jueves, 26 de junio de 2008
La Globaliación y la Crisis en el campo
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Impacto Social de la Crisis Argentina en los Sectores de Infraestructura
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Crisis energética
Los distribuidores de gas licuado de Argentina alertaron hoy de una "crisis energética" en el país, con escasez de gas y combustibles y cuyas causas van "más allá" del desabastecimiento producido por los cortes de carreteras protagonizados por los productores agropecuarios.
"Estamos en medio de una crisis energética, aunque hoy el problema del campo la esté tapando", dijo el gerente de la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas), Osvaldo Spanu, en declaraciones a Radio Continental de Buenos Aires.
El directivo señaló que "hay falta de entrega de gas de Bolivia y no se consigue gasóleo".
"El gasóleo que sí se consigue se hace a un precior superior a la nafta (gasolina) premium (alta calidad)", indicó.
Spanu también consideró como "caro" el coste de la importación de metano desde Venezuela, por vía marítima, para paliar parcialmente la insuficiente entrega de gas desde Bolivia.
"Los costes del barco metanero que va a trabajar hasta setiembre (en un puerto argentino) es hasta 3 y 4 veces lo que costaba el gas de Bolivia", indicó.
Bolivia envía a Argentina un promedio diario de 2 millones de metros cúbicos de gas, frente a compromisos de venta por 7,7 millones.
Argentina atraviesa desde hace cuatro años crisis periódicas de escasez de gas natural, combustibles líquidos y electricidad, en especial en épocas de alto consumo, como el invierno y el verano.
"Estamos en medio de una crisis energética, aunque hoy el problema del campo la esté tapando", dijo el gerente de la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas), Osvaldo Spanu, en declaraciones a Radio Continental de Buenos Aires.
El directivo señaló que "hay falta de entrega de gas de Bolivia y no se consigue gasóleo".
"El gasóleo que sí se consigue se hace a un precior superior a la nafta (gasolina) premium (alta calidad)", indicó.
Spanu también consideró como "caro" el coste de la importación de metano desde Venezuela, por vía marítima, para paliar parcialmente la insuficiente entrega de gas desde Bolivia.
"Los costes del barco metanero que va a trabajar hasta setiembre (en un puerto argentino) es hasta 3 y 4 veces lo que costaba el gas de Bolivia", indicó.
Bolivia envía a Argentina un promedio diario de 2 millones de metros cúbicos de gas, frente a compromisos de venta por 7,7 millones.
Argentina atraviesa desde hace cuatro años crisis periódicas de escasez de gas natural, combustibles líquidos y electricidad, en especial en épocas de alto consumo, como el invierno y el verano.
LA CRISIS ARGENTINA DE 2001-2002
Durante la segunda mitad del siglo XX la Argentina pasó por reiteradas crisis, aunque todas fueron de una naturaleza distinta a la que estalló a principios del siglo XXI.
Las crisis aparecían después de un período de expansión promovido por el aumento del gasto público financiado con emisión de dinero, que culminaban con una alta inflación, un importante déficit en el balance de pagos que -para equilibrarlo- requería ajustes con una devaluación seguida por una recesión. Esta crisis, por el contrario, estalló tras varios años de recesión y -algo inconcebible en el pasado- con una deflación de precios.
Las características deflacionarias dentro de un régimen de cambio fijo llevaron a muchos a recordar la crisis de los 30 y a advertir que las medidas ortodoxas de reducción de gasto y aumento de los impuestos eran contraindicadas y que se debía abandonar el cambio fijo (el patrón oro) y reflacionar, aumentando el gasto y la oferta monetarias para expandir la actividad económica.
Estas recomendaciones no tuvieron en cuenta cuán distintas eran las circunstancias en que se había salido de la deflación de los 30 con lo que estaba pasando en la Argentina a fines del siglo XX.
EL PERÍODO DE CRECIMIENTO: 1990-95
Tras un largo período de declinación (1974-89), en la década de los noventa , las reformas económicas y la convertibilidad produjeron una gran entrada de capitales, con lo que inició una sostenida recuperación y crecimiento. El crecimiento comenzó a desacelerarse hacia fines de 1994 (causado por preocupaciones ante el panorama político), lo que agravó la crisis mexicana de 1995 produ-ciendo una fuerte caída de depósitos. El gobierno mantuvo la decisión de continuar en ella (fue la primera crisis en la historia del país que no terminó con una devaluación) y pudo sortear la tormenta. Los depósitos volvieron, se aprovechó para introducir reformas que hicieron más solvente el sistema financiero y el crecimiento continuó.
LOS COMIENZOS DE LA RECESIÓN: LOS SHOCKS EXTERNOS
La crisis del sudeste asiático pero sobre todo la de Rusia y la de Brasil produjeron dos shocks. Uno fue la baja de los precios de las exportaciones y el otro la reversión de la tendencia internacional de capitales hacia los países emergentes con un alza de la tasa de interés que afectó el servicio de la deuda argentina.
No sólo ellos influyeron en el cambio de la tendencia de crecimiento. Existieron factores domésticos que incidieron en la inversión y en desacelerar el crecimiento. Aun siguiendo los criterios contables del gobierno (que no tomaban las emisiones de deuda como gastos) el Gobierno obtuvo superávit sólo en el año 1993. A partir de 1996 el déficit se fue aproximado a un 2 % del producto llegando en 1998 a 4,3 % y a mismo nivel el 2000. Pareciera que eso no era preocupante según los criterios de la Comunidad Europea (un 3% según el tratado de Maastricht), pero hay que tener en cuenta lo estrecho del mercado local de capitales y la fuerte incidencia de los flujos externos (aunque en ellos debe incluirse parte del ahorro doméstico en el exterior). Ese déficit sería mayor si se tomara como criterio las variaciones de la deuda.
La deuda pública que estaba en alrededor de los 60 mil millones de pesos al inicio de la década subió a unos 90 mil millones en 1994 y a unos 120 mil millones a fines de 1999, cuando concluyó su período Menem.
La expansión del primer quinquenio fue ayudada por las privatizaciones de empresas de servicios públicas donde entraron capitales extranjeros con aportes de nuevas tecnologías que bajaban costos y que pudieron obtener rentas en mercados monopólicos gracias a precios (tarifas) más elevados que los internacionales y con un costo de capital con tasas de interés internacionales. También, una enorme expansión del consumo tras más de una década de represión (ahorro en el exterior, fuga de capitales) que aumentó gracias a las posibilidades que dejaba en un marco de estabilidad monetaria las operaciones de compra a crédito. En el primer caso las oportunidades de beneficios extraordinarios para la inversión terminaron agotándose y en el del consumo la gente aprendió que con estabilidad monetaria los intereses empezaban a ser -ya que en términos nominales seguían relativamente altos mientras la inflación bajaba más que ellos- enormemente costosos. En la Argentina de la inflación todos se endeudaban porque llegaban los jubileos y se pagaba menos. Esa fiesta había terminado y la gente empezó a cuidar sus consumos.
LA RECESIÓN: LA TRAMPA FISCAL
Hacia fines de 1998 comenzó una larga recesión con características desconocidas. La caída de la actividad económica tuvo un efecto negativo en la recaudación fiscal que bajó de 46,2 mil millones de pesos a 55.7 mil millones en 1999 (disminución de la recaudación del IVA) lo que forzó a un intento poco exitoso de disminuir los gastos, ya que estos subieron de 57 mil millones el 98 a 60 mil millones en 1999. Esto llevó a aumentar el déficit de 0,8% del PBI en 1998 a 4,3% en 1999, lo que se tradujo en un aumento de la deuda que ya había alcanzado proporciones preocupantes. Debe señalarse que en los gastos incidían dos rubros sobre los que había poco control; el déficit del sistema oficial de seguridad social que, tras las reformas había quedado sin los aportes de los que pasaron a las administradoras privadas, y el pago de la deuda.
La nueva administración, que se iniciaba heredando una voluminosa deuda, quiso ganar confianza en los mercados internacionales para obtener más bajas tasas de interés. Para ello, como muestra de una conducta responsable, aumentó los impuestos. Con ello abortó una muy ligera recuperación que parecía advertirse al inicio de su gestión. Los aumentos de impuestos disminuyeron el ingreso disponible y el consumo acentuando la recesión que se tradujo en menor actividad y menor recaudación.
La administración de la Rua continuó todo el 2000 y los primeros meses del 2001 en agónicos intentos por mejorar la situación fiscal, buscando apoyo externo para pasar a más largo plazo los vencimientos de las deudas. En marzo, con la continua caída de la actividad y su consecuencia en la recaudación, renunció el ministro Machinea. Fue designado para reemplazarlo Ricardo Lopez Murphy con propuestas de ajuste fiscal que desataron la airada oposición en varios miembros de la alianza gobernante, que presentaron sus renuncias. El presidente decidió, en cambio, aceptar la del ministro de economía cuyo plan abortó.
Volvió entonces el ministro de la convertibilidad, Cavallo, con propuestas más del estilo keynesiano, aunque por las condiciones que vivía la Argentina extremadamente limitadas. Buscó mejorar la competitividad, dando subsidios, ventajas fiscales y expandiendo la oferta monetaria bajando los encajes, lo que lo enfrentó al presidente el Banco Central a quien finalmente se lo separó de su cargo (violando la independencia del Banco). Finalmente tuvo la audacia de iniciar un camino hacia la salida de la convertibilidad estableciendo que , cuando la cotización del euro alcanzara al dólar, la convertibilidad del peso se haría teniendo en cuenta ambas monedas. Esto produjo el efecto inverso: aumentó la desconfianza afectando la visión que los acreedores tenían del riesgo argentino (medida por la cotización de sus títulos). El riesgo país se convirtió en el termómetro de la visión de los mercados de capitales de los que dependía el gobierno para renovar su deuda.
Cuando hacia septiembre, abandonado por el Fondo que insistía en la salida de la convertibilidad y la nueva administración norteamericana -que entendía que los acreedores debían participar en las pérdidas de financiamientos irresponsables- el gobierno ya no obtuvo crédito y comenzó el deslizamiento hacia la crisis final. Se forzó a los bancos a reprogramar la deuda que se les había colocado, reemplazando títulos de corto plazo con otros a largo, esperando bajar sus servicios y lograr un arreglo similar con el resto de los acreedores en el exterior. En diciembre, ante la evidencia de que el sistema bancario tenía en sus activos bonos del estado difícilmente cobrables, se inició una corrida contra los bancos que Cavallo detuvo impidiendo los retiros en efectivo (corralito), con lo que no se los podía convertir en dólares billete. Esto desató la airada respuesta del público (que podía disponer, sin embargo, de sus depósitos pagando con tarjetas bancarias de débito) manifestaciones en las calles (cacerolazos) y aprovechando el mal humor del público tuvo lugar una operación orquestada por los caudillos justicialistas del Gran Buenos Aires con apoyo del radicalismo bonaerense (que supuestamente estaba en el gobierno) y que concluyó en una pueblada en la Plaza de Mayo que exigió la renuncia del presidente bajo la amenaza de iniciarle juicio político. Así, en medio de la crisis, concluyó la gestión De la Rua.
LA ADMINISTRACIÓN JUSTICIALISTA: EL DEFAUT Y LA DEVALUACIÓN
En una gestión muy breve el presidente Rodríguez Saa, designado por el Congreso, anunció que el gobierno dejaría de pagar sus obligaciones financieras. La Argentina comenzó el siglo con un default que no había conocido durante todo el siglo XX. Las desavenencias internas forzaron a los pocos días su renuncia y el Congreso designó en su reemplazo al ex gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.
Este inició su gestión con una ley de emergencia económica que decidió al abandono de la convertibilidad con nuevos y disimiles tipos de cambio a los que se convertirían los créditos y depósitos en los bancos y todas las obligaciones públicas y privadas. Mientras los créditos se pesificaban, pasando a pesos a una relación uno a uno con el dólar, los depósitos se convertían a un peso con cuarenta centavos por un dólar, creando una asimétrica relación entre activos y pasivos de los bancos. Todas las obligaciones en dólares pasaban a pesos al tipo de uno a uno. Se violaban así los contratos y los derechos de propiedad,
La inicial pretensión del gobierno de mantener un cambio fijo chocó con la oposición del Fondo, por lo que decidió entonces la flotación que llevó a una fuerte corrida contra el peso (lo que Keynes llamó huída del dinero) que hizo subir rápidamente el precio de la divisa a más del doble. Los depositantes perjudicados recurrieron a la justicia que, en muchos casos, ordenó a los bancos pagar las obligaciones en dólares en la misma moneda, por lo que el Banco Central dio redescuentos a los bancos comerciales para que pudieran pagar en pesos al tipo de cambio de mercado libre los depósitos que luego -huyendo del dinero local- se convertían en dólares. Así se advirtió que las recetas de los 30 eran inaplicabales en un país sin solvencia fiscal y con una reciente experiencia hiperinflacionaria. A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos después de la devaluación de 1933 o en la misma Argentina en la década de 1930, donde era muy elevada la demanda de dinero y las tasas de interés eran muy bajas, en la Argentina del 2002 la demanda de dinero había caído y todo el mundo quería sustituir pesos por dólares. Al gobierno no le quedaba la emisión como instrumento de la expansión económica. Esto es también lo que había pasado en Alemania durante la crisis de 1930 por las misma consecuencias de la memoria hiperinflacionaria sobre la demanda de dinero. Lo que los recomendaron la salida de la convertibilidad para expandir la economía olvidaron que esa solución fue posible en un marco de estabilidad y solvencia fiscal que aquí faltó.
Los precios subieron como consecuencia de la devaluación y cayeron los salarios reales, lo que permitió una baja del gasto público. La situación de Caja mejoró porque no se pagaron las deudas
El gobierno, que creyó que saliendo de la convertibilidad tendría el apoyo de los organismos internacionales, se encontró con que el Fondo, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, modificando una posición anterior (la que tuvo en los casos de México y de los países del sudeste asiático), considerando que no se trataba en este caso de una crisis sistémica del sistema financiero internacional, tomó a la Argentina como un caso ejemplar, para mostrar que había que penalizar comportamientos irresponsables.
El dólar llegó a casi cuatro pesos y se estuvo al borde de la hiperinflación. Luego, cambió la conducción económica. Se controló la emisión monetaria y el gasto fiscal, lo que descartó la alternativa que muchos esperaban de impulsar una fuerte expansión de la economía con gasto público financiado con emisión. Se establecieron nuevos impuesto a las exportaciones, el Banco Central redujo los redescuentos y se morigeró la caída de la demanda de dinero.
Con los nuevos planes para asistir desocupados que abarcaron a 2 millones de personas y la movilización del aparato político bonaerense del justicialismo la situación sociopolítica comenzó a calmarse. Sin tomar en cuenta las variaciones de la deuda, el gobierno logró un superávit de caja, y se estabilizó el cambio.
LOS PROBLEMAS PRÓXIMOS
La cotización del dólar bajó. En los últimos meses han aumentado los depósitos, sigue la recuperación y las estimaciones del crecimiento son más op-timistas. ¿Se terminó la crisis?, ¿estamos en un camino de recuperación y crecimiento?
Quedan problemas pendientes y esta crisis no terminó de liquidarse.
Aunque con la devaluación el gasto corriente real bajó, las cuentas públicas no están saneadas porque la deuda no disminuyó, sino que aumentó. No sólo por las obligaciones ya reconocidas por perjuicios que causaron las decisiones del gobierno, sino por los pasivos que eventualmente aparezcan por las mismas causas. Además la devaluación hizo aumentar la deuda en la unidad de cuenta en que el gobierno cobra sus impuestos, el peso. Habrá que llegar a un acuerdo de pagos a muy largo plazo para sanear las finanzas y asegurar un estado solvente. Pero para llegar a esos acuerdos se deberá, al mismo tiempo, ejecutar superávit fiscales (no encubriendo gastos con emisión de deuda) para poder cumplir con los compromisos que se asuman. No será simple, porque las medidas a adoptar provocarán resistencias en quienes quieren seguir recibiendo beneficios del estado y los que quieren que no se aumenten los impuestos. Muchas sociedades en el siglo XX han pasado por conflictos distributivos, pero probablemente ninguna tuvo la reiteración y profundidad de los que ha experimentado la Argentina con sus repetidas devaluaciones. Con la devaluación también perdieron los asalariados, empleados públicos y privados que vieron disminuir catastróficamente sus remuneraciones en términos de su poder de compra. Con ello aumentó la población bajo el nivel de pobreza.
A pesar de este panorama tan difícil, si se transita un camino de solvencia fiscal (lo que quiere decir que no habrá que temer a futuras expropiaciones) puede que el mercado descuente la confianza y vuelvan el ahorro y la inversión, condiciones para el crecimiento. Sólo cuando la gente esté convencida de que podrá gozar sin temores del producto de su trabajo realizará mayores esfuerzos, ahorrará e invertirá en emprendimientos, viejos o nuevos, dando mayores oportunidades de trabajo, aumentando el producto y con ello los salarios y las condiciones de vida de la gente.
Las crisis aparecían después de un período de expansión promovido por el aumento del gasto público financiado con emisión de dinero, que culminaban con una alta inflación, un importante déficit en el balance de pagos que -para equilibrarlo- requería ajustes con una devaluación seguida por una recesión. Esta crisis, por el contrario, estalló tras varios años de recesión y -algo inconcebible en el pasado- con una deflación de precios.
Las características deflacionarias dentro de un régimen de cambio fijo llevaron a muchos a recordar la crisis de los 30 y a advertir que las medidas ortodoxas de reducción de gasto y aumento de los impuestos eran contraindicadas y que se debía abandonar el cambio fijo (el patrón oro) y reflacionar, aumentando el gasto y la oferta monetarias para expandir la actividad económica.
Estas recomendaciones no tuvieron en cuenta cuán distintas eran las circunstancias en que se había salido de la deflación de los 30 con lo que estaba pasando en la Argentina a fines del siglo XX.
EL PERÍODO DE CRECIMIENTO: 1990-95
Tras un largo período de declinación (1974-89), en la década de los noventa , las reformas económicas y la convertibilidad produjeron una gran entrada de capitales, con lo que inició una sostenida recuperación y crecimiento. El crecimiento comenzó a desacelerarse hacia fines de 1994 (causado por preocupaciones ante el panorama político), lo que agravó la crisis mexicana de 1995 produ-ciendo una fuerte caída de depósitos. El gobierno mantuvo la decisión de continuar en ella (fue la primera crisis en la historia del país que no terminó con una devaluación) y pudo sortear la tormenta. Los depósitos volvieron, se aprovechó para introducir reformas que hicieron más solvente el sistema financiero y el crecimiento continuó.
LOS COMIENZOS DE LA RECESIÓN: LOS SHOCKS EXTERNOS
La crisis del sudeste asiático pero sobre todo la de Rusia y la de Brasil produjeron dos shocks. Uno fue la baja de los precios de las exportaciones y el otro la reversión de la tendencia internacional de capitales hacia los países emergentes con un alza de la tasa de interés que afectó el servicio de la deuda argentina.
No sólo ellos influyeron en el cambio de la tendencia de crecimiento. Existieron factores domésticos que incidieron en la inversión y en desacelerar el crecimiento. Aun siguiendo los criterios contables del gobierno (que no tomaban las emisiones de deuda como gastos) el Gobierno obtuvo superávit sólo en el año 1993. A partir de 1996 el déficit se fue aproximado a un 2 % del producto llegando en 1998 a 4,3 % y a mismo nivel el 2000. Pareciera que eso no era preocupante según los criterios de la Comunidad Europea (un 3% según el tratado de Maastricht), pero hay que tener en cuenta lo estrecho del mercado local de capitales y la fuerte incidencia de los flujos externos (aunque en ellos debe incluirse parte del ahorro doméstico en el exterior). Ese déficit sería mayor si se tomara como criterio las variaciones de la deuda.
La deuda pública que estaba en alrededor de los 60 mil millones de pesos al inicio de la década subió a unos 90 mil millones en 1994 y a unos 120 mil millones a fines de 1999, cuando concluyó su período Menem.
La expansión del primer quinquenio fue ayudada por las privatizaciones de empresas de servicios públicas donde entraron capitales extranjeros con aportes de nuevas tecnologías que bajaban costos y que pudieron obtener rentas en mercados monopólicos gracias a precios (tarifas) más elevados que los internacionales y con un costo de capital con tasas de interés internacionales. También, una enorme expansión del consumo tras más de una década de represión (ahorro en el exterior, fuga de capitales) que aumentó gracias a las posibilidades que dejaba en un marco de estabilidad monetaria las operaciones de compra a crédito. En el primer caso las oportunidades de beneficios extraordinarios para la inversión terminaron agotándose y en el del consumo la gente aprendió que con estabilidad monetaria los intereses empezaban a ser -ya que en términos nominales seguían relativamente altos mientras la inflación bajaba más que ellos- enormemente costosos. En la Argentina de la inflación todos se endeudaban porque llegaban los jubileos y se pagaba menos. Esa fiesta había terminado y la gente empezó a cuidar sus consumos.
LA RECESIÓN: LA TRAMPA FISCAL
Hacia fines de 1998 comenzó una larga recesión con características desconocidas. La caída de la actividad económica tuvo un efecto negativo en la recaudación fiscal que bajó de 46,2 mil millones de pesos a 55.7 mil millones en 1999 (disminución de la recaudación del IVA) lo que forzó a un intento poco exitoso de disminuir los gastos, ya que estos subieron de 57 mil millones el 98 a 60 mil millones en 1999. Esto llevó a aumentar el déficit de 0,8% del PBI en 1998 a 4,3% en 1999, lo que se tradujo en un aumento de la deuda que ya había alcanzado proporciones preocupantes. Debe señalarse que en los gastos incidían dos rubros sobre los que había poco control; el déficit del sistema oficial de seguridad social que, tras las reformas había quedado sin los aportes de los que pasaron a las administradoras privadas, y el pago de la deuda.
La nueva administración, que se iniciaba heredando una voluminosa deuda, quiso ganar confianza en los mercados internacionales para obtener más bajas tasas de interés. Para ello, como muestra de una conducta responsable, aumentó los impuestos. Con ello abortó una muy ligera recuperación que parecía advertirse al inicio de su gestión. Los aumentos de impuestos disminuyeron el ingreso disponible y el consumo acentuando la recesión que se tradujo en menor actividad y menor recaudación.
La administración de la Rua continuó todo el 2000 y los primeros meses del 2001 en agónicos intentos por mejorar la situación fiscal, buscando apoyo externo para pasar a más largo plazo los vencimientos de las deudas. En marzo, con la continua caída de la actividad y su consecuencia en la recaudación, renunció el ministro Machinea. Fue designado para reemplazarlo Ricardo Lopez Murphy con propuestas de ajuste fiscal que desataron la airada oposición en varios miembros de la alianza gobernante, que presentaron sus renuncias. El presidente decidió, en cambio, aceptar la del ministro de economía cuyo plan abortó.
Volvió entonces el ministro de la convertibilidad, Cavallo, con propuestas más del estilo keynesiano, aunque por las condiciones que vivía la Argentina extremadamente limitadas. Buscó mejorar la competitividad, dando subsidios, ventajas fiscales y expandiendo la oferta monetaria bajando los encajes, lo que lo enfrentó al presidente el Banco Central a quien finalmente se lo separó de su cargo (violando la independencia del Banco). Finalmente tuvo la audacia de iniciar un camino hacia la salida de la convertibilidad estableciendo que , cuando la cotización del euro alcanzara al dólar, la convertibilidad del peso se haría teniendo en cuenta ambas monedas. Esto produjo el efecto inverso: aumentó la desconfianza afectando la visión que los acreedores tenían del riesgo argentino (medida por la cotización de sus títulos). El riesgo país se convirtió en el termómetro de la visión de los mercados de capitales de los que dependía el gobierno para renovar su deuda.
Cuando hacia septiembre, abandonado por el Fondo que insistía en la salida de la convertibilidad y la nueva administración norteamericana -que entendía que los acreedores debían participar en las pérdidas de financiamientos irresponsables- el gobierno ya no obtuvo crédito y comenzó el deslizamiento hacia la crisis final. Se forzó a los bancos a reprogramar la deuda que se les había colocado, reemplazando títulos de corto plazo con otros a largo, esperando bajar sus servicios y lograr un arreglo similar con el resto de los acreedores en el exterior. En diciembre, ante la evidencia de que el sistema bancario tenía en sus activos bonos del estado difícilmente cobrables, se inició una corrida contra los bancos que Cavallo detuvo impidiendo los retiros en efectivo (corralito), con lo que no se los podía convertir en dólares billete. Esto desató la airada respuesta del público (que podía disponer, sin embargo, de sus depósitos pagando con tarjetas bancarias de débito) manifestaciones en las calles (cacerolazos) y aprovechando el mal humor del público tuvo lugar una operación orquestada por los caudillos justicialistas del Gran Buenos Aires con apoyo del radicalismo bonaerense (que supuestamente estaba en el gobierno) y que concluyó en una pueblada en la Plaza de Mayo que exigió la renuncia del presidente bajo la amenaza de iniciarle juicio político. Así, en medio de la crisis, concluyó la gestión De la Rua.
LA ADMINISTRACIÓN JUSTICIALISTA: EL DEFAUT Y LA DEVALUACIÓN
En una gestión muy breve el presidente Rodríguez Saa, designado por el Congreso, anunció que el gobierno dejaría de pagar sus obligaciones financieras. La Argentina comenzó el siglo con un default que no había conocido durante todo el siglo XX. Las desavenencias internas forzaron a los pocos días su renuncia y el Congreso designó en su reemplazo al ex gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.
Este inició su gestión con una ley de emergencia económica que decidió al abandono de la convertibilidad con nuevos y disimiles tipos de cambio a los que se convertirían los créditos y depósitos en los bancos y todas las obligaciones públicas y privadas. Mientras los créditos se pesificaban, pasando a pesos a una relación uno a uno con el dólar, los depósitos se convertían a un peso con cuarenta centavos por un dólar, creando una asimétrica relación entre activos y pasivos de los bancos. Todas las obligaciones en dólares pasaban a pesos al tipo de uno a uno. Se violaban así los contratos y los derechos de propiedad,
La inicial pretensión del gobierno de mantener un cambio fijo chocó con la oposición del Fondo, por lo que decidió entonces la flotación que llevó a una fuerte corrida contra el peso (lo que Keynes llamó huída del dinero) que hizo subir rápidamente el precio de la divisa a más del doble. Los depositantes perjudicados recurrieron a la justicia que, en muchos casos, ordenó a los bancos pagar las obligaciones en dólares en la misma moneda, por lo que el Banco Central dio redescuentos a los bancos comerciales para que pudieran pagar en pesos al tipo de cambio de mercado libre los depósitos que luego -huyendo del dinero local- se convertían en dólares. Así se advirtió que las recetas de los 30 eran inaplicabales en un país sin solvencia fiscal y con una reciente experiencia hiperinflacionaria. A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos después de la devaluación de 1933 o en la misma Argentina en la década de 1930, donde era muy elevada la demanda de dinero y las tasas de interés eran muy bajas, en la Argentina del 2002 la demanda de dinero había caído y todo el mundo quería sustituir pesos por dólares. Al gobierno no le quedaba la emisión como instrumento de la expansión económica. Esto es también lo que había pasado en Alemania durante la crisis de 1930 por las misma consecuencias de la memoria hiperinflacionaria sobre la demanda de dinero. Lo que los recomendaron la salida de la convertibilidad para expandir la economía olvidaron que esa solución fue posible en un marco de estabilidad y solvencia fiscal que aquí faltó.
Los precios subieron como consecuencia de la devaluación y cayeron los salarios reales, lo que permitió una baja del gasto público. La situación de Caja mejoró porque no se pagaron las deudas
El gobierno, que creyó que saliendo de la convertibilidad tendría el apoyo de los organismos internacionales, se encontró con que el Fondo, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, modificando una posición anterior (la que tuvo en los casos de México y de los países del sudeste asiático), considerando que no se trataba en este caso de una crisis sistémica del sistema financiero internacional, tomó a la Argentina como un caso ejemplar, para mostrar que había que penalizar comportamientos irresponsables.
El dólar llegó a casi cuatro pesos y se estuvo al borde de la hiperinflación. Luego, cambió la conducción económica. Se controló la emisión monetaria y el gasto fiscal, lo que descartó la alternativa que muchos esperaban de impulsar una fuerte expansión de la economía con gasto público financiado con emisión. Se establecieron nuevos impuesto a las exportaciones, el Banco Central redujo los redescuentos y se morigeró la caída de la demanda de dinero.
Con los nuevos planes para asistir desocupados que abarcaron a 2 millones de personas y la movilización del aparato político bonaerense del justicialismo la situación sociopolítica comenzó a calmarse. Sin tomar en cuenta las variaciones de la deuda, el gobierno logró un superávit de caja, y se estabilizó el cambio.
LOS PROBLEMAS PRÓXIMOS
La cotización del dólar bajó. En los últimos meses han aumentado los depósitos, sigue la recuperación y las estimaciones del crecimiento son más op-timistas. ¿Se terminó la crisis?, ¿estamos en un camino de recuperación y crecimiento?
Quedan problemas pendientes y esta crisis no terminó de liquidarse.
Aunque con la devaluación el gasto corriente real bajó, las cuentas públicas no están saneadas porque la deuda no disminuyó, sino que aumentó. No sólo por las obligaciones ya reconocidas por perjuicios que causaron las decisiones del gobierno, sino por los pasivos que eventualmente aparezcan por las mismas causas. Además la devaluación hizo aumentar la deuda en la unidad de cuenta en que el gobierno cobra sus impuestos, el peso. Habrá que llegar a un acuerdo de pagos a muy largo plazo para sanear las finanzas y asegurar un estado solvente. Pero para llegar a esos acuerdos se deberá, al mismo tiempo, ejecutar superávit fiscales (no encubriendo gastos con emisión de deuda) para poder cumplir con los compromisos que se asuman. No será simple, porque las medidas a adoptar provocarán resistencias en quienes quieren seguir recibiendo beneficios del estado y los que quieren que no se aumenten los impuestos. Muchas sociedades en el siglo XX han pasado por conflictos distributivos, pero probablemente ninguna tuvo la reiteración y profundidad de los que ha experimentado la Argentina con sus repetidas devaluaciones. Con la devaluación también perdieron los asalariados, empleados públicos y privados que vieron disminuir catastróficamente sus remuneraciones en términos de su poder de compra. Con ello aumentó la población bajo el nivel de pobreza.
A pesar de este panorama tan difícil, si se transita un camino de solvencia fiscal (lo que quiere decir que no habrá que temer a futuras expropiaciones) puede que el mercado descuente la confianza y vuelvan el ahorro y la inversión, condiciones para el crecimiento. Sólo cuando la gente esté convencida de que podrá gozar sin temores del producto de su trabajo realizará mayores esfuerzos, ahorrará e invertirá en emprendimientos, viejos o nuevos, dando mayores oportunidades de trabajo, aumentando el producto y con ello los salarios y las condiciones de vida de la gente.
Crónica de la crisis de un país HIPER. De la Hiper-inflación a la Hiper-recesión
Argentina, país situado en el extremo austral de Sudamérica junto con Chile, experimentó y experimenta (2001) a diferencia del último una crisis económico-financiera muy severa y prolongada (4 años).
Poner una fecha para el punto de partida de la crisis es difícil pues entonces deberíamos remontarnos a muchos años atrás y no sería el objeto de estas notas. En cambio, analizaremos la historia reciente que llevó al país a la profunda crisis que vivió y vive al momento actual, año 2001.
Éstos artículos pasan revista a las causas de la crisis invocadas por funcionarios, formadores de opinión de la Argentina y medios de información.
También revisan las soluciones invocadas y llevadas a cabo 'para evitar que la Argentina entrara en crisis'.
Para su mejor lectura ha sido dividido en varias notas que incluyen ésta.
El común denominador de lo que expondremos fue un hecho característico de la crisis, que hemos dado en llamar 'Las Soluciones económicas múltiples que no solucionan nada', esto es, lo que un viejo aforismo médico dice acerca de cuando existen muchas técnicas quirúrgicas para solucionar una patología, es porque ninguna brinda una solución adecuada. Debido a que se ensayaron durante la crisis numerosísimas soluciones, todas supuestamente concluyentes, pero que no solucionaron nada.
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En julio de 1989 el presidente Menem, cambió la política económica del país abandonando el modelo vigente durante 40 años. Menem asumió la presidencia de la Argentina en forma anticipada por la renuncia de su predecesor el Dr. Alfonsín, quien enfrentaba una crisis economica terminal caracterizada por una Hiperinflación.
Por esa época, la moneda carecía de valor, la gente se volcaba masivamente a comprar dólares, la paridad entre el austral (moneda argentina en esa época) y el dólar cambiaba minuto a minuto, lo que traía aparejado que los sueldos de los trabajadores se licuaban al ser recibidos, ya que perdían el valor adquisitivo.
Hubo recesión, producto de que la actividad económica era insostenible en esas condiciones. Como correlato de la hiperinflación existía la emisión espúrea de moneda que intentaba servír para paliar el déficit del Estado Nacional. Habiendo tenido un éxito inicial relativo con el Plan Austral elaborado por el ministro Sourrouille, debió, por no hacer reforma del Estado y corregir el déficit fiscal, enfrentar la crisis económica que terminó con su mandato anticipadamente.
En su primer mandato, el entonces presidente Menem redujo el déficit fiscal y aplicó recetas liberales otorgando vigencia a la economía de mercado, logrando estabilidad monetaria, algo impensable luego de haber sufrido varias crisis inflacionarias consecutivas y una hiperinflación.
Esto se logró con la sanción de la ley de convertibilidad. Sin embargo, las reformas de fondo no se practicaron y el financiamiento del déficit fiscal se lograba con la venta de las empresas del Estado (que ingresaron unos 40.000 millones de dólares al tesoro nacional) y la llegada de capitales de inversión al país.
Así, luego de mucho tiempo, la Argentina recuperó la moneda. El dólar dejó de ser un indicador de la decadencia económica del país.
El comercio exterior se incrementó el nivel de importaciones y de exportaciones. La preocupación era por ese entonces el saldo negativo de la balanza comercial. El ministro Cavallo explicaba como normal y útil para un país en desarrollo dicho déficit comercial, ya que según decía, era beneficioso que se importaran bienes de capital que servirían para lograr un despeque de la actividad productiva.
Esa situación estuvo inscripta en una época en que la economía mundial creció. Esto fue cierto hasta 1994, ya que en 1995 sobrevino la crisis mexicana, luego la asiática y la cesación de pagos rusa.
También se debió soportar la devaluación del Real brasilero y finalmente la transición política de 1999, cuando el ex presidente Menem le entrega el mando al presidente De la Rúa, dando fin a los intentos reeleccionistas del primero.
Para tener una magnitud de las crisis internacionales, en la del tequila el riesgo país estuvo doce meses por encima de 1000 puntos, alcanzando su acmé en 2456 puntos (con un promedio en marzo de 1837 puntos).
Sin embargo, por esos días, el comun de la gente no hablaba del riesgo país, como ocurrió durante el año 2001. Sobre el final del artículo veremos porqué antes no se habló y luego mas bien se lo publicitó.
Durante la cesación de pagos rusa el riesgo país llegó hasta 1482 puntos. Desde entonces, no se registraton subas marcadas hasta cerca de fines de abril de 2001 en que alcanzó 1300 puntos.
El riesgo país es una técnica de medición creada por el departamento de investigaciones de JP Morgan Securities. Su nombre completo es Emerging Markets Bond Index Plus (indice agregado para bonos de mercados emergentes), y sus siglas, EMBI+.
Es un complejo cálculo, que toma en cuenta en los tipos de negocios financieros en los que JP Morgan opera: bonos Brady, eurobonos, préstamos y valor del dólar en el mercado local. Indica las expectativas que el mercado tiene acerca de la capacidad de un determinado país de pagar su deuda.
A modo de ejemplo, la deuda Argentina alcanza casi al 50% del PBI (2001), a pagar en 8 años. Para comparar, Ecuador, Rusia y Bulgaria, por ejemplo están por encima del 100%.
Cuando el riesgo país subió a principios del año 2001 de forma notable, fue producto de la baja cotización de los bonos de la deuda Argentina en New York. La baja cotización ocurrió debido a un incremento notable de la venta de dichos títulos por la amenaza de default que los tenedores de dichos títulos veían venir en la Argentina. Al bajar la cotización por la venta, subía el riesgo país.
Sin embargo, antes de las crisis internacionales mencionadas y que amenazaron la estabilidad económica de la Argentina, el país vivió un boom económico que atrajo inversiones que le dieron un ritmo de crecimiento elevado. Fue la época del Boom del consumo y la toma de créditos indiscriminadamente. Esto duró hasta 1993 y parcialmente 1994.
La decadencia Argentina había comenzado ya en 1994, agravándose en 1995, y años subsiguientes por las crisis financieras internacionales y en 1999 por el intento reeleccionista del ex presidente Menem.
El paulatino incremento del déficit fiscal, la falta de empresas del Estado para vender, la disminución del flujo de capitales para invertir en el país dieron el puntapie de la gran recesión de hasta ahora, tres años.
A medida que se acercaba el final del segundo mandato del presidente Menem, la situación se hacía más insostenible. Para dar un dato ejemplificativo, 900 fábricas de zapatos cerraron desde 1995.
Comenzó a ser habitual ver quiebras de empresas, producto de la falta de competitividad por la convertibilidad con un peso sobrevaluado y créditos caros, éstos últimos como consecuencia del elevado déficit fiscal que incrementaba el riesgo país y por ende las tasas de los créditos que se tomaban.
A ésto hay que agregar un factor, la Argentina no tenía experiencia en productividad, o sea, producir bienes y servicios de calidad y de precio competitivo.
Como se dijo, el déficit fiscal fue un elemento importante, que se asociaba a la deuda externa que crecía progresivamente, a pesar de las ventas de empresas del Estado.
Jamás se usaron los fondos de la venta de dichas empresas para cancelar capital de la deuda, ya que fueron usados para financiar el déficit creciente.
DEUDA EXTERNA Y DÉFICIT FISCAL: Cuando el presidente Menem le entrega el mandato al presidente electo De la Rúa, el déficit fiscal se estimaba en 11.000 millones de pesos anuales. Considerando que la deuda externa era para mediados del 2001, de 148.000 millones de dólares (sólo la pública nacional, sin la de las provincias que rondaba unos 20.000 millones, ni la privada), el déficit anual era muy elevado.
En términos porcentuales, el déficit de un sólo año era el 7,43% del total de la deuda.
En los últimos diez años la cifra de la deuda se incrementó en 90.000 millones de dólares (1989-1999).
Cómo se constituyó?: de esa cifra, solamente para pagar los juicios al Estado, se emitieron títulos por 10.000 millones de dólares.
Las tasas de interés creciente que la floreciente economía norteamericana elevaba para enfriarse producían aumento de los intereses (servicios) de la deuda, incrementando la carga.
Otro factor que favoreció el incremento de la deuda fueron las crisis de México, Rusia, Asiatica, y del Brasil, que produjeron un incremento en el riesgo país que hizo que la Argentina tomase créditos a tasas carísimas.
Los intereses subieron en aproximadamente 2 puntos del PBI, lo que equivale a unos 6.000 millones anuales.
Otro factor, fue el aumento del desempleo, que debió palearse con subsidios, planes Trabajar, aumento de la asistencia social, programas sociales. En cinco años previos a la crisis, ésta sóla causa sumó 5.500 millones obtenidos del crédito internacional.
En 1994 primero y en 1998 después, la rebaja de los aportes patronales, significaron la friolera de 20.000 millones, que el Estado dejó de percibir. Hoy [2001] son 5.000 millones anuales.
Igual fenómeno negativo ocurrió con la creación de las AFJP, que significaron disminución de ingresos desde su creación por 22.000 millones de dólares, hoy unos 4.200 millones anuales.
Con 72.000 millones anuales de recaudación interna (datos año 2000), los servicios de la deuda se llevaron en el 2001 alrededor de 15.000 millones. El resto debe utilizarse en gastos de funcionamiento incluido sueldos y obras públicas.
Finalmente, durante el 2001 las necesidades de financiamiento son de 20.000 millones, durante el 2002 serán de 30.000 millones. Un panorama no muy diferente se plantea hasta el 2005.
Poner una fecha para el punto de partida de la crisis es difícil pues entonces deberíamos remontarnos a muchos años atrás y no sería el objeto de estas notas. En cambio, analizaremos la historia reciente que llevó al país a la profunda crisis que vivió y vive al momento actual, año 2001.
Éstos artículos pasan revista a las causas de la crisis invocadas por funcionarios, formadores de opinión de la Argentina y medios de información.
También revisan las soluciones invocadas y llevadas a cabo 'para evitar que la Argentina entrara en crisis'.
Para su mejor lectura ha sido dividido en varias notas que incluyen ésta.
El común denominador de lo que expondremos fue un hecho característico de la crisis, que hemos dado en llamar 'Las Soluciones económicas múltiples que no solucionan nada', esto es, lo que un viejo aforismo médico dice acerca de cuando existen muchas técnicas quirúrgicas para solucionar una patología, es porque ninguna brinda una solución adecuada. Debido a que se ensayaron durante la crisis numerosísimas soluciones, todas supuestamente concluyentes, pero que no solucionaron nada.
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En julio de 1989 el presidente Menem, cambió la política económica del país abandonando el modelo vigente durante 40 años. Menem asumió la presidencia de la Argentina en forma anticipada por la renuncia de su predecesor el Dr. Alfonsín, quien enfrentaba una crisis economica terminal caracterizada por una Hiperinflación.
Por esa época, la moneda carecía de valor, la gente se volcaba masivamente a comprar dólares, la paridad entre el austral (moneda argentina en esa época) y el dólar cambiaba minuto a minuto, lo que traía aparejado que los sueldos de los trabajadores se licuaban al ser recibidos, ya que perdían el valor adquisitivo.
Hubo recesión, producto de que la actividad económica era insostenible en esas condiciones. Como correlato de la hiperinflación existía la emisión espúrea de moneda que intentaba servír para paliar el déficit del Estado Nacional. Habiendo tenido un éxito inicial relativo con el Plan Austral elaborado por el ministro Sourrouille, debió, por no hacer reforma del Estado y corregir el déficit fiscal, enfrentar la crisis económica que terminó con su mandato anticipadamente.
En su primer mandato, el entonces presidente Menem redujo el déficit fiscal y aplicó recetas liberales otorgando vigencia a la economía de mercado, logrando estabilidad monetaria, algo impensable luego de haber sufrido varias crisis inflacionarias consecutivas y una hiperinflación.
Esto se logró con la sanción de la ley de convertibilidad. Sin embargo, las reformas de fondo no se practicaron y el financiamiento del déficit fiscal se lograba con la venta de las empresas del Estado (que ingresaron unos 40.000 millones de dólares al tesoro nacional) y la llegada de capitales de inversión al país.
Así, luego de mucho tiempo, la Argentina recuperó la moneda. El dólar dejó de ser un indicador de la decadencia económica del país.
El comercio exterior se incrementó el nivel de importaciones y de exportaciones. La preocupación era por ese entonces el saldo negativo de la balanza comercial. El ministro Cavallo explicaba como normal y útil para un país en desarrollo dicho déficit comercial, ya que según decía, era beneficioso que se importaran bienes de capital que servirían para lograr un despeque de la actividad productiva.
Esa situación estuvo inscripta en una época en que la economía mundial creció. Esto fue cierto hasta 1994, ya que en 1995 sobrevino la crisis mexicana, luego la asiática y la cesación de pagos rusa.
También se debió soportar la devaluación del Real brasilero y finalmente la transición política de 1999, cuando el ex presidente Menem le entrega el mando al presidente De la Rúa, dando fin a los intentos reeleccionistas del primero.
Para tener una magnitud de las crisis internacionales, en la del tequila el riesgo país estuvo doce meses por encima de 1000 puntos, alcanzando su acmé en 2456 puntos (con un promedio en marzo de 1837 puntos).
Sin embargo, por esos días, el comun de la gente no hablaba del riesgo país, como ocurrió durante el año 2001. Sobre el final del artículo veremos porqué antes no se habló y luego mas bien se lo publicitó.
Durante la cesación de pagos rusa el riesgo país llegó hasta 1482 puntos. Desde entonces, no se registraton subas marcadas hasta cerca de fines de abril de 2001 en que alcanzó 1300 puntos.
El riesgo país es una técnica de medición creada por el departamento de investigaciones de JP Morgan Securities. Su nombre completo es Emerging Markets Bond Index Plus (indice agregado para bonos de mercados emergentes), y sus siglas, EMBI+.
Es un complejo cálculo, que toma en cuenta en los tipos de negocios financieros en los que JP Morgan opera: bonos Brady, eurobonos, préstamos y valor del dólar en el mercado local. Indica las expectativas que el mercado tiene acerca de la capacidad de un determinado país de pagar su deuda.
A modo de ejemplo, la deuda Argentina alcanza casi al 50% del PBI (2001), a pagar en 8 años. Para comparar, Ecuador, Rusia y Bulgaria, por ejemplo están por encima del 100%.
Cuando el riesgo país subió a principios del año 2001 de forma notable, fue producto de la baja cotización de los bonos de la deuda Argentina en New York. La baja cotización ocurrió debido a un incremento notable de la venta de dichos títulos por la amenaza de default que los tenedores de dichos títulos veían venir en la Argentina. Al bajar la cotización por la venta, subía el riesgo país.
Sin embargo, antes de las crisis internacionales mencionadas y que amenazaron la estabilidad económica de la Argentina, el país vivió un boom económico que atrajo inversiones que le dieron un ritmo de crecimiento elevado. Fue la época del Boom del consumo y la toma de créditos indiscriminadamente. Esto duró hasta 1993 y parcialmente 1994.
La decadencia Argentina había comenzado ya en 1994, agravándose en 1995, y años subsiguientes por las crisis financieras internacionales y en 1999 por el intento reeleccionista del ex presidente Menem.
El paulatino incremento del déficit fiscal, la falta de empresas del Estado para vender, la disminución del flujo de capitales para invertir en el país dieron el puntapie de la gran recesión de hasta ahora, tres años.
A medida que se acercaba el final del segundo mandato del presidente Menem, la situación se hacía más insostenible. Para dar un dato ejemplificativo, 900 fábricas de zapatos cerraron desde 1995.
Comenzó a ser habitual ver quiebras de empresas, producto de la falta de competitividad por la convertibilidad con un peso sobrevaluado y créditos caros, éstos últimos como consecuencia del elevado déficit fiscal que incrementaba el riesgo país y por ende las tasas de los créditos que se tomaban.
A ésto hay que agregar un factor, la Argentina no tenía experiencia en productividad, o sea, producir bienes y servicios de calidad y de precio competitivo.
Como se dijo, el déficit fiscal fue un elemento importante, que se asociaba a la deuda externa que crecía progresivamente, a pesar de las ventas de empresas del Estado.
Jamás se usaron los fondos de la venta de dichas empresas para cancelar capital de la deuda, ya que fueron usados para financiar el déficit creciente.
DEUDA EXTERNA Y DÉFICIT FISCAL: Cuando el presidente Menem le entrega el mandato al presidente electo De la Rúa, el déficit fiscal se estimaba en 11.000 millones de pesos anuales. Considerando que la deuda externa era para mediados del 2001, de 148.000 millones de dólares (sólo la pública nacional, sin la de las provincias que rondaba unos 20.000 millones, ni la privada), el déficit anual era muy elevado.
En términos porcentuales, el déficit de un sólo año era el 7,43% del total de la deuda.
En los últimos diez años la cifra de la deuda se incrementó en 90.000 millones de dólares (1989-1999).
Cómo se constituyó?: de esa cifra, solamente para pagar los juicios al Estado, se emitieron títulos por 10.000 millones de dólares.
Las tasas de interés creciente que la floreciente economía norteamericana elevaba para enfriarse producían aumento de los intereses (servicios) de la deuda, incrementando la carga.
Otro factor que favoreció el incremento de la deuda fueron las crisis de México, Rusia, Asiatica, y del Brasil, que produjeron un incremento en el riesgo país que hizo que la Argentina tomase créditos a tasas carísimas.
Los intereses subieron en aproximadamente 2 puntos del PBI, lo que equivale a unos 6.000 millones anuales.
Otro factor, fue el aumento del desempleo, que debió palearse con subsidios, planes Trabajar, aumento de la asistencia social, programas sociales. En cinco años previos a la crisis, ésta sóla causa sumó 5.500 millones obtenidos del crédito internacional.
En 1994 primero y en 1998 después, la rebaja de los aportes patronales, significaron la friolera de 20.000 millones, que el Estado dejó de percibir. Hoy [2001] son 5.000 millones anuales.
Igual fenómeno negativo ocurrió con la creación de las AFJP, que significaron disminución de ingresos desde su creación por 22.000 millones de dólares, hoy unos 4.200 millones anuales.
Con 72.000 millones anuales de recaudación interna (datos año 2000), los servicios de la deuda se llevaron en el 2001 alrededor de 15.000 millones. El resto debe utilizarse en gastos de funcionamiento incluido sueldos y obras públicas.
Finalmente, durante el 2001 las necesidades de financiamiento son de 20.000 millones, durante el 2002 serán de 30.000 millones. Un panorama no muy diferente se plantea hasta el 2005.
El famoso "corralito"
En Argentina se denominó corralito a una restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa en el mes de diciembre de 2001.
El objetivo que se perseguía con estas restricciones era evitar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una corrida bancaria y el colapso del sistema. La justificación secundaria que intentó esbozar Domingo Cavallo, a cargo del Ministerio de Economía, fue lograr un mayor uso de los medios de pago electrónico, evitando así la evasión impositiva y provocando la bancarización de la población, siendo éste un beneficio para los bancos.
Antecedentes
La recesión más prolongada de la historia argentina se inició a mediados de 1998, al final del segundo mandato de Carlos Saúl Menem. El 24 de octubre de 1999, la fórmula de la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, venció al binomio peronista Eduardo Duhalde - Ramón Ortega, y fueron proclamados presidente y vicepresidente de Argentina.
El gobierno peronista dejaba un elevado déficit fiscal, de 7.350 millones de pesos en 1999, por lo que De la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas, considerando siempre como base fundamental de su programa económico el mantenimiento a rajatabla de un tipo de cambio estáticamente anclado al dólar estadounidense llamado Convertibilidad, que perjudicaba a la industria nacional, especialmente al sector exportador.
El aumento impositivo decretado sobre las clases medias y altas hacia enero de 2000, fue parte de un paquete que procuró mejorar las finanzas públicas. Sin embargo, el ajuste frenó lo que algunos especialistas afirmaban era una incipiente reactivación que se vislumbraba en los primeros meses del gobierno aliancista, con crecimiento económico en el primer cuatrimestre.
El peso de la deuda externa ahogaba al gobierno y aumentaba el déficit fiscal. Los bancos tenían una gran exposición con el gobierno nacional, y la duda de que el estado entrara en cesación de pagos, alimentaba la posibilidad de una corrida bancaria. En diciembre de 2000, el ministro de economía José Luis Machinea negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares (denominado "Blindaje"), que postergaba pagos de capital e intereses a efectos de aliviar la situación financiera del estado y recuperar la confianza.
Domingo CavalloA pesar de la medida, en marzo de 2001 comenzó la fuga de depósitos de los bancos. En enero de 2001 había depósitos por U$S 85.000 millones, para marzo se habían perdido más de 5.000 millones. Tras el alejamiento ese mismo mes de José Luis Machinea del Ministerio de Economía, se nombró para el mismo al hasta entonces ministro de Defensa Ricardo López Murphy, quien duró apenas dos semanas en el puesto debido al anuncio de una serie de medidas antipopulares, que obligaron al presidente a solicitarle la renuncia al cargo. En este contexto, el antiguo ministro de Carlos Menem y “padre de la Convertibilidad”, Domingo Cavallo, quien gozaba en ese momento de un importante prestigio entre los sectores medios y altos de la población, fue llamado a ponerse al frente Ministerio de Economía.
En junio de 2001, el gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa realizando el llamado "Megacanje" por U$S 29.500 millones. Sin embargo, la recesión y la fuga de capitales continuaron a ritmo acelerado, con el agravante adicional del descontento provocado por las medidas de ajuste que formaban parte de las condiciones solicitadas por el FMI a cambio de su ayuda.
El gobierno continuó con una serie de medidas intentando contener la situación. De esta manera, en julio sancionó la Ley 25.453 de "Déficit Cero", en agosto la Ley 25.466 de "Intangibilidad de los depósitos" cuyos dos primeros artículos establecían:
Artículo 1°: Todos los depósitos ya sean en pesos, o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, captados por las entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con las previsiones de la Ley 21.526 y sus modifícatorias, quedan comprendidos en el régimen de la presente ley. Dichos depósitos son considerados intangibles
Artículo 2°: La intangibilidad establecida en el artículo 1º consiste en: el Estado nacional en ningún caso, podrá alterar las condiciones pactadas entre el/los depositantes y la entidad financiera, esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional, u otro activo del Estado nacional, ni prorrogar el pago de los mismos, ni alterar las tasas pactadas, ni la moneda de origen, ni reestructurar los vencimientos, los que operarán en las fechas establecidas entre las partes.
Pero la profundidad de la crisis hizo que todos los indicadores cayeran bruscamente en el segundo semestre. En octubre, el desempleo fue récord: 4,8 millones entre desocupados y sub ocupados, que representaba un 18,3% de la población activa. La deuda pública llegaba a 132.000 millones de dólares. Los datos de noviembre, previos al estallido de la crisis eran devastadores, con caídas del 11,6% en la industria; 18,1% en la construcción, 27,5% en la industria automotriz, etc., la desocupación alcanzaría el 16,3% en octubre de 2001. El riesgo país fue el más alto de la historia, 5000 puntos básicos.
Los hechos
Ante el incremento del retiro de fondos de los bancos, en noviembre los depósitos habían caído a U$S 67.000 millones, el gobierno publica entonces, con fecha 3 de diciembre de 2001, el decreto 1570/2001, que establecía prohibiciones para las entidades financieras y para el público.
Manifestación contra el "corralito" en Buenos Aires, 2002
Prohibiciones para las entidades financieras
No podrán realizar operaciones activas denominadas en Pesos, ni intervenir en el mercado de futuros u opciones de monedas extranjeras, ni arbitrar directa o indirectamente con activos a plazo en Pesos. Las operaciones vigentes podrán convertirse a Dólares Estadounidenses a la relación prevista en la Ley de Convertibilidad Nº 23.928, con el consentimiento del deudor.
No podrán ofrecer tasas de interés superiores por los depósitos denominados en Pesos, respecto a las que ofrezcan por los depósitos denominados en Dólares Estadounidenses. Las operaciones vigentes podrán convertirse a moneda extranjera, a solicitud de sus titulares, a la relación prevista en la Ley de Convertibilidad Nº 23.928.
No podrán cobrar comisión alguna por la conversión de los Pesos que reciban para realizar cualquier tipo de transacción, depósito, pago, transferencia, etcétera, por Dólares Estadounidenses a la relación prevista en la Ley de Convertibilidad Nº 23.928, ni en las operaciones de conversión de Dólares Estadounidenses por Pesos, siempre que cualquiera de dichas operaciones se cursen a través de cuentas abiertas en entidades financieras.
Prohibiciones para el público
Los retiros en efectivo que superen los PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) o DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA (U$S 250) por semana, por parte del titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera.
Las transferencias al exterior, con excepción de las que correspondan a operaciones de comercio exterior, al pago de gastos o retiros que se realicen en el exterior a través de tarjetas de crédito o débito emitidas en el país, o a la cancelación de operaciones financieras o por otros conceptos, en este último caso, sujeto a que las autorice el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
Objetivos perseguidos
Los objetivos eran evitar la fuga de depósitos y evitar la especulación sobre una posible salida de la convertibilidad. Con esto en mente el gobierno de De la Rúa-Cavallo realizó una jugada desesperada para detener la amenaza de un crack bancario imponiendo una retención forzada de los depósitos y la pretendida “bancarización” de todas las transacciones, a través del uso de la tarjeta de débito.
Consecuencias
Estas medidas ahogaron todo movimiento económico, al restringir bruscamente la liquidez monetaria, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando a la “economía informal” de la cual depende la subsistencia cotidiana de una porción significativa de la población.
Una protesta contra bancos en el 2002La tensión social se incrementó con la medida, que resultó ser sumamente impopular para los ciudadanos, sobre todo los pertenecientes a la clase media, y fue detonante del estallido social del 20 y 21 de diciembre de 2001 que terminó con la renuncia del presidente De la Rúa.
Tras la caída de De la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá asume como presidente y declara el default de la deuda pública de la Argentina, la mayor cesación de pagos de un estado en la historia.
Sin embargo, el gobierno de Rodríguez Saá duró sólo una semana y el 3 de enero de 2002 asumió como presidente Eduardo Duhalde.
Corralón
Al asumir, Eduardo Duhalde aseguró que "... van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...) quien depositó pesos, recibirá pesos. Y quien depositó dólares, recibirá dólares...".
El 6 de enero de 2002, el gobierno de Duhalde promulga la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que deroga la convertibilidad y pesifica los créditos otorgados por el sistema financiero. Con fecha 9 de enero de 2002, el gobierno publica el Decreto 71/2002 que establece el nuevo tipo de cambio oficial en 1,40 pesos por dólar estadounidense. Asimismo, el citado decreto reglamenta la pesificación de las deudas de las personas físicas y jurídicas de acuerdo al esquema de cambio de UN PESO ($ 1) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) y manteniendo las demás condiciones originariamente pactadas.
El mismo 9 de enero, el gobierno reglamenta el citado decreto mediante la Resolución 6/2002 del Ministerio de Economía, que establecía la reprogramación de los depósitos en Cajas de Ahorros, Cuentas Corrientes y en Plazos Fijos de acuerdo a un cronograma en función de los montos depositados.
Posteriormente, con fecha 6 de febrero del mismo año, el gobierno promulga el Decreto N° 214/2002 llamado de “Reordenamiento del Sistema Financiero” que dispuso:
A partir de la fecha del presente Decreto quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen —judiciales o extrajudiciales — expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS.
Todos los depósitos en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a PESOS a razón de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1,40) por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE, o su equivalente en otra moneda extranjera. La entidad financiera cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada.
Todas las deudas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a PESOS a razón de UN PESO por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada.
El fin del Corralito - Corralón
El corralito finalizó oficialmente el 2 de diciembre de 2002, cuando el Ministro de Economía Roberto Lavagna anunció la liberación de los depósitos retenidos por alrededor de 21.000 millones de pesos. La medida fue acompañada por controles cambiarios, por los cuales no se permitió a ninguna persona o empresa adquirir más de 100.000 dólares.
Con fecha 28 de diciembre de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, avaló la pesificación y reprogramación de los depósitos ordenando para un caso la devolución de los fondos a razón de $ 1,40 por dólar depositado más la inflación minorista que hubo en el período más una tasa de interés anual del 4%, sentando así jurisprudencia al respecto que beneficiaría a los ahorristas que aún tienen juicios pendientes. El resultado de esa cuenta arroja una cifra de $ 3,08 por dólar que equivale aproximadamente a la cotización de la fecha en el mercado libre de cambios.
El objetivo que se perseguía con estas restricciones era evitar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una corrida bancaria y el colapso del sistema. La justificación secundaria que intentó esbozar Domingo Cavallo, a cargo del Ministerio de Economía, fue lograr un mayor uso de los medios de pago electrónico, evitando así la evasión impositiva y provocando la bancarización de la población, siendo éste un beneficio para los bancos.
Antecedentes
La recesión más prolongada de la historia argentina se inició a mediados de 1998, al final del segundo mandato de Carlos Saúl Menem. El 24 de octubre de 1999, la fórmula de la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, venció al binomio peronista Eduardo Duhalde - Ramón Ortega, y fueron proclamados presidente y vicepresidente de Argentina.
El gobierno peronista dejaba un elevado déficit fiscal, de 7.350 millones de pesos en 1999, por lo que De la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas, considerando siempre como base fundamental de su programa económico el mantenimiento a rajatabla de un tipo de cambio estáticamente anclado al dólar estadounidense llamado Convertibilidad, que perjudicaba a la industria nacional, especialmente al sector exportador.
El aumento impositivo decretado sobre las clases medias y altas hacia enero de 2000, fue parte de un paquete que procuró mejorar las finanzas públicas. Sin embargo, el ajuste frenó lo que algunos especialistas afirmaban era una incipiente reactivación que se vislumbraba en los primeros meses del gobierno aliancista, con crecimiento económico en el primer cuatrimestre.
El peso de la deuda externa ahogaba al gobierno y aumentaba el déficit fiscal. Los bancos tenían una gran exposición con el gobierno nacional, y la duda de que el estado entrara en cesación de pagos, alimentaba la posibilidad de una corrida bancaria. En diciembre de 2000, el ministro de economía José Luis Machinea negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares (denominado "Blindaje"), que postergaba pagos de capital e intereses a efectos de aliviar la situación financiera del estado y recuperar la confianza.
Domingo CavalloA pesar de la medida, en marzo de 2001 comenzó la fuga de depósitos de los bancos. En enero de 2001 había depósitos por U$S 85.000 millones, para marzo se habían perdido más de 5.000 millones. Tras el alejamiento ese mismo mes de José Luis Machinea del Ministerio de Economía, se nombró para el mismo al hasta entonces ministro de Defensa Ricardo López Murphy, quien duró apenas dos semanas en el puesto debido al anuncio de una serie de medidas antipopulares, que obligaron al presidente a solicitarle la renuncia al cargo. En este contexto, el antiguo ministro de Carlos Menem y “padre de la Convertibilidad”, Domingo Cavallo, quien gozaba en ese momento de un importante prestigio entre los sectores medios y altos de la población, fue llamado a ponerse al frente Ministerio de Economía.
En junio de 2001, el gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa realizando el llamado "Megacanje" por U$S 29.500 millones. Sin embargo, la recesión y la fuga de capitales continuaron a ritmo acelerado, con el agravante adicional del descontento provocado por las medidas de ajuste que formaban parte de las condiciones solicitadas por el FMI a cambio de su ayuda.
El gobierno continuó con una serie de medidas intentando contener la situación. De esta manera, en julio sancionó la Ley 25.453 de "Déficit Cero", en agosto la Ley 25.466 de "Intangibilidad de los depósitos" cuyos dos primeros artículos establecían:
Artículo 1°: Todos los depósitos ya sean en pesos, o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, captados por las entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con las previsiones de la Ley 21.526 y sus modifícatorias, quedan comprendidos en el régimen de la presente ley. Dichos depósitos son considerados intangibles
Artículo 2°: La intangibilidad establecida en el artículo 1º consiste en: el Estado nacional en ningún caso, podrá alterar las condiciones pactadas entre el/los depositantes y la entidad financiera, esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional, u otro activo del Estado nacional, ni prorrogar el pago de los mismos, ni alterar las tasas pactadas, ni la moneda de origen, ni reestructurar los vencimientos, los que operarán en las fechas establecidas entre las partes.
Pero la profundidad de la crisis hizo que todos los indicadores cayeran bruscamente en el segundo semestre. En octubre, el desempleo fue récord: 4,8 millones entre desocupados y sub ocupados, que representaba un 18,3% de la población activa. La deuda pública llegaba a 132.000 millones de dólares. Los datos de noviembre, previos al estallido de la crisis eran devastadores, con caídas del 11,6% en la industria; 18,1% en la construcción, 27,5% en la industria automotriz, etc., la desocupación alcanzaría el 16,3% en octubre de 2001. El riesgo país fue el más alto de la historia, 5000 puntos básicos.
Los hechos
Ante el incremento del retiro de fondos de los bancos, en noviembre los depósitos habían caído a U$S 67.000 millones, el gobierno publica entonces, con fecha 3 de diciembre de 2001, el decreto 1570/2001, que establecía prohibiciones para las entidades financieras y para el público.
Manifestación contra el "corralito" en Buenos Aires, 2002
Prohibiciones para las entidades financieras
No podrán realizar operaciones activas denominadas en Pesos, ni intervenir en el mercado de futuros u opciones de monedas extranjeras, ni arbitrar directa o indirectamente con activos a plazo en Pesos. Las operaciones vigentes podrán convertirse a Dólares Estadounidenses a la relación prevista en la Ley de Convertibilidad Nº 23.928, con el consentimiento del deudor.
No podrán ofrecer tasas de interés superiores por los depósitos denominados en Pesos, respecto a las que ofrezcan por los depósitos denominados en Dólares Estadounidenses. Las operaciones vigentes podrán convertirse a moneda extranjera, a solicitud de sus titulares, a la relación prevista en la Ley de Convertibilidad Nº 23.928.
No podrán cobrar comisión alguna por la conversión de los Pesos que reciban para realizar cualquier tipo de transacción, depósito, pago, transferencia, etcétera, por Dólares Estadounidenses a la relación prevista en la Ley de Convertibilidad Nº 23.928, ni en las operaciones de conversión de Dólares Estadounidenses por Pesos, siempre que cualquiera de dichas operaciones se cursen a través de cuentas abiertas en entidades financieras.
Prohibiciones para el público
Los retiros en efectivo que superen los PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) o DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA (U$S 250) por semana, por parte del titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera.
Las transferencias al exterior, con excepción de las que correspondan a operaciones de comercio exterior, al pago de gastos o retiros que se realicen en el exterior a través de tarjetas de crédito o débito emitidas en el país, o a la cancelación de operaciones financieras o por otros conceptos, en este último caso, sujeto a que las autorice el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
Objetivos perseguidos
Los objetivos eran evitar la fuga de depósitos y evitar la especulación sobre una posible salida de la convertibilidad. Con esto en mente el gobierno de De la Rúa-Cavallo realizó una jugada desesperada para detener la amenaza de un crack bancario imponiendo una retención forzada de los depósitos y la pretendida “bancarización” de todas las transacciones, a través del uso de la tarjeta de débito.
Consecuencias
Estas medidas ahogaron todo movimiento económico, al restringir bruscamente la liquidez monetaria, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando a la “economía informal” de la cual depende la subsistencia cotidiana de una porción significativa de la población.
Una protesta contra bancos en el 2002La tensión social se incrementó con la medida, que resultó ser sumamente impopular para los ciudadanos, sobre todo los pertenecientes a la clase media, y fue detonante del estallido social del 20 y 21 de diciembre de 2001 que terminó con la renuncia del presidente De la Rúa.
Tras la caída de De la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá asume como presidente y declara el default de la deuda pública de la Argentina, la mayor cesación de pagos de un estado en la historia.
Sin embargo, el gobierno de Rodríguez Saá duró sólo una semana y el 3 de enero de 2002 asumió como presidente Eduardo Duhalde.
Corralón
Al asumir, Eduardo Duhalde aseguró que "... van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...) quien depositó pesos, recibirá pesos. Y quien depositó dólares, recibirá dólares...".
El 6 de enero de 2002, el gobierno de Duhalde promulga la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que deroga la convertibilidad y pesifica los créditos otorgados por el sistema financiero. Con fecha 9 de enero de 2002, el gobierno publica el Decreto 71/2002 que establece el nuevo tipo de cambio oficial en 1,40 pesos por dólar estadounidense. Asimismo, el citado decreto reglamenta la pesificación de las deudas de las personas físicas y jurídicas de acuerdo al esquema de cambio de UN PESO ($ 1) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) y manteniendo las demás condiciones originariamente pactadas.
El mismo 9 de enero, el gobierno reglamenta el citado decreto mediante la Resolución 6/2002 del Ministerio de Economía, que establecía la reprogramación de los depósitos en Cajas de Ahorros, Cuentas Corrientes y en Plazos Fijos de acuerdo a un cronograma en función de los montos depositados.
Posteriormente, con fecha 6 de febrero del mismo año, el gobierno promulga el Decreto N° 214/2002 llamado de “Reordenamiento del Sistema Financiero” que dispuso:
A partir de la fecha del presente Decreto quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen —judiciales o extrajudiciales — expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS.
Todos los depósitos en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a PESOS a razón de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1,40) por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE, o su equivalente en otra moneda extranjera. La entidad financiera cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada.
Todas las deudas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a PESOS a razón de UN PESO por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada.
El fin del Corralito - Corralón
El corralito finalizó oficialmente el 2 de diciembre de 2002, cuando el Ministro de Economía Roberto Lavagna anunció la liberación de los depósitos retenidos por alrededor de 21.000 millones de pesos. La medida fue acompañada por controles cambiarios, por los cuales no se permitió a ninguna persona o empresa adquirir más de 100.000 dólares.
Con fecha 28 de diciembre de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, avaló la pesificación y reprogramación de los depósitos ordenando para un caso la devolución de los fondos a razón de $ 1,40 por dólar depositado más la inflación minorista que hubo en el período más una tasa de interés anual del 4%, sentando así jurisprudencia al respecto que beneficiaría a los ahorristas que aún tienen juicios pendientes. El resultado de esa cuenta arroja una cifra de $ 3,08 por dólar que equivale aproximadamente a la cotización de la fecha en el mercado libre de cambios.
Las mil caras de Peronismo
La falta de alternativas políticas permitió al partido creado por Perón volver al poder a pesar del nefasto precedente de sus gobiernos
ROBERTO MONTOYA
1945-2002. La dura batalla interna del peronismo que precedió la elección como presidente interino de Argentina, primero, de Adolfo Rodríguez Saá, y, finalmente, de Eduardo Duhalde, reflejó la encarnizada lucha, a veces a muerte, que las distintas familias y barones del Partido Justicialista (PJ, peronista) vienen librando desde su creación hace seis décadas y que se agudizó a partir del 1 de julio de 1974. Fue en esa fecha cuando murió su conductor, el general Juan Domingo Perón, meses después de asumir por tercera vez la Presidencia de Argentina.
Entre su derrocamiento, en 1956, y su retorno al poder, en 1974, transcurrieron 18 años de exilio dorado en Madrid, bajo la tutela de la dictadura franquista. Durante esos años Perón logró controlar con mano de hierro a las distintas corrientes internas de su partido, algunas de ellas enfrentadas entre sí a muerte. En la finca 17 de Octubre, en la madrileña y exclusiva Puerta de Hierro, y no en Buenos Aires, se promovía o destronaba a tal dirigente nacional, regional, juvenil, o sindical y se decidía la estrategia del movimiento.
El Partido Justicialista (PJ) ha sufrido escasas y poco significativas escisiones durante sus seis décadas de existencia y esto no ha sido por falta de discrepancias internas, sino fundamentalmente por oportunismo, por supervivencia política. Ninguno de los barones del partido se atreve hoy día a desembarazarse de la mítica tutela de Perón y Evita. Todos reivindican ser sus verdaderos herederos, todos recurren demagógicamente a la «Marcha peronista» (himno del PJ) -que dice en sus estribillos: «Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos...»-, cuando quieren unir filas frente a un enemigo externo.
PULSO CON EEUU
El golpe de Estado de 1930 con el que el general Uriburu, representante de la oligarquía terrateniente agropecuaria, derrocó al Gobierno reformista de Hipólito Irigoyen, expresión de la clase media y la incipiente industria nacional, inauguró la era de los golpes militares del siglo XX en Argentina.
Mientras un sector liberal del Ejército promovía la ruptura de la tradicional dependencia económica de Gran Bretaña y el acercamiento con EEUU, otro sector militar nacionalista, aglutinado en el GOU (Grupo Obra de Unificación), al que pertenecía Perón, abogaba por un régimen capitalista independiente, que basara el crecimiento industrial en el mercado interno, bajo dirección del Estado. Ambos sectores, opuestos al régimen conservador y autoritario de Ramón S. Castillo, protagonizaron conjuntamente una sublevación militar el 4 de junio de 1943, pero sus diferencias estallarían pronto.
Tras ser agregado militar en Italia en épocas del Duce, Juan Domingo Perón fue nombrado teniente coronel y quedó a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que le permitió ir ganando cada vez más popularidad, al crear el Estatuto del Peón Rural y obligar a cumplir leyes laborales existentes pero no aplicadas.
Estados Unidos, preocupado por las buenas relaciones de los militares nacionalistas argentinos con Mussolini y Hitler, exigió a Argentina su ruptura de relaciones con el Eje, y tras conseguirlo, congeló las reservas de oro argentino, por la negativa del Gobierno de Buenos Aires a participar en sus planes de defensa continental. EEUU llegó a utilizar de una manera descarada a su embajador en Buenos Aires, Spruille Braden -más tarde elegido secretario de Estado adjunto- para la lucha política contra Perón.
Braden no dudaba en ponerse al frente de marchas callejeras contra Perón protagonizadas por fuerzas variopintas, que iban desde los conservadores prooligárquicos con socialistas y hasta el poderoso Partido Comunista argentino. Socialistas y comunistas pagarían cara esa alianza, que les llevaría a apoyar incluso el golpe militar de 1955 contra Perón. Esto haría que el control de los sindicatos pasara pronto de manos socialistas y comunistas a peronistas.
Washington obtuvo la complicidad de un sector del Ejército argentino para despojar a Perón de todos sus cargos, encarcelándolo en la isla de Martín García. Grave error de cálculo. Eva Duarte, Evita, logró sacarlo de allí tras movilizar el 17 de octubre de 1945 a cientos de miles de trabajadores en la Plaza de Mayo.
Perón salió de la prisión fortalecido, blandiendo como eslogan electoral el simbólico «Braden o Perón». Cuatro meses más tarde, obtuvo, como candidato del flamante Partido Laborista, casi 1.500.000 de votos frente a 1.200.000 de la variopinta Unión Democrática.
PERON AL PODER
Perón heredó unas arcas del Estado repletas tras años de superávit comercial, y se benefició del gran aumento de las exportaciones experimentado desde 1945, provocado fundamentalmente por las demandas provenientes de una Europa destrozada por la guerra.
Entre 1945 y 1949 el PIB creció casi un 30%; los servicios públicos, entre ellos los ferrocarriles, de propiedad británica, pasaron a manos del Estado, aunque en medio de la euforia nacionalizadora se indemnizara a veces a precio de oro a propietarios de empresas claramente deficitarias.
En Argentina desapareció el paro, los salarios de los trabajadores subieron hasta un 40%. Evita Perón, desde la fundación que llevaba su nombre, inauguraba hospitales, escuelas, asilos de ancianos, visitaba enfermos y hogares humildes, escuchaba sus demandas, convirtiéndose durante su efímera vida (murió enferma en 1952) en un verdadero mito para los descamisados. En política exterior, Perón abogaba por la Tercera Posición, una «alternativa al capitalismo salvaje sin caer en las garras opresoras del colectivismo comunista». En la otra cara de la moneda, Perón comenzó a agudizar sus rasgos corporativistas y autoritarios. Eliminó de un plumazo el Partido Laborista, cuya dirección pretendía mantener independencia frente a su líder, y creó el Partido Peronista (luego renombrado Justicialista); nombró a dedo a los líderes de la CGT, dotándolos de prebendas, haciendo que los sindicatos se convirtieran en su más importante sostén.
Los venales burócratas sindicales, desde esa época en adelante dueños de garitos, caballos de carrera, importantes propiedades inmobiliarias y coches de lujo, tanto movilizaban a los trabajadores en autobuses y trenes para actos públicos de Perón y Evita, como lanzaban sus bandas de matones a boicotear cualquier acto de la oposición.
Perón complementó las acciones de censura y hostigamiento a la oposición con los ataques terroristas de la Alianza Libertadora Nacionalista, dirigida por el ultraderechista Patricio Kelly, que tenía como blancos predilectos los locales y dirigentes del Partido Comunista. En 1949 Perón hizo aprobar una reforma constitucional para permitir su reelección por un número indefinido de mandatos, algo que volvió a hacer muchos años más tarde otro presidente peronista, Carlos Menem. En el último periodo del primer Gobierno de Perón se empezaron a notar las consecuencias de la gran caída de las exportaciones y el hecho de no haber aprovechado la época de las vacas gordas para impulsar un desarrollo productivo diversificado.
LA REELECCION
A pesar de ello, el 11 de noviembre de 1951, dos meses después de abortar un golpe militar conservador en su contra, Perón obtuvo su reelección en las urnas, con el 64% de los votos.
Para hacer frente a la crisis económica, Perón impuso a los trabajadores, gracias al inestimable papel jugado por la burocracia sindical, una política de contención salarial que tiró por tierra las conquistas logradas pocos años antes y redujo los salarios a niveles inferiores a los existentes en 1946.
Para evitar perder el control de la situación, Perón endureció sus rasgos autoritarios... hasta que se enfrentó con la Iglesia católica. A pesar de que en 1947 había impuesto por ley la enseñanza obligatoria de la religión en todas las escuelas, su intento de peronizar cada vez más la enseñanza, de hacer idolatrar su propia figura y la de su esposa, de hacer obligatorios cánticos en su honor y manuales de estudio propios de una dictadura, provocó un choque frontal con la jerarquía eclesiástica. El vaso de agua se desbordó cuando Perón intentó hacer canonizar a Evita.
Como represalia a la negativa de la Iglesia, Perón retiró las subvenciones a los colegios religiosos, y anunció la legalización del divorcio y la prostitución. Fue una declaración de guerra.
Los ataques de las huestes partidarias peronistas pasaron de centrarse en Braden para dedicarse a la Iglesia. Esta, a su vez, comenzó a participar activamente en la lucha política.
GOLPE 'GORILA'
Uno y otro bando convocaban periódicas y masivas movilizaciones callejeras. Había clima de preguerra civil, regía el estado de sitio. En un intento desesperado por evitar su caída, Perón levantó la censura a la prensa y renunció a la dirección del Partido Peronista, pero su suerte ya estaba echada.
Poco después de que Perón asegurara a sus seguidores de que «caerán cinco de ellos (los opositores) por cada uno de los nuestros» tuvo lugar el más que anunciado golpe militar gorila (antiperonista), que contó con el abierto apoyo de la Iglesia y de una buena parte de la sociedad civil. Fue el 16 de septiembre de 1956. Muchos activistas peronistas fueron fusilados tras juicios marciales sumarios.
Perón se refugiaría inicialmente en un barco paraguayo y posteriormente en Madrid. La proscripción del peronismo durante años, lejos de sepultar políticamente a su líder, lo convirtió en un mito.
La sociedad quedó dividida entre peronistas y no peronistas.
GOBIERNO RADICAL
La autollamada Revolución Libertadora que dio el golpe de Estado contra Perón, terminó convocando elecciones en 1963. Ante la prohibición al peronismo de presentarse a la contienda electoral, la Unión Cívica Radical, sin oposición, aupó en el poder a Arturo Umberto Illia, con sólo el 25% de los votos emitidos. Los votos en blanco (del peronismo) supusieron el 21,3% de los votos computados.
A pesar del aumento del PIB en un 7,8% (en 1965) y del índice de empleo (el desempleo bajó al 4,4% ese año), el peronismo hizo sentir rápidamente su fuerza a través de los sindicatos, que boicoteaban toda la acción del Gobierno, castigándolo con cotidianas huelgas generales, y dirigiendo una ola de sabotajes.
La ofensiva peronista no logró sin embargo solidificar su frente interno. Las huestes de poderosos burócratas sindicales peronistas, como Alonso y Vandor (asesinado en 1969), se enfrentaban a tiros, acudiendo cada sector por separado ante el exiliado Perón en busca de apoyo. El clima de inestabilidad social hizo que grandes empresarios industriales y poderosos ganaderos golpearan las puertas de los cuarteles en busca de un salvador que pusiera orden en el país. Otro golpe militar, esta vez llamado Revolución Argentina, encabezado por el comandante en jefe del Ejército, el general Juan Carlos Onganía y respaldado por EEUU, derrocó por las armas a Illia, implantando una dictadura que perduraría hasta 1973. La congelación salarial, la devaluación de la moneda en un 40%, la intervención de las universidades, medios de comunicación y sindicatos, fueron fuertemente contestadas.
EL 'CORDOBAZO'
En 1969 se produjo una insurrección popular espontánea, el Cordobazo, de grandes dimensiones y de inusitada violencia, en la provincia de Córdoba, a 800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, encabezada por estudiantes universitarios y obreros cualificados, que terminó aglutinando a decenas de miles de personas.
Barrios enteros de Córdoba quedaron en manos de los insurrectos, que hicieron frente durante días a fuertes contingentes del Ejército, choques que se saldaron con varios muertos y decenas de heridos. Sin embargo, la impotencia de los manifestantes ante la impresionante maquinaria de guerra del Ejército, que se reproduciría un año más tarde ante otro levantamiento similar, el Rosariazo, terminó traduciéndose en la aparición de organizaciones políticas de nuevo tipo, que rompían con los moldes de los partidos tradicionales. Así surgieron organizaciones político-militares tanto de origen guevarista -la principal de ellas el Ejército Revolucionario del Pueblo-, como aquellas que reivindicaban su pertenencia a la familia peronista -la más poderosa, Montoneros- y reconocían el liderazgo del caudillo (Perón), pero rechazaban a la cúpula del PJ y a la burocracia sindical enquistada en la CGT.
Jaqueada por una protesta callejera y en las universidades cada vez más extendida, una movilización sindical en la que comenzaban a desarrollarse por primera vez corrientes clasistas antiburocráticas, y un creciente accionar guerrillero, la dictadura optó por preparar sus maletas. El último jefe de la Junta Militar en el poder, el general Lanusse, propuso a los partidos políticos un Gran Acuerdo Nacional «contra la subversión apátrida», anunciando elecciones generales y el fin de la proscripción del Partido Justicialista.
EL RETORNO
Dirigentes de las distintas ramas del peronismo comenzaron a visitar con ritmo frenético al caudillo en Madrid, tratando de asegurarse su apoyo ante la nueva situación creada.
El viejo líder populista no dudó en palmear la espalda de todos los que lo visitaban, aunque en realidad los proyectos de unos y otros fueran opuestos.
Primero, tantearía a través de un testaferro político, Héctor Cámpora, el grado de aceptación electoral del peronismo. Cámpora, un dentista moderado del PJ, honesto, sin carisma, poco conocido por el electorado, al que Perón eligió para evitar la lucha entre los distintos jerifaltes peronistas, triunfó a la cabeza del Frejuli (Frente Justicialista de Liberación), en las elecciones del 11 de marzo de 1973, con casi el 50% de los votos emitidos. La euforia inicial en las filas peronistas y en muchos sectores antes opuestos a Perón, que creyeron ver en Cámpora la nueva cara progresista del justicialismo, se acabaría pronto. Los sectores más radicales del peronismo, Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que intentaban desbordar a la dirección del PJ por la izquierda, pasaron a controlar totalmente la Juventud Peronista (rama del PJ), sacando decenas de miles de personas a la calle, junto a fuerzas de la extrema izquierda.
Estos sectores promovieron y consiguieron -movilizando a cerca de un millón de personas el 25 de mayo de 1973 ante las puertas de la cárcel bonaerense de Villa Devoto- la liberación de todos los presos políticos, en ese momento unos 500. La situación se descontroló, los sectores radicales lograron pesar cada vez más en el frágil Gobierno del tío Cámpora. Perón decidió actuar, debía volver a Argentina para controlar la situación personalmente.
Tras la llegada de Perón a Argentina y la matanza de Ezeiza que tuvo lugar el mismo día de su retorno, Cámpora, presionado por la derecha peronista, que contaba con el apoyo abierto de Perón, presentó su dimisión.
En septiembre Perón volvía a triunfar en las urnas con el 62% de los votos. Inició su mandato el 12 de octubre de 1973, pero murió el 1 de julio de 1974. Fue sustituido en su cargo por su segunda esposa, Isabelita Martínez.
'ISABELITA' AL PODER
Sin contar con el margen de maniobra de Perón en los años 40 y 50, sin la fuerza y carisma de Evita, y con el peronismo cada vez más fragmentado, Isabelita representó la imagen patética, grotesca y cruel del peronismo.
Le bastaron pocos meses en el poder para desbaratar las delicadas componendas realizadas por Perón en el seno del partido y con la oposición.
El dúo Isabelita y López Rega -primero su asesor y luego ministro de Bienestar Social y hombre fuerte del régimen- potenció al sector más ultraderechista del justicialismo, trazándose como principal objetivo la aniquilación física de todos sus enemigos, internos y externos.
La hostilidad hacia la oposición y los medios de comunicación era asfixiante. La paramilitar Alianza Anticomunista Argentina (AAA), dirigida por López Rega y compuesta por militares, policías y matones sindicales, asesinó en menos de dos años, con total impunidad a plena luz del día, a más de 1.000 activistas juveniles, barriales, estudiantiles o sindicales, periodistas.
Montoneros mataba por su parte a burócratas sindicales y torturadores, y el ERP pasaba del asalto de comisarías a tomas de guarniciones militares y ejecuciones de altos oficiales.
Ante la impotencia de la represión legal y del terrorismo de Estado, para hacer frente a las movilizaciones obreras cada vez más radicales y al vertiginoso aumento del accionar guerrillero, Isabelita ordenó por decreto a las Fuerzas Armadas «aniquilar al enemigo subversivo».
Estas se adueñarían pronto de la situación y prepararían el golpe militar del 24 de marzo de 1976, con el que iniciarían el genocidio de 30.000 personas.
LA DECADA DE MENEM
El nefasto recuerdo del último Gobierno peronista, el de Isabelita, hizo que los argentinos, una vez recuperada la democracia tras siete años de terror, votaran masivamente en las urnas al candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Este, zarandeado por varias intentonas golpistas de los militares carapintadas, hostigado por el peronismo desde el Congreso y varias gobernaciones de provincia y por la burocracia sindical, y víctima de su propia ineptitud para salir de la grave crisis económica heredada, terminaría su mandato con una población mayoritariamente en contra.
Esta situación permitiría que, una vez más, los argentinos decidieran confiar en las promesas de otro peronista de típico corte populista: Carlos Saúl Menem. Este acudió a las urnas teniendo como candidato a vicepresidente a un caudillo bonaerense cuyo peso crecía día a día. Se trataba de Eduardo Duhalde, el actual presidente.
Menem no tuvo empacho en conjugar el tradicional discurso populista con una política ultraliberal y proamericana, que sólo consiguió agudizar aún más la crisis; descapitalizó el país, hundió su economía y elevó la deuda externa hasta límites extremos. Con Menem se generalizó la cultura de la corrupción no sólo en el ámbito de las grandes privatizaciones de empresas públicas, sino también en el mundo de la política, la Justicia, en la vida cotidiana.
Menem, sus familiares y amigos se vieron envueltos en escándalos de corrupción, en turbios negocios de drogas y tráfico ilegal de armas y en acciones gansteriles contra sus adversarios.
Por ello, el peronismo fue castigado duramente en las urnas en 1999, pero, a fines de 2001, tras el fracaso del Gobierno de Fernando de la Rúa, la rueda de la Historia hizo que, sin mediar elecciones, los peronistas volvieran al poder.
No es difícil entender los actuales cacerolazos. No resulta fácil confiar en que un barón como Duhalde, que ha estado inmerso durante años en las luchas internas y conspiraciones del peronismo, que se ha visto salpicado por sonados escándalos de corrupción durante sus ocho años como gobernador de la provincia de Buenos Aires -a la que dejó en bancarrota-, quiera y pueda desembarazarse de esa pesada historia, de ese anquilosado aparato partidario, de la influyente y corrupta burocracia sindical. En suma, de toda una forma de hacer política.
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La 'matanza de Ezeiza'
La gran fiesta popular con la que Perón esperaba que lo recibieran los argentinos el 20 de junio de 1973, al volver definitivamente a Argentina tras 18 años de exilio, terminó en un baño de sangre. Los sectores más radicales del peronismo, con la organización guerrillera Montoneros y sus distintas estructuras legales a la cabeza, lograron concentrar en el aeropuerto de Buenos Aires a cerca de un millón de personas. Con ello pretendían desbordar a la dirección peronista por la izquierda, seguros de que el general reconocería su peso y se pronunciaría a su favor. Sin embargo, la burocracia peronista no estaba dispuesta a perder terreno. Movilizó a cientos de hombres armados, muchos de ellos policías y militares en activo o retirados, que coparon el palco de recepción y puntos estratégicos del aeropuerto. Las columnas radicales fueron recibidas a tiros, muriendo al menos 13 personas y resultando heridas más de 200. Perón, que tuvo que aterrizar en otro aeropuerto, no sólo no pidió ninguna investigación de los hechos, sino que respaldó a los agresores.
ROBERTO MONTOYA
1945-2002. La dura batalla interna del peronismo que precedió la elección como presidente interino de Argentina, primero, de Adolfo Rodríguez Saá, y, finalmente, de Eduardo Duhalde, reflejó la encarnizada lucha, a veces a muerte, que las distintas familias y barones del Partido Justicialista (PJ, peronista) vienen librando desde su creación hace seis décadas y que se agudizó a partir del 1 de julio de 1974. Fue en esa fecha cuando murió su conductor, el general Juan Domingo Perón, meses después de asumir por tercera vez la Presidencia de Argentina.
Entre su derrocamiento, en 1956, y su retorno al poder, en 1974, transcurrieron 18 años de exilio dorado en Madrid, bajo la tutela de la dictadura franquista. Durante esos años Perón logró controlar con mano de hierro a las distintas corrientes internas de su partido, algunas de ellas enfrentadas entre sí a muerte. En la finca 17 de Octubre, en la madrileña y exclusiva Puerta de Hierro, y no en Buenos Aires, se promovía o destronaba a tal dirigente nacional, regional, juvenil, o sindical y se decidía la estrategia del movimiento.
El Partido Justicialista (PJ) ha sufrido escasas y poco significativas escisiones durante sus seis décadas de existencia y esto no ha sido por falta de discrepancias internas, sino fundamentalmente por oportunismo, por supervivencia política. Ninguno de los barones del partido se atreve hoy día a desembarazarse de la mítica tutela de Perón y Evita. Todos reivindican ser sus verdaderos herederos, todos recurren demagógicamente a la «Marcha peronista» (himno del PJ) -que dice en sus estribillos: «Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos...»-, cuando quieren unir filas frente a un enemigo externo.
PULSO CON EEUU
El golpe de Estado de 1930 con el que el general Uriburu, representante de la oligarquía terrateniente agropecuaria, derrocó al Gobierno reformista de Hipólito Irigoyen, expresión de la clase media y la incipiente industria nacional, inauguró la era de los golpes militares del siglo XX en Argentina.
Mientras un sector liberal del Ejército promovía la ruptura de la tradicional dependencia económica de Gran Bretaña y el acercamiento con EEUU, otro sector militar nacionalista, aglutinado en el GOU (Grupo Obra de Unificación), al que pertenecía Perón, abogaba por un régimen capitalista independiente, que basara el crecimiento industrial en el mercado interno, bajo dirección del Estado. Ambos sectores, opuestos al régimen conservador y autoritario de Ramón S. Castillo, protagonizaron conjuntamente una sublevación militar el 4 de junio de 1943, pero sus diferencias estallarían pronto.
Tras ser agregado militar en Italia en épocas del Duce, Juan Domingo Perón fue nombrado teniente coronel y quedó a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que le permitió ir ganando cada vez más popularidad, al crear el Estatuto del Peón Rural y obligar a cumplir leyes laborales existentes pero no aplicadas.
Estados Unidos, preocupado por las buenas relaciones de los militares nacionalistas argentinos con Mussolini y Hitler, exigió a Argentina su ruptura de relaciones con el Eje, y tras conseguirlo, congeló las reservas de oro argentino, por la negativa del Gobierno de Buenos Aires a participar en sus planes de defensa continental. EEUU llegó a utilizar de una manera descarada a su embajador en Buenos Aires, Spruille Braden -más tarde elegido secretario de Estado adjunto- para la lucha política contra Perón.
Braden no dudaba en ponerse al frente de marchas callejeras contra Perón protagonizadas por fuerzas variopintas, que iban desde los conservadores prooligárquicos con socialistas y hasta el poderoso Partido Comunista argentino. Socialistas y comunistas pagarían cara esa alianza, que les llevaría a apoyar incluso el golpe militar de 1955 contra Perón. Esto haría que el control de los sindicatos pasara pronto de manos socialistas y comunistas a peronistas.
Washington obtuvo la complicidad de un sector del Ejército argentino para despojar a Perón de todos sus cargos, encarcelándolo en la isla de Martín García. Grave error de cálculo. Eva Duarte, Evita, logró sacarlo de allí tras movilizar el 17 de octubre de 1945 a cientos de miles de trabajadores en la Plaza de Mayo.
Perón salió de la prisión fortalecido, blandiendo como eslogan electoral el simbólico «Braden o Perón». Cuatro meses más tarde, obtuvo, como candidato del flamante Partido Laborista, casi 1.500.000 de votos frente a 1.200.000 de la variopinta Unión Democrática.
PERON AL PODER
Perón heredó unas arcas del Estado repletas tras años de superávit comercial, y se benefició del gran aumento de las exportaciones experimentado desde 1945, provocado fundamentalmente por las demandas provenientes de una Europa destrozada por la guerra.
Entre 1945 y 1949 el PIB creció casi un 30%; los servicios públicos, entre ellos los ferrocarriles, de propiedad británica, pasaron a manos del Estado, aunque en medio de la euforia nacionalizadora se indemnizara a veces a precio de oro a propietarios de empresas claramente deficitarias.
En Argentina desapareció el paro, los salarios de los trabajadores subieron hasta un 40%. Evita Perón, desde la fundación que llevaba su nombre, inauguraba hospitales, escuelas, asilos de ancianos, visitaba enfermos y hogares humildes, escuchaba sus demandas, convirtiéndose durante su efímera vida (murió enferma en 1952) en un verdadero mito para los descamisados. En política exterior, Perón abogaba por la Tercera Posición, una «alternativa al capitalismo salvaje sin caer en las garras opresoras del colectivismo comunista». En la otra cara de la moneda, Perón comenzó a agudizar sus rasgos corporativistas y autoritarios. Eliminó de un plumazo el Partido Laborista, cuya dirección pretendía mantener independencia frente a su líder, y creó el Partido Peronista (luego renombrado Justicialista); nombró a dedo a los líderes de la CGT, dotándolos de prebendas, haciendo que los sindicatos se convirtieran en su más importante sostén.
Los venales burócratas sindicales, desde esa época en adelante dueños de garitos, caballos de carrera, importantes propiedades inmobiliarias y coches de lujo, tanto movilizaban a los trabajadores en autobuses y trenes para actos públicos de Perón y Evita, como lanzaban sus bandas de matones a boicotear cualquier acto de la oposición.
Perón complementó las acciones de censura y hostigamiento a la oposición con los ataques terroristas de la Alianza Libertadora Nacionalista, dirigida por el ultraderechista Patricio Kelly, que tenía como blancos predilectos los locales y dirigentes del Partido Comunista. En 1949 Perón hizo aprobar una reforma constitucional para permitir su reelección por un número indefinido de mandatos, algo que volvió a hacer muchos años más tarde otro presidente peronista, Carlos Menem. En el último periodo del primer Gobierno de Perón se empezaron a notar las consecuencias de la gran caída de las exportaciones y el hecho de no haber aprovechado la época de las vacas gordas para impulsar un desarrollo productivo diversificado.
LA REELECCION
A pesar de ello, el 11 de noviembre de 1951, dos meses después de abortar un golpe militar conservador en su contra, Perón obtuvo su reelección en las urnas, con el 64% de los votos.
Para hacer frente a la crisis económica, Perón impuso a los trabajadores, gracias al inestimable papel jugado por la burocracia sindical, una política de contención salarial que tiró por tierra las conquistas logradas pocos años antes y redujo los salarios a niveles inferiores a los existentes en 1946.
Para evitar perder el control de la situación, Perón endureció sus rasgos autoritarios... hasta que se enfrentó con la Iglesia católica. A pesar de que en 1947 había impuesto por ley la enseñanza obligatoria de la religión en todas las escuelas, su intento de peronizar cada vez más la enseñanza, de hacer idolatrar su propia figura y la de su esposa, de hacer obligatorios cánticos en su honor y manuales de estudio propios de una dictadura, provocó un choque frontal con la jerarquía eclesiástica. El vaso de agua se desbordó cuando Perón intentó hacer canonizar a Evita.
Como represalia a la negativa de la Iglesia, Perón retiró las subvenciones a los colegios religiosos, y anunció la legalización del divorcio y la prostitución. Fue una declaración de guerra.
Los ataques de las huestes partidarias peronistas pasaron de centrarse en Braden para dedicarse a la Iglesia. Esta, a su vez, comenzó a participar activamente en la lucha política.
GOLPE 'GORILA'
Uno y otro bando convocaban periódicas y masivas movilizaciones callejeras. Había clima de preguerra civil, regía el estado de sitio. En un intento desesperado por evitar su caída, Perón levantó la censura a la prensa y renunció a la dirección del Partido Peronista, pero su suerte ya estaba echada.
Poco después de que Perón asegurara a sus seguidores de que «caerán cinco de ellos (los opositores) por cada uno de los nuestros» tuvo lugar el más que anunciado golpe militar gorila (antiperonista), que contó con el abierto apoyo de la Iglesia y de una buena parte de la sociedad civil. Fue el 16 de septiembre de 1956. Muchos activistas peronistas fueron fusilados tras juicios marciales sumarios.
Perón se refugiaría inicialmente en un barco paraguayo y posteriormente en Madrid. La proscripción del peronismo durante años, lejos de sepultar políticamente a su líder, lo convirtió en un mito.
La sociedad quedó dividida entre peronistas y no peronistas.
GOBIERNO RADICAL
La autollamada Revolución Libertadora que dio el golpe de Estado contra Perón, terminó convocando elecciones en 1963. Ante la prohibición al peronismo de presentarse a la contienda electoral, la Unión Cívica Radical, sin oposición, aupó en el poder a Arturo Umberto Illia, con sólo el 25% de los votos emitidos. Los votos en blanco (del peronismo) supusieron el 21,3% de los votos computados.
A pesar del aumento del PIB en un 7,8% (en 1965) y del índice de empleo (el desempleo bajó al 4,4% ese año), el peronismo hizo sentir rápidamente su fuerza a través de los sindicatos, que boicoteaban toda la acción del Gobierno, castigándolo con cotidianas huelgas generales, y dirigiendo una ola de sabotajes.
La ofensiva peronista no logró sin embargo solidificar su frente interno. Las huestes de poderosos burócratas sindicales peronistas, como Alonso y Vandor (asesinado en 1969), se enfrentaban a tiros, acudiendo cada sector por separado ante el exiliado Perón en busca de apoyo. El clima de inestabilidad social hizo que grandes empresarios industriales y poderosos ganaderos golpearan las puertas de los cuarteles en busca de un salvador que pusiera orden en el país. Otro golpe militar, esta vez llamado Revolución Argentina, encabezado por el comandante en jefe del Ejército, el general Juan Carlos Onganía y respaldado por EEUU, derrocó por las armas a Illia, implantando una dictadura que perduraría hasta 1973. La congelación salarial, la devaluación de la moneda en un 40%, la intervención de las universidades, medios de comunicación y sindicatos, fueron fuertemente contestadas.
EL 'CORDOBAZO'
En 1969 se produjo una insurrección popular espontánea, el Cordobazo, de grandes dimensiones y de inusitada violencia, en la provincia de Córdoba, a 800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, encabezada por estudiantes universitarios y obreros cualificados, que terminó aglutinando a decenas de miles de personas.
Barrios enteros de Córdoba quedaron en manos de los insurrectos, que hicieron frente durante días a fuertes contingentes del Ejército, choques que se saldaron con varios muertos y decenas de heridos. Sin embargo, la impotencia de los manifestantes ante la impresionante maquinaria de guerra del Ejército, que se reproduciría un año más tarde ante otro levantamiento similar, el Rosariazo, terminó traduciéndose en la aparición de organizaciones políticas de nuevo tipo, que rompían con los moldes de los partidos tradicionales. Así surgieron organizaciones político-militares tanto de origen guevarista -la principal de ellas el Ejército Revolucionario del Pueblo-, como aquellas que reivindicaban su pertenencia a la familia peronista -la más poderosa, Montoneros- y reconocían el liderazgo del caudillo (Perón), pero rechazaban a la cúpula del PJ y a la burocracia sindical enquistada en la CGT.
Jaqueada por una protesta callejera y en las universidades cada vez más extendida, una movilización sindical en la que comenzaban a desarrollarse por primera vez corrientes clasistas antiburocráticas, y un creciente accionar guerrillero, la dictadura optó por preparar sus maletas. El último jefe de la Junta Militar en el poder, el general Lanusse, propuso a los partidos políticos un Gran Acuerdo Nacional «contra la subversión apátrida», anunciando elecciones generales y el fin de la proscripción del Partido Justicialista.
EL RETORNO
Dirigentes de las distintas ramas del peronismo comenzaron a visitar con ritmo frenético al caudillo en Madrid, tratando de asegurarse su apoyo ante la nueva situación creada.
El viejo líder populista no dudó en palmear la espalda de todos los que lo visitaban, aunque en realidad los proyectos de unos y otros fueran opuestos.
Primero, tantearía a través de un testaferro político, Héctor Cámpora, el grado de aceptación electoral del peronismo. Cámpora, un dentista moderado del PJ, honesto, sin carisma, poco conocido por el electorado, al que Perón eligió para evitar la lucha entre los distintos jerifaltes peronistas, triunfó a la cabeza del Frejuli (Frente Justicialista de Liberación), en las elecciones del 11 de marzo de 1973, con casi el 50% de los votos emitidos. La euforia inicial en las filas peronistas y en muchos sectores antes opuestos a Perón, que creyeron ver en Cámpora la nueva cara progresista del justicialismo, se acabaría pronto. Los sectores más radicales del peronismo, Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que intentaban desbordar a la dirección del PJ por la izquierda, pasaron a controlar totalmente la Juventud Peronista (rama del PJ), sacando decenas de miles de personas a la calle, junto a fuerzas de la extrema izquierda.
Estos sectores promovieron y consiguieron -movilizando a cerca de un millón de personas el 25 de mayo de 1973 ante las puertas de la cárcel bonaerense de Villa Devoto- la liberación de todos los presos políticos, en ese momento unos 500. La situación se descontroló, los sectores radicales lograron pesar cada vez más en el frágil Gobierno del tío Cámpora. Perón decidió actuar, debía volver a Argentina para controlar la situación personalmente.
Tras la llegada de Perón a Argentina y la matanza de Ezeiza que tuvo lugar el mismo día de su retorno, Cámpora, presionado por la derecha peronista, que contaba con el apoyo abierto de Perón, presentó su dimisión.
En septiembre Perón volvía a triunfar en las urnas con el 62% de los votos. Inició su mandato el 12 de octubre de 1973, pero murió el 1 de julio de 1974. Fue sustituido en su cargo por su segunda esposa, Isabelita Martínez.
'ISABELITA' AL PODER
Sin contar con el margen de maniobra de Perón en los años 40 y 50, sin la fuerza y carisma de Evita, y con el peronismo cada vez más fragmentado, Isabelita representó la imagen patética, grotesca y cruel del peronismo.
Le bastaron pocos meses en el poder para desbaratar las delicadas componendas realizadas por Perón en el seno del partido y con la oposición.
El dúo Isabelita y López Rega -primero su asesor y luego ministro de Bienestar Social y hombre fuerte del régimen- potenció al sector más ultraderechista del justicialismo, trazándose como principal objetivo la aniquilación física de todos sus enemigos, internos y externos.
La hostilidad hacia la oposición y los medios de comunicación era asfixiante. La paramilitar Alianza Anticomunista Argentina (AAA), dirigida por López Rega y compuesta por militares, policías y matones sindicales, asesinó en menos de dos años, con total impunidad a plena luz del día, a más de 1.000 activistas juveniles, barriales, estudiantiles o sindicales, periodistas.
Montoneros mataba por su parte a burócratas sindicales y torturadores, y el ERP pasaba del asalto de comisarías a tomas de guarniciones militares y ejecuciones de altos oficiales.
Ante la impotencia de la represión legal y del terrorismo de Estado, para hacer frente a las movilizaciones obreras cada vez más radicales y al vertiginoso aumento del accionar guerrillero, Isabelita ordenó por decreto a las Fuerzas Armadas «aniquilar al enemigo subversivo».
Estas se adueñarían pronto de la situación y prepararían el golpe militar del 24 de marzo de 1976, con el que iniciarían el genocidio de 30.000 personas.
LA DECADA DE MENEM
El nefasto recuerdo del último Gobierno peronista, el de Isabelita, hizo que los argentinos, una vez recuperada la democracia tras siete años de terror, votaran masivamente en las urnas al candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Este, zarandeado por varias intentonas golpistas de los militares carapintadas, hostigado por el peronismo desde el Congreso y varias gobernaciones de provincia y por la burocracia sindical, y víctima de su propia ineptitud para salir de la grave crisis económica heredada, terminaría su mandato con una población mayoritariamente en contra.
Esta situación permitiría que, una vez más, los argentinos decidieran confiar en las promesas de otro peronista de típico corte populista: Carlos Saúl Menem. Este acudió a las urnas teniendo como candidato a vicepresidente a un caudillo bonaerense cuyo peso crecía día a día. Se trataba de Eduardo Duhalde, el actual presidente.
Menem no tuvo empacho en conjugar el tradicional discurso populista con una política ultraliberal y proamericana, que sólo consiguió agudizar aún más la crisis; descapitalizó el país, hundió su economía y elevó la deuda externa hasta límites extremos. Con Menem se generalizó la cultura de la corrupción no sólo en el ámbito de las grandes privatizaciones de empresas públicas, sino también en el mundo de la política, la Justicia, en la vida cotidiana.
Menem, sus familiares y amigos se vieron envueltos en escándalos de corrupción, en turbios negocios de drogas y tráfico ilegal de armas y en acciones gansteriles contra sus adversarios.
Por ello, el peronismo fue castigado duramente en las urnas en 1999, pero, a fines de 2001, tras el fracaso del Gobierno de Fernando de la Rúa, la rueda de la Historia hizo que, sin mediar elecciones, los peronistas volvieran al poder.
No es difícil entender los actuales cacerolazos. No resulta fácil confiar en que un barón como Duhalde, que ha estado inmerso durante años en las luchas internas y conspiraciones del peronismo, que se ha visto salpicado por sonados escándalos de corrupción durante sus ocho años como gobernador de la provincia de Buenos Aires -a la que dejó en bancarrota-, quiera y pueda desembarazarse de esa pesada historia, de ese anquilosado aparato partidario, de la influyente y corrupta burocracia sindical. En suma, de toda una forma de hacer política.
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La 'matanza de Ezeiza'
La gran fiesta popular con la que Perón esperaba que lo recibieran los argentinos el 20 de junio de 1973, al volver definitivamente a Argentina tras 18 años de exilio, terminó en un baño de sangre. Los sectores más radicales del peronismo, con la organización guerrillera Montoneros y sus distintas estructuras legales a la cabeza, lograron concentrar en el aeropuerto de Buenos Aires a cerca de un millón de personas. Con ello pretendían desbordar a la dirección peronista por la izquierda, seguros de que el general reconocería su peso y se pronunciaría a su favor. Sin embargo, la burocracia peronista no estaba dispuesta a perder terreno. Movilizó a cientos de hombres armados, muchos de ellos policías y militares en activo o retirados, que coparon el palco de recepción y puntos estratégicos del aeropuerto. Las columnas radicales fueron recibidas a tiros, muriendo al menos 13 personas y resultando heridas más de 200. Perón, que tuvo que aterrizar en otro aeropuerto, no sólo no pidió ninguna investigación de los hechos, sino que respaldó a los agresores.
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