jueves, 26 de junio de 2008

LA CRISIS ARGENTINA DE 2001-2002

Durante la segunda mitad del siglo XX la Argentina pasó por reiteradas crisis, aunque todas fueron de una naturaleza distinta a la que estalló a principios del siglo XXI.

Las crisis aparecían después de un período de expansión promovido por el aumento del gasto público financiado con emisión de dinero, que culminaban con una alta inflación, un importante déficit en el balance de pagos que -para equilibrarlo- requería ajustes con una devaluación seguida por una recesión. Esta crisis, por el contrario, estalló tras varios años de recesión y -algo inconcebible en el pasado- con una deflación de precios.

Las características deflacionarias dentro de un régimen de cambio fijo llevaron a muchos a recordar la crisis de los 30 y a advertir que las medidas ortodoxas de reducción de gasto y aumento de los impuestos eran contraindicadas y que se debía abandonar el cambio fijo (el patrón oro) y reflacionar, aumentando el gasto y la oferta monetarias para expandir la actividad económica.

Estas recomendaciones no tuvieron en cuenta cuán distintas eran las circunstancias en que se había salido de la deflación de los 30 con lo que estaba pasando en la Argentina a fines del siglo XX.

EL PERÍODO DE CRECIMIENTO: 1990-95

Tras un largo período de declinación (1974-89), en la década de los noventa , las reformas económicas y la convertibilidad produjeron una gran entrada de capitales, con lo que inició una sostenida recuperación y crecimiento. El crecimiento comenzó a desacelerarse hacia fines de 1994 (causado por preocupaciones ante el panorama político), lo que agravó la crisis mexicana de 1995 produ-ciendo una fuerte caída de depósitos. El gobierno mantuvo la decisión de continuar en ella (fue la primera crisis en la historia del país que no terminó con una devaluación) y pudo sortear la tormenta. Los depósitos volvieron, se aprovechó para introducir reformas que hicieron más solvente el sistema financiero y el crecimiento continuó.




LOS COMIENZOS DE LA RECESIÓN: LOS SHOCKS EXTERNOS

La crisis del sudeste asiático pero sobre todo la de Rusia y la de Brasil produjeron dos shocks. Uno fue la baja de los precios de las exportaciones y el otro la reversión de la tendencia internacional de capitales hacia los países emergentes con un alza de la tasa de interés que afectó el servicio de la deuda argentina.

No sólo ellos influyeron en el cambio de la tendencia de crecimiento. Existieron factores domésticos que incidieron en la inversión y en desacelerar el crecimiento. Aun siguiendo los criterios contables del gobierno (que no tomaban las emisiones de deuda como gastos) el Gobierno obtuvo superávit sólo en el año 1993. A partir de 1996 el déficit se fue aproximado a un 2 % del producto llegando en 1998 a 4,3 % y a mismo nivel el 2000. Pareciera que eso no era preocupante según los criterios de la Comunidad Europea (un 3% según el tratado de Maastricht), pero hay que tener en cuenta lo estrecho del mercado local de capitales y la fuerte incidencia de los flujos externos (aunque en ellos debe incluirse parte del ahorro doméstico en el exterior). Ese déficit sería mayor si se tomara como criterio las variaciones de la deuda.

La deuda pública que estaba en alrededor de los 60 mil millones de pesos al inicio de la década subió a unos 90 mil millones en 1994 y a unos 120 mil millones a fines de 1999, cuando concluyó su período Menem.

La expansión del primer quinquenio fue ayudada por las privatizaciones de empresas de servicios públicas donde entraron capitales extranjeros con aportes de nuevas tecnologías que bajaban costos y que pudieron obtener rentas en mercados monopólicos gracias a precios (tarifas) más elevados que los internacionales y con un costo de capital con tasas de interés internacionales. También, una enorme expansión del consumo tras más de una década de represión (ahorro en el exterior, fuga de capitales) que aumentó gracias a las posibilidades que dejaba en un marco de estabilidad monetaria las operaciones de compra a crédito. En el primer caso las oportunidades de beneficios extraordinarios para la inversión terminaron agotándose y en el del consumo la gente aprendió que con estabilidad monetaria los intereses empezaban a ser -ya que en términos nominales seguían relativamente altos mientras la inflación bajaba más que ellos- enormemente costosos. En la Argentina de la inflación todos se endeudaban porque llegaban los jubileos y se pagaba menos. Esa fiesta había terminado y la gente empezó a cuidar sus consumos.



LA RECESIÓN: LA TRAMPA FISCAL

Hacia fines de 1998 comenzó una larga recesión con características desconocidas. La caída de la actividad económica tuvo un efecto negativo en la recaudación fiscal que bajó de 46,2 mil millones de pesos a 55.7 mil millones en 1999 (disminución de la recaudación del IVA) lo que forzó a un intento poco exitoso de disminuir los gastos, ya que estos subieron de 57 mil millones el 98 a 60 mil millones en 1999. Esto llevó a aumentar el déficit de 0,8% del PBI en 1998 a 4,3% en 1999, lo que se tradujo en un aumento de la deuda que ya había alcanzado proporciones preocupantes. Debe señalarse que en los gastos incidían dos rubros sobre los que había poco control; el déficit del sistema oficial de seguridad social que, tras las reformas había quedado sin los aportes de los que pasaron a las administradoras privadas, y el pago de la deuda.

La nueva administración, que se iniciaba heredando una voluminosa deuda, quiso ganar confianza en los mercados internacionales para obtener más bajas tasas de interés. Para ello, como muestra de una conducta responsable, aumentó los impuestos. Con ello abortó una muy ligera recuperación que parecía advertirse al inicio de su gestión. Los aumentos de impuestos disminuyeron el ingreso disponible y el consumo acentuando la recesión que se tradujo en menor actividad y menor recaudación.

La administración de la Rua continuó todo el 2000 y los primeros meses del 2001 en agónicos intentos por mejorar la situación fiscal, buscando apoyo externo para pasar a más largo plazo los vencimientos de las deudas. En marzo, con la continua caída de la actividad y su consecuencia en la recaudación, renunció el ministro Machinea. Fue designado para reemplazarlo Ricardo Lopez Murphy con propuestas de ajuste fiscal que desataron la airada oposición en varios miembros de la alianza gobernante, que presentaron sus renuncias. El presidente decidió, en cambio, aceptar la del ministro de economía cuyo plan abortó.

Volvió entonces el ministro de la convertibilidad, Cavallo, con propuestas más del estilo keynesiano, aunque por las condiciones que vivía la Argentina extremadamente limitadas. Buscó mejorar la competitividad, dando subsidios, ventajas fiscales y expandiendo la oferta monetaria bajando los encajes, lo que lo enfrentó al presidente el Banco Central a quien finalmente se lo separó de su cargo (violando la independencia del Banco). Finalmente tuvo la audacia de iniciar un camino hacia la salida de la convertibilidad estableciendo que , cuando la cotización del euro alcanzara al dólar, la convertibilidad del peso se haría teniendo en cuenta ambas monedas. Esto produjo el efecto inverso: aumentó la desconfianza afectando la visión que los acreedores tenían del riesgo argentino (medida por la cotización de sus títulos). El riesgo país se convirtió en el termómetro de la visión de los mercados de capitales de los que dependía el gobierno para renovar su deuda.

Cuando hacia septiembre, abandonado por el Fondo que insistía en la salida de la convertibilidad y la nueva administración norteamericana -que entendía que los acreedores debían participar en las pérdidas de financiamientos irresponsables- el gobierno ya no obtuvo crédito y comenzó el deslizamiento hacia la crisis final. Se forzó a los bancos a reprogramar la deuda que se les había colocado, reemplazando títulos de corto plazo con otros a largo, esperando bajar sus servicios y lograr un arreglo similar con el resto de los acreedores en el exterior. En diciembre, ante la evidencia de que el sistema bancario tenía en sus activos bonos del estado difícilmente cobrables, se inició una corrida contra los bancos que Cavallo detuvo impidiendo los retiros en efectivo (corralito), con lo que no se los podía convertir en dólares billete. Esto desató la airada respuesta del público (que podía disponer, sin embargo, de sus depósitos pagando con tarjetas bancarias de débito) manifestaciones en las calles (cacerolazos) y aprovechando el mal humor del público tuvo lugar una operación orquestada por los caudillos justicialistas del Gran Buenos Aires con apoyo del radicalismo bonaerense (que supuestamente estaba en el gobierno) y que concluyó en una pueblada en la Plaza de Mayo que exigió la renuncia del presidente bajo la amenaza de iniciarle juicio político. Así, en medio de la crisis, concluyó la gestión De la Rua.





LA ADMINISTRACIÓN JUSTICIALISTA: EL DEFAUT Y LA DEVALUACIÓN

En una gestión muy breve el presidente Rodríguez Saa, designado por el Congreso, anunció que el gobierno dejaría de pagar sus obligaciones financieras. La Argentina comenzó el siglo con un default que no había conocido durante todo el siglo XX. Las desavenencias internas forzaron a los pocos días su renuncia y el Congreso designó en su reemplazo al ex gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.

Este inició su gestión con una ley de emergencia económica que decidió al abandono de la convertibilidad con nuevos y disimiles tipos de cambio a los que se convertirían los créditos y depósitos en los bancos y todas las obligaciones públicas y privadas. Mientras los créditos se pesificaban, pasando a pesos a una relación uno a uno con el dólar, los depósitos se convertían a un peso con cuarenta centavos por un dólar, creando una asimétrica relación entre activos y pasivos de los bancos. Todas las obligaciones en dólares pasaban a pesos al tipo de uno a uno. Se violaban así los contratos y los derechos de propiedad,

La inicial pretensión del gobierno de mantener un cambio fijo chocó con la oposición del Fondo, por lo que decidió entonces la flotación que llevó a una fuerte corrida contra el peso (lo que Keynes llamó huída del dinero) que hizo subir rápidamente el precio de la divisa a más del doble. Los depositantes perjudicados recurrieron a la justicia que, en muchos casos, ordenó a los bancos pagar las obligaciones en dólares en la misma moneda, por lo que el Banco Central dio redescuentos a los bancos comerciales para que pudieran pagar en pesos al tipo de cambio de mercado libre los depósitos que luego -huyendo del dinero local- se convertían en dólares. Así se advirtió que las recetas de los 30 eran inaplicabales en un país sin solvencia fiscal y con una reciente experiencia hiperinflacionaria. A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos después de la devaluación de 1933 o en la misma Argentina en la década de 1930, donde era muy elevada la demanda de dinero y las tasas de interés eran muy bajas, en la Argentina del 2002 la demanda de dinero había caído y todo el mundo quería sustituir pesos por dólares. Al gobierno no le quedaba la emisión como instrumento de la expansión económica. Esto es también lo que había pasado en Alemania durante la crisis de 1930 por las misma consecuencias de la memoria hiperinflacionaria sobre la demanda de dinero. Lo que los recomendaron la salida de la convertibilidad para expandir la economía olvidaron que esa solución fue posible en un marco de estabilidad y solvencia fiscal que aquí faltó.

Los precios subieron como consecuencia de la devaluación y cayeron los salarios reales, lo que permitió una baja del gasto público. La situación de Caja mejoró porque no se pagaron las deudas

El gobierno, que creyó que saliendo de la convertibilidad tendría el apoyo de los organismos internacionales, se encontró con que el Fondo, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, modificando una posición anterior (la que tuvo en los casos de México y de los países del sudeste asiático), considerando que no se trataba en este caso de una crisis sistémica del sistema financiero internacional, tomó a la Argentina como un caso ejemplar, para mostrar que había que penalizar comportamientos irresponsables.

El dólar llegó a casi cuatro pesos y se estuvo al borde de la hiperinflación. Luego, cambió la conducción económica. Se controló la emisión monetaria y el gasto fiscal, lo que descartó la alternativa que muchos esperaban de impulsar una fuerte expansión de la economía con gasto público financiado con emisión. Se establecieron nuevos impuesto a las exportaciones, el Banco Central redujo los redescuentos y se morigeró la caída de la demanda de dinero.

Con los nuevos planes para asistir desocupados que abarcaron a 2 millones de personas y la movilización del aparato político bonaerense del justicialismo la situación sociopolítica comenzó a calmarse. Sin tomar en cuenta las variaciones de la deuda, el gobierno logró un superávit de caja, y se estabilizó el cambio.




LOS PROBLEMAS PRÓXIMOS

La cotización del dólar bajó. En los últimos meses han aumentado los depósitos, sigue la recuperación y las estimaciones del crecimiento son más op-timistas. ¿Se terminó la crisis?, ¿estamos en un camino de recuperación y crecimiento?

Quedan problemas pendientes y esta crisis no terminó de liquidarse.

Aunque con la devaluación el gasto corriente real bajó, las cuentas públicas no están saneadas porque la deuda no disminuyó, sino que aumentó. No sólo por las obligaciones ya reconocidas por perjuicios que causaron las decisiones del gobierno, sino por los pasivos que eventualmente aparezcan por las mismas causas. Además la devaluación hizo aumentar la deuda en la unidad de cuenta en que el gobierno cobra sus impuestos, el peso. Habrá que llegar a un acuerdo de pagos a muy largo plazo para sanear las finanzas y asegurar un estado solvente. Pero para llegar a esos acuerdos se deberá, al mismo tiempo, ejecutar superávit fiscales (no encubriendo gastos con emisión de deuda) para poder cumplir con los compromisos que se asuman. No será simple, porque las medidas a adoptar provocarán resistencias en quienes quieren seguir recibiendo beneficios del estado y los que quieren que no se aumenten los impuestos. Muchas sociedades en el siglo XX han pasado por conflictos distributivos, pero probablemente ninguna tuvo la reiteración y profundidad de los que ha experimentado la Argentina con sus repetidas devaluaciones. Con la devaluación también perdieron los asalariados, empleados públicos y privados que vieron disminuir catastróficamente sus remuneraciones en términos de su poder de compra. Con ello aumentó la población bajo el nivel de pobreza.

A pesar de este panorama tan difícil, si se transita un camino de solvencia fiscal (lo que quiere decir que no habrá que temer a futuras expropiaciones) puede que el mercado descuente la confianza y vuelvan el ahorro y la inversión, condiciones para el crecimiento. Sólo cuando la gente esté convencida de que podrá gozar sin temores del producto de su trabajo realizará mayores esfuerzos, ahorrará e invertirá en emprendimientos, viejos o nuevos, dando mayores oportunidades de trabajo, aumentando el producto y con ello los salarios y las condiciones de vida de la gente.

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