez Saá tiene mano dura con los adversarios. Había colocado a su apoderado, el abogado Carlos Sergnese, al frente de la Corte Suprema provincial. A dos magistradas que protestaron ordenó que las destituyeran.
Desde años atrás venía preparándose para este momento. En el año 1999, empapeló el país con carteles con el contundente lema de: «Rodríguez Saá, presidente». Ahora resulta que el cargo es temporal y que en marzo debería irse.
Pero con él nunca se sabe del todo. Rodríguez Saá divide a los políticos y se ubica, sin miramientos, entre «los optimistas, como Roosevelt y yo»
CARLOS MENEM
Nacido el 2 de julio de 1930 en el Anillaco, en la norteña provincia de La Rioja, descendiente de musulmanes inmigrantes de Siria, en 1955, el mismo año en que fue derrocado su admirado general Juan Domingo Perón, fundó en su región la Juventud Justicialista (peronista). Siete años más tarde ya era candidato a diputado provincial y en 1963 fue elegido presidente del Partido Justicialista de La Rioja.
Emulando la estética de los caudillos riojanos que libraron a fines del siglo XIX importantes batallas contra el centralismo bonaerense, Carlos Saúl Menem lució desde inicios de los 70 hasta bien entrada su presidencia, unas tupidas y largas patillas que sus asesores de imagen hicieron desaparecer.
Coqueto hasta el extremo, orgulloso de sus Rolex, coches deportivos y costosos trajes, Menem se hizo injertos de pelo y liftings, llevando siempre en sus 209 viajes al extranjero a su peluquero y a su sastre, para estar impecable.
En 1973 fue elegido gobernador de La Rioja, siendo reelegido en 1983 y 1987. Durante la dictadura militar (1976-83) sufrió un encarcelamiento VIP durante varios meses y tras su liberación se trasladó a Paraguay donde mantuvo una estrecha relación con el entonces dictador Alfredo Stroessner.
En 1983 ya era presidente del Partido Justicia en su provincia, y tras ganar las internas de ese partido con el apoyo de militares carapintadas como Seineldín, ex miembros de la Triple A (estructura paramilitar del Gobierno de Isabel Perón, peronista que entre 1973 y 1975 mató a 1.000 opositores) y burócratas sindicales, fue elegido presidente de Argentina en 1989.
Controlando a la mafiosa burocracia sindical de la poderosa Central General de Trabajadores, Menem cambió la tradicional línea económica seguida por los gobiernos peronistas anteriores, aplicando una durísima política ultraliberal, y convirtiéndose en un incondicional aliado de Washington. Con su plan económico, del cual fue el principal artífice Domingo Cavallo (ahora nuevamente ministro de Economía), logró doblegar la hiperinflación heredada del Gobierno de Raúl Alfonsín, aunque hizo disparar el desempleo y provocó una recesión alarmante.
La corrupción generalizada que caracterizó a su Gobierno, hizo que sólo una parte de las divisas obtenidas por su política privatizadora fuera dedicada a reducir la deuda externa, mientras que otra fuera a parar a las cuentas en paraísos fiscales de los intermediarios, el entorno Menem. En el plano político, Menem indultó en 1989 a Seineldín (jefe de los golpes carapintadas de 1987 y 1988 contra Alfonsín) y en 1990 a todos los máximos jefesmilitares de la dictadura militar encarcelados. Su mayoría parlamentaria le permitió a Menem modificar la Constitución para poder ser reelegido en 1995.
Un juez pidió la captura de uno de sus grandes amigos, el poderoso empresario Alfredo Yabrán, acusado de haber asesinado en 1997 al reportero gráfico José Luis Cabezas, que seguía sus pasos. Cavallo acusó a Yabrán en 1995 de dirigir la red económica mafiosa, y terminó siendo destituido por Menem. Yabrán se suicidó al ser acorralado por la policía.
La propia hija de Menem, Zulemita, acusa a esos sectores mafiosos de asesinar a su hermano Carlos -muerto oficialmente en accidente en oscuras circunstancias-, supuestamente, por haber ido a contar a su padre, ingenuamente, negocios turbios que descubrió casualmente.
FERNANDO DE LA RUA
El compromiso de luchar contra la corrupción gubernamental y mejorar las prestaciones sociales auparon a Fernando de la Rúa hasta la presidencia de la República Argentina el 10 de diciembre de 1999. Dos años después, el incumplimiento de esa promesa, por la grave crisis económica que atraviesa el país, ha provocado un estallido social que ha obligado al sucesor de Carlos Menem a decretar el estado de sitio.
Fernando de la Rúa, natural de la provincia de Córdoba y licenciado en Derecho, entró a formar parte de la Unión Cívica Radical (UCR) en 1980 . Fue uno de los senadores que votó a favor de la Ley de Punto y Final , en diciembre de 1986, por la que se concedía un plazo de 60 días para denunciar a los policías o militares involucrados en la violación de los derechos humanos, durante la dictadura militar.
Considerado el "hombre fuerte" de los porteños, en plena etapa de dominio peronista en el país, logró un escaño de diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 1991.
Días después, el ex presidente del Gobierno, Raúl Alfonsín presentó la renuncia a la presidencia de la UCR y él se convirtió en uno de los grandes líderes de la formación. En 1996 fue elegido jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en los comicios directos a la alcaldía, inflingiendo a los peronistas la derrota más dura de su historia. Su trayectoria posterior le llevó a ocupar el primer puesto para optar a la candidatura radical a las elecciones presidenciales de 1999 al frente de La Alianza, una coalición formada por la UCR y el Frente País Solidario (FREPASO).
Una campaña electoral basada en la lucha contra la corrupción y el desempleo, así como las mejoras en salud, educación, pensiones y protección a la infancia, le proporcionó la victoria con el 48% de los votos.
Durante estos dos años, De la Rúa ha tratado de combatir la recesión, la alta tasa de paro y el déficit con recortes del gasto público, subidas de impuestos y un plan de ajuste económico y laboral que provocaron dos huelgas generales (el 5 de mayo y el 9 de junio de 2000).
Las dificultades políticas y económicas se fueron agravando y, el 19 de marzo de 2001, De la Rúa anunció la incorporación de Domingo Cavallo al gabinete de "unidad nacional", para tratar de salvar la crisis. Nueve meses después, el Gabinete argentino de ministros ha presentado su dimisión en pleno, incluido el propio Caballo, mientras el país está sumido en el caos.
DOMINGO CAVALLO
Economista de profesión,
liberal de confesión, salvador de la nación por vocación, Domingo Cavallo es el inventor de la
‘convertibilidad’, es decir, la paridad del dólar de EEUU con el peso argentino. Un ‘milagro’ que
funcionó durante su primera etapa como ministro de Economía pero que no lo ha hecho en la segunda.
Incapaz de reflotar a un país en pleno naufragio, Cavallo abandonó al presidente De la Rúa como ya lo hizo en 1996, tras un desacuerdo con el presidente de entonces, Carlos Menem.
Desde que Fernando de la Rúa llegó al poder en diciembre de 1999, Cavallo no dejó de criticar a sus predecesores, José Luis Machinea y el efímero Ricardo López Murphy. Se diferenció de ellos en que partió del principio de que, si lograba reactivar el consumo, la economía se recuperaría. Con este espíritu, aceptó formar parte del gobierno de unión nacional cuando De la Rúa recurrió a su experiencia para activar el crecimiento.
La ‘convertibilidad’ logró acabar en 1991 con una inflación de cuatro cifras y que tanto el país como los inversores extranjeros recuperaran la confianza. Pero Cavallo se fue del Gobierno de Menem dando un portazo y acusándolo de corrupción a pesar de que él mismo estaba implicado en varios escándalos.
Sus dos estancias al frente del Ministerio de Economía también estuvieron jalonadas por dos records nada envidiables: 18,4% de paro en 1995 y 18,3% en octubre de 2001.
Cavallo es profesor de Ciencias Económicas, diplomado en la Universidad estadounidense de Harvard, está casado y es padre de tres hijos.
Dice el refrán que no hay quinto malo. Y por la cuenta que le trae, a Argentina le interesa que Eduardo Duhalde aguante en el cargo más que sus predecesores para enderezar la crisis que azota el país. Tras los mandatos de Fernando de la Rúa y el fugaz Rodríguez Saá, este peronista de 60 años ha llegado a la Casa Rosada gracias a los maniobras de su partido, sin pasar por las urnas.
Aunque ha anunciado un Gobierno de "salvación nacional" y asegura que ha venido "a poner de pie y en paz Argentina" miles de ciudadanos contestaron su llegada al poder con una sonora cacerolada.
Duhalde, apodado "el tachuela" por su corta estatura, siempre ha luchado con el ex presidente Carlos Menem por el líderazgo del Movimiento Nacional Justicialista, fundado en los años 40 por el caudillo nacional-populista Juan Domingo Perón, al que tanto admira. Hasta tal punto, que los más críticos afirman ya han visto semejanzas entre la idolatrada Eva Perón y su mujer. La primera dama, Hilda 'Chiche' Duhalde, como la inolvidable Evita, se pasa el día hablando de los pobres.
Para los argentinos, Duhalde es el ejemplo perfecto de la clase de políticos englobado en el lema «roban pero hacen obra», ya que mientras desempeñó el cargo de Gobernador de Buenos Aires construyó infraestructuras y dio casa y comida a los pobres al más puro estilo populista . Pero su mandato fue salpicado por varios escándalos de supuesto enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.
A Duhalde, padre de familia numerosa, católico y tradicional, el periodista Hernán López Echagüe le acusó en su libro "El otro" de estar vinculado al narcotráfico en su juventud. El presidente siempre ha negado estas afirmaciones.
El pago de los sueldos atrasados a los funcionarios y el anuncio de la devaluación del peso argentino en un 30%, han sido sus primeras medidas de choque para intentar superar la crisis.
ADOLFO RODRIGUEZ SAA
Un reportero le pregunta al peronista Adolfo Rodríguez Saá si prolongaría su Presidencia interina en Argentina más allá de marzo próximo, fecha anunciada para celebrar elecciones. Y el
flamante jefe de Estado provisional suelta un ambiguo «Y, no sé».
El chiste, de eso se trata, es que «Y no c» era el nombre del motel en el cual Rodríguez Saá protagonizó en 1993 un escándalo de sexo y vídeos, a la vez que estaba al frente del Gobierno de San Luis, una provincia periférica del país.
Luego la señorita en cuestión, La Turca Sesín, una empleada de su gabinete de prensa, fue acusada por el gobernador de haber montado una «cama» -engaño, en argot argentino- para chantajearlo. La escandalosa historia terminó con la mujer sentada en el banquillo de los acusados y aún continúa purgando 12 años de prisión.
Más allá de aquel alboroto que lo encumbró a la portadas de los periódicos y del que pudo rehacerse después, Rodríguez Saá, de 54 años de edad, es reconocido en Argentina como administrador eficaz y austero, aunque muchos no dudan en subrayar en él cierto estilo autoritario y un meteórico enriquecimiento.
Criado en una familia de raigambre conservadora, a los 15 años predicaba el antiperonismo desde una revista, pero después de pasar por la Universidad de Buenos Aires y graduarse allí como abogado, se convirtió al partido del caudillo Juan Perón y Evita.
Junto a su hermano Alberto, que actualmente es senador, se hicieron con el control del peronismo en San Luis y formaron una suerte de dinastía. En 1983, Adolfo ganó la gobernación con el 40,49% de los votos; en 1987, con el 52,12% y el 50,51%, en 1991. El récord fue un impresionante 71,75% en 1995 y en 1999 cosechó 54,9%.
Así es como San Luis, en el noroeste argentino, ha sido gobernada por Rodríguez Saá durante los últimos 18 años en forma ininterrumpida. Y la oposición lo acusa de nepotismo, enriquecimiento ilícito, arreglos en las licitaciones y manejo non sancto de los tribunales de Justicia. En los juzgados, hay una denuncia contra él porque -supuestamente- amasó algún dinerillo de más. Llegó por primera vez al Gobierno con una casa y dos coches por todo patrimonio. Ahora le endilgan poseer 22 millones de dólares, una veintena de inmuebles, el único diario y varias emisoras de televisión y radio en San Luis.
Como si perteneciera a la familia, muchos peronistas le llaman el Adolfo, tal vez por su estilo simpático, la sonrisa perpetua y el gesto limpio que transmite su rostro. Está casado con la profesora de inglés María Alicia Mazzarino y el matrimonio tiene cinco hijos. Por su personalismo y modos mandones, se aproxima al estereotipo del cacique de provincias. En 1992 mandó a imprimir un libro de texto escolar con 17 fotos de sí mismo. Los alumnos podían leer en sus páginas lo siguiente: «El gobernador [Rodríguez Saá] aceptó gustoso el desafío de hacer grande a la provincia y feliz a su pueblo».
En esta demostración de demagogia hay, sin embargo, alguna veta de verdad. San Luis pasó de vivir de la economía rural a ostentar cierto desarrollo. El estado provincial tiene 60 millones de superávit. Rodríguez Saá construyó diques, acueductos, autovías y hoteles. Y el desempleo es del 7%, muy por debajo del 18,3% en que se cifra el promedio nacional.
Tal vez porque está encaramado a esos logros, Rodríguez Saá tiene mano dura con los adversarios. Había colocado a su apoderado, el abogado Carlos Sergnese, al frente de la Corte Suprema provincial. A dos magistradas que protestaron ordenó que las destituyeran.
Desde años atrás venía preparándose para este momento. En el año 1999, empapeló el país con carteles con el contundente lema de: «Rodríguez Saá, presidente». Ahora resulta que el cargo es temporal y que en marzo debería irse.
Pero con él nunca se sabe del todo. Rodríguez Saá divide a los políticos y se ubica, sin miramientos, entre «los optimistas, como Roosevelt y yo»
CARLOS MENEM
Nacido el 2 de julio de 1930 en el Anillaco, en la norteña provincia de La Rioja, descendiente de musulmanes inmigrantes de Siria, en 1955, el mismo año en que fue derrocado su admirado general Juan Domingo Perón, fundó en su región la Juventud Justicialista (peronista). Siete años más tarde ya era candidato a diputado provincial y en 1963 fue elegido presidente del Partido Justicialista de La Rioja.
Emulando la estética de los caudillos riojanos que libraron a fines del siglo XIX importantes batallas contra el centralismo bonaerense, Carlos Saúl Menem lució desde inicios de los 70 hasta bien entrada su presidencia, unas tupidas y largas patillas que sus asesores de imagen hicieron desaparecer.
Coqueto hasta el extremo, orgulloso de sus Rolex, coches deportivos y costosos trajes, Menem se hizo injertos de pelo y liftings, llevando siempre en sus 209 viajes al extranjero a su peluquero y a su sastre, para estar impecable.
En 1973 fue elegido gobernador de La Rioja, siendo reelegido en 1983 y 1987. Durante la dictadura militar (1976-83) sufrió un encarcelamiento VIP durante varios meses y tras su liberación se trasladó a Paraguay donde mantuvo una estrecha relación con el entonces dictador Alfredo Stroessner.
En 1983 ya era presidente del Partido Justicia en su provincia, y tras ganar las internas de ese partido con el apoyo de militares carapintadas como Seineldín, ex miembros de la Triple A (estructura paramilitar del Gobierno de Isabel Perón, peronista que entre 1973 y 1975 mató a 1.000 opositores) y burócratas sindicales, fue elegido presidente de Argentina en 1989.
Controlando a la mafiosa burocracia sindical de la poderosa Central General de Trabajadores, Menem cambió la tradicional línea económica seguida por los gobiernos peronistas anteriores, aplicando una durísima política ultraliberal, y convirtiéndose en un incondicional aliado de Washington. Con su plan económico, del cual fue el principal artífice Domingo Cavallo (ahora nuevamente ministro de Economía), logró doblegar la hiperinflación heredada del Gobierno de Raúl Alfonsín, aunque hizo disparar el desempleo y provocó una recesión alarmante.
La corrupción generalizada que caracterizó a su Gobierno, hizo que sólo una parte de las divisas obtenidas por su política privatizadora fuera dedicada a reducir la deuda externa, mientras que otra fuera a parar a las cuentas en paraísos fiscales de los intermediarios, el entorno Menem. En el plano político, Menem indultó en 1989 a Seineldín (jefe de los golpes carapintadas de 1987 y 1988 contra Alfonsín) y en 1990 a todos los máximos jefesmilitares de la dictadura militar encarcelados. Su mayoría parlamentaria le permitió a Menem modificar la Constitución para poder ser reelegido en 1995.
Un juez pidió la captura de uno de sus grandes amigos, el poderoso empresario Alfredo Yabrán, acusado de haber asesinado en 1997 al reportero gráfico José Luis Cabezas, que seguía sus pasos. Cavallo acusó a Yabrán en 1995 de dirigir la red económica mafiosa, y terminó siendo destituido por Menem. Yabrán se suicidó al ser acorralado por la policía.
La propia hija de Menem, Zulemita, acusa a esos sectores mafiosos de asesinar a su hermano Carlos -muerto oficialmente en accidente en oscuras circunstancias-, supuestamente, por haber ido a contar a su padre, ingenuamente, negocios turbios que descubrió casualmente.
FERNANDO DE LA RUA
El compromiso de luchar contra la corrupción gubernamental y mejorar las prestaciones sociales auparon a Fernando de la Rúa hasta la presidencia de la República Argentina el 10 de diciembre de 1999. Dos años después, el incumplimiento de esa promesa, por la grave crisis económica que atraviesa el país, ha provocado un estallido social que ha obligado al sucesor de Carlos Menem a decretar el estado de sitio.
Fernando de la Rúa, natural de la provincia de Córdoba y licenciado en Derecho, entró a formar parte de la Unión Cívica Radical (UCR) en 1980 . Fue uno de los senadores que votó a favor de la Ley de Punto y Final , en diciembre de 1986, por la que se concedía un plazo de 60 días para denunciar a los policías o militares involucrados en la violación de los derechos humanos, durante la dictadura militar.
Considerado el "hombre fuerte" de los porteños, en plena etapa de dominio peronista en el país, logró un escaño de diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 1991.
Días después, el ex presidente del Gobierno, Raúl Alfonsín presentó la renuncia a la presidencia de la UCR y él se convirtió en uno de los grandes líderes de la formación. En 1996 fue elegido jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en los comicios directos a la alcaldía, inflingiendo a los peronistas la derrota más dura de su historia. Su trayectoria posterior le llevó a ocupar el primer puesto para optar a la candidatura radical a las elecciones presidenciales de 1999 al frente de La Alianza, una coalición formada por la UCR y el Frente País Solidario (FREPASO).
Una campaña electoral basada en la lucha contra la corrupción y el desempleo, así como las mejoras en salud, educación, pensiones y protección a la infancia, le proporcionó la victoria con el 48% de los votos.
Durante estos dos años, De la Rúa ha tratado de combatir la recesión, la alta tasa de paro y el déficit con recortes del gasto público, subidas de impuestos y un plan de ajuste económico y laboral que provocaron dos huelgas generales (el 5 de mayo y el 9 de junio de 2000).
Las dificultades políticas y económicas se fueron agravando y, el 19 de marzo de 2001, De la Rúa anunció la incorporación de Domingo Cavallo al gabinete de "unidad nacional", para tratar de salvar la crisis. Nueve meses después, el Gabinete argentino de ministros ha presentado su dimisión en pleno, incluido el propio Caballo, mientras el país está sumido en el caos.
DOMINGO CAVALLO
Economista de profesión,
liberal de confesión, salvador de la nación por vocación, Domingo Cavallo es el inventor de la
‘convertibilidad’, es decir, la paridad del dólar de EEUU con el peso argentino. Un ‘milagro’ que
funcionó durante su primera etapa como ministro de Economía pero que no lo ha hecho en la segunda.
Incapaz de reflotar a un país en pleno naufragio, Cavallo abandonó al presidente De la Rúa como ya lo hizo en 1996, tras un desacuerdo con el presidente de entonces, Carlos Menem.
Desde que Fernando de la Rúa llegó al poder en diciembre de 1999, Cavallo no dejó de criticar a sus predecesores, José Luis Machinea y el efímero Ricardo López Murphy. Se diferenció de ellos en que partió del principio de que, si lograba reactivar el consumo, la economía se recuperaría. Con este espíritu, aceptó formar parte del gobierno de unión nacional cuando De la Rúa recurrió a su experiencia para activar el crecimiento.
La ‘convertibilidad’ logró acabar en 1991 con una inflación de cuatro cifras y que tanto el país como los inversores extranjeros recuperaran la confianza. Pero Cavallo se fue del Gobierno de Menem dando un portazo y acusándolo de corrupción a pesar de que él mismo estaba implicado en varios escándalos.
Sus dos estancias al frente del Ministerio de Economía también estuvieron jalonadas por dos records nada envidiables: 18,4% de paro en 1995 y 18,3% en octubre de 2001.
Cavallo es profesor de Ciencias Económicas, diplomado en la Universidad estadounidense de Harvard, está casado y es padre de tres hijos.
La crisis argentina afecta a las grandes empresas españolas
La gravedad de la situación económica del país latinoamericano, sumido en una profunda recesión desde hace más de tres años, vuelve a suponer un lastre importante para las principales compañías españolas con intereses en la zona -BBVA, SCH, Telefónica, Repsol y Endesa- que en los últimos meses y, sobre todo, en los últimos días, han sufrido importantes recortes de sus cotizaciones.
Pese a ello, los responsables tanto de BBVA como de Repsol han insistido en su apuesta por Argentina y reiterado su voluntad de colaborar con el Gobierno de Duhalde en la búsqueda de soluciones "constructivas y flexibles" que permitan al país superar la actual situación de crisis.
Entre tanto desplome bursátil destaca el paréntesis técnico de Repsol. Después de que en las tres últimas jornadas el precio de sus acciones cayera un 13% -lo que supuso una merma en su capitalización de 2.246 millones de euros (373.000 millones de pesetas)-, el valor en Bolsa de Repsol-YPF subió el 10 de enero 732,5 millones de euros (121,880 millones de pesetas), ante la posibilidad de que el Gobierno argentino retire el impuesto a los hidrocarburos por un pago adelantado de las petroleras.
Una excepción que confirma la regla, ya que en esa misma sesión, BBVA, SCH, Telefónica y Endesa se teñían de 'números rojos. El SCH cedía un 3,24%; Telefónica, un 2,98%; BBVA, un 1,39%; Endesa, un 0,54%, e Iberdrola, un 0,15%.
Al castigo inversor por el 'efecto Argentina' se suma la devaluación del peso frente al dólar -la oficial e interna del 28,5% y la mucho mayor que va marcando el mercado libre-, que implica una fuerte caída del salario real y pérdidas millonarias en las empresas de servicios. Las compañías españolas pueden dejarse en Argentina por este concepto más de medio billón de pesetas.
El abandono del cambio fijo, sumado a la suspensión de pagos declarada por Argentina, provocaría pérdidas calculadas en 3.000 millones de dólares (3.425 millones de euros, 570.000 millones de pesetas) en las empresas españolas con inversiones en el país -fundamentalmente Repsol, Telefónica, Gas Natural, BBVA y BSCH-.
Sin embargo, con el fin de la convertibilidad se espera beneficiar a los exportadores y así reactivar el mercado interno.
La recesión en Latinoamérica, con epicentro en Argentina, está lastrando fundamentalmente las cotizaciones de los gigantes bancarios españoles, BBVA y BSCH, con fuerte presencia en el área. Las inversiones de las dos entidades en la zona -cerca de 15.000 millones de dólares (más de 1,2 billones de pesetas)-, que hasta no hace demasiado habían favorecido un fuerte crecimiento de los márgenes por la buena marcha del negocio en la región, están castigando el precio de las acciones de ambas entidades.
Los recortes que han sufrido los títulos de BBVA han reducido considerablemente la capitalización bursátil del banco -más de 280.000 millones de pesetas (1.682,83 millones de euros)-. Además, la recesión argentina ha obligado a la entidad a cancelar su plan estratégico lo que le supondrá ganar 30.000 millones de pesetas (178 millones de euros) menos este año.
Los inversores han castigado aún más a la entidad que preside Emilio Botín y los títulos del SCH han caído un 5% en lo que va de año. El recorte sufrido en Bolsa se suma a las pérdidas que le ha ocasionado el canje de deuda Argentina -más de 220 millones de dólares (40.600 millones de pesetas) antes de impuestos- y la ampliación de capital que ha realizado por debajo del precio del mercado. Así el SCH se ha visto obligado a recortar en un par de ocasiones durante este año su previsión de beneficios.
La crisis argentina -la tercera mayor economía de América Latina, después de México y Brasil- es también motivo de preocupación para la dirección del SCH y del BBVA, que se han visto obligados a reducir los riesgos para no dañar sus cuentas de resultados. Ambos han tenido que incrementar las dotaciones, lo que, además, ha significado que sus filiales redujeran el beneficio.
El Santander Central Hispano está presente en Argentina a través del Banco Río de la Plata -su cuota de mercado es del 10%- y de la gestora Previnter, la primera del país. BBVA, por su parte, controla el 68% del Banco Francés -el estallido de la crisis argentina paralizó la OPA sobre el 100% de su filial- y la gestora Consolidar.
Según Standard & Poors, acumula parte de la deuda argentina a través de activos del Tesoro por valor de 1.500 millones de dólares (casi 00.000 millones de pesetas), mientras que el importe de su rival, el SCH, asciende a 2.425 millones de dólares (475.000 millones de pesetas). A pesar de la confianza mostrada por los responsables de las dos entidades financieras, en el aire pesa la posibilidad de que la crisis argentina acabe salpicando a las economías vecinas, y contaminando de esta forma las cuentas de resultados.
El miedo no sólo se centra en los fuertes gastos de administración, sino que, además, hay temor a un rebrote de las tasas de morosidad o de las cuantiosas provisiones con las que evitar riesgos peligrosos como una depreciación de las monedas. Estas amenazas han tenido ya sus primeras consecuencias: la rebaja de las calificaciones por parte de la agencia de rating S&P, cuyos analistas temen que la crisis pueda dañar a las filiales de BBVA y BSCH.
Pese a ello, los responsables tanto de BBVA como de Repsol han insistido en su apuesta por Argentina y reiterado su voluntad de colaborar con el Gobierno de Duhalde en la búsqueda de soluciones "constructivas y flexibles" que permitan al país superar la actual situación de crisis.
Entre tanto desplome bursátil destaca el paréntesis técnico de Repsol. Después de que en las tres últimas jornadas el precio de sus acciones cayera un 13% -lo que supuso una merma en su capitalización de 2.246 millones de euros (373.000 millones de pesetas)-, el valor en Bolsa de Repsol-YPF subió el 10 de enero 732,5 millones de euros (121,880 millones de pesetas), ante la posibilidad de que el Gobierno argentino retire el impuesto a los hidrocarburos por un pago adelantado de las petroleras.
Una excepción que confirma la regla, ya que en esa misma sesión, BBVA, SCH, Telefónica y Endesa se teñían de 'números rojos. El SCH cedía un 3,24%; Telefónica, un 2,98%; BBVA, un 1,39%; Endesa, un 0,54%, e Iberdrola, un 0,15%.
Al castigo inversor por el 'efecto Argentina' se suma la devaluación del peso frente al dólar -la oficial e interna del 28,5% y la mucho mayor que va marcando el mercado libre-, que implica una fuerte caída del salario real y pérdidas millonarias en las empresas de servicios. Las compañías españolas pueden dejarse en Argentina por este concepto más de medio billón de pesetas.
El abandono del cambio fijo, sumado a la suspensión de pagos declarada por Argentina, provocaría pérdidas calculadas en 3.000 millones de dólares (3.425 millones de euros, 570.000 millones de pesetas) en las empresas españolas con inversiones en el país -fundamentalmente Repsol, Telefónica, Gas Natural, BBVA y BSCH-.
Sin embargo, con el fin de la convertibilidad se espera beneficiar a los exportadores y así reactivar el mercado interno.
La recesión en Latinoamérica, con epicentro en Argentina, está lastrando fundamentalmente las cotizaciones de los gigantes bancarios españoles, BBVA y BSCH, con fuerte presencia en el área. Las inversiones de las dos entidades en la zona -cerca de 15.000 millones de dólares (más de 1,2 billones de pesetas)-, que hasta no hace demasiado habían favorecido un fuerte crecimiento de los márgenes por la buena marcha del negocio en la región, están castigando el precio de las acciones de ambas entidades.
Los recortes que han sufrido los títulos de BBVA han reducido considerablemente la capitalización bursátil del banco -más de 280.000 millones de pesetas (1.682,83 millones de euros)-. Además, la recesión argentina ha obligado a la entidad a cancelar su plan estratégico lo que le supondrá ganar 30.000 millones de pesetas (178 millones de euros) menos este año.
Los inversores han castigado aún más a la entidad que preside Emilio Botín y los títulos del SCH han caído un 5% en lo que va de año. El recorte sufrido en Bolsa se suma a las pérdidas que le ha ocasionado el canje de deuda Argentina -más de 220 millones de dólares (40.600 millones de pesetas) antes de impuestos- y la ampliación de capital que ha realizado por debajo del precio del mercado. Así el SCH se ha visto obligado a recortar en un par de ocasiones durante este año su previsión de beneficios.
La crisis argentina -la tercera mayor economía de América Latina, después de México y Brasil- es también motivo de preocupación para la dirección del SCH y del BBVA, que se han visto obligados a reducir los riesgos para no dañar sus cuentas de resultados. Ambos han tenido que incrementar las dotaciones, lo que, además, ha significado que sus filiales redujeran el beneficio.
El Santander Central Hispano está presente en Argentina a través del Banco Río de la Plata -su cuota de mercado es del 10%- y de la gestora Previnter, la primera del país. BBVA, por su parte, controla el 68% del Banco Francés -el estallido de la crisis argentina paralizó la OPA sobre el 100% de su filial- y la gestora Consolidar.
Según Standard & Poors, acumula parte de la deuda argentina a través de activos del Tesoro por valor de 1.500 millones de dólares (casi 00.000 millones de pesetas), mientras que el importe de su rival, el SCH, asciende a 2.425 millones de dólares (475.000 millones de pesetas). A pesar de la confianza mostrada por los responsables de las dos entidades financieras, en el aire pesa la posibilidad de que la crisis argentina acabe salpicando a las economías vecinas, y contaminando de esta forma las cuentas de resultados.
El miedo no sólo se centra en los fuertes gastos de administración, sino que, además, hay temor a un rebrote de las tasas de morosidad o de las cuantiosas provisiones con las que evitar riesgos peligrosos como una depreciación de las monedas. Estas amenazas han tenido ya sus primeras consecuencias: la rebaja de las calificaciones por parte de la agencia de rating S&P, cuyos analistas temen que la crisis pueda dañar a las filiales de BBVA y BSCH.
La devaluación de Argentina
Para entender el surrealismo de lo que está pasando en Argentina, podemos intentar su traslado a la geografía política española: es como si Almunia hubiera sido elegido presidente con la ayuda solapada de Javier Arenas...
La realidad es que la tercera economía latinoamericana trata de no asfixiarse tras 56 meses consecutivos de recesión y una deuda pública de 132.000 millones de dólares, de los cuales 72.000 se deben al exterior. El problema original de Argentina es la falta de crecimiento económico unido a la grave crisis política. El dimitido presidente el peronista Alfonso Rodríguez Saá decidió cortar por lo sano: acordó suspender el pago de la deuda externa crear una nueva moneda de uso interno. Pero sus polémicas medidas no sirvieron resolver la crisis.
Su sucesor, el también peronista Eduardo Duhalde, ha propuesto como solución una devaluación del peso del 30%, que implicará una fuerte caída del salario real y pérdidas millonarias para las empresas de servicios.
Las diferentes medidas económicas y sociales que se habían puesto en marcha (para muchos simples parches) no han logrado frenar una caída del PIB -que superó el 13% entre enero y marzo de 2002-, ni evitar que el paro alcanzara una tasa récord del 22% o que el riego-país esté situado en los 6.275 puntos.
Prioridad: consensuar con el FMI
Aún antes de la caída de Fernando de la Rúa, el FMI decidió cortar la ayuda financiera por el incumplimiento de las metas pactadas. Nada menos que
1.264 millones de dólares.
El Directorio exigió al nuevo Gobierno tres prerrequisitos para comenzar las negociaciones: los acuerdos bilaterales de ajuste fiscal con las provincias -casi terminados-, la modificación de la Ley de Quiebras y la derogación de la Ley de Subversión Económica, que eran objetadas por generar "inseguridad jurídica".
Desde entonces, las principales preocupaciónes de Duhalde y su equipo económico fueron los vencimientos de la deuda con los organismos y obtener un nuevo préstamo... para poder seguir pagando.
Absolutamente todo lo demás – reactivación económica, empleo, programas sociales, medidas redistributivas del ingreso, combate a la corrupción, reorganización de la Justicia y el sistema político... – quedó para mejores tiempos.
La realidad es que la tercera economía latinoamericana trata de no asfixiarse tras 56 meses consecutivos de recesión y una deuda pública de 132.000 millones de dólares, de los cuales 72.000 se deben al exterior. El problema original de Argentina es la falta de crecimiento económico unido a la grave crisis política. El dimitido presidente el peronista Alfonso Rodríguez Saá decidió cortar por lo sano: acordó suspender el pago de la deuda externa crear una nueva moneda de uso interno. Pero sus polémicas medidas no sirvieron resolver la crisis.
Su sucesor, el también peronista Eduardo Duhalde, ha propuesto como solución una devaluación del peso del 30%, que implicará una fuerte caída del salario real y pérdidas millonarias para las empresas de servicios.
Las diferentes medidas económicas y sociales que se habían puesto en marcha (para muchos simples parches) no han logrado frenar una caída del PIB -que superó el 13% entre enero y marzo de 2002-, ni evitar que el paro alcanzara una tasa récord del 22% o que el riego-país esté situado en los 6.275 puntos.
Prioridad: consensuar con el FMI
Aún antes de la caída de Fernando de la Rúa, el FMI decidió cortar la ayuda financiera por el incumplimiento de las metas pactadas. Nada menos que
1.264 millones de dólares.
El Directorio exigió al nuevo Gobierno tres prerrequisitos para comenzar las negociaciones: los acuerdos bilaterales de ajuste fiscal con las provincias -casi terminados-, la modificación de la Ley de Quiebras y la derogación de la Ley de Subversión Económica, que eran objetadas por generar "inseguridad jurídica".
Desde entonces, las principales preocupaciónes de Duhalde y su equipo económico fueron los vencimientos de la deuda con los organismos y obtener un nuevo préstamo... para poder seguir pagando.
Absolutamente todo lo demás – reactivación económica, empleo, programas sociales, medidas redistributivas del ingreso, combate a la corrupción, reorganización de la Justicia y el sistema político... – quedó para mejores tiempos.
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